El 5 de febrero es clave en las primarias. Hasta 22 estados votan mañana y en teoría es la oportunidad para despegarse y acariciar la nominación a las elecciones presidenciales. En la práctica, hay mucha competencia. Las encuestas muestran a John McCain adelantado y a los demócratas empatados.
Las invitaciones están cursadas y avisados los hoteles de Madrid, que tendrán que acoger a finales de mes a los 1.300 principales ejecutivos de Telefónica en todo el mundo. La cita es con el presidente, César Alierta, que les explicará de primera mano los últimos cambios en la cúpula de la operadora, los retos para este año y los resultados récord de 2007.
La compañía farmacéutica confía en que la Bilastina, un fármaco para determinadas alergias y que se encuentra en su fase final antes de empezar su comercialización, elevará considerablemente los ingresos del grupo en los próximos años.
Eolia Renovables ha firmado un crédito de más de 109 millones de euros para financiar dos nuevos parques eólicos en Soria. La empresa ya recabó 262 millones el pasado diciembre para construir otras cinco plantas.
El Gobierno es responsable de no haber sabido adoptar las medidas oportunas para aminorar los efectos de la desaceleración y de disfrazar lo delicado de la situación, asegura el autor. Por su parte, la oposición debería, según opina, afinar más sus análisis y no intentar catequizar con recetas poco meditadas
La dispersión normativa que existe en España provoca que situaciones idénticas tengan no ya tratamientos fiscales diferentes, sino antagónicos. En la mitad de comunidades autónomas resulta ya más barato fiscalmente para un joven recibir de sus padres una vivienda que comprarla él a sus progenitores. En la otra mitad sucede justo lo contrario.
La CEOE y la Asociación Española de Normalización y Certificación (Aenor) pidieron la semana pasada que la aplicación de políticas de responsabilidad social en las empresas fuera de carácter libre y voluntario. La petición hace referencia a la inmediata aprobación del real decreto que creará el Consejo Estatal de Responsabilidad de las Empresas, por el que el Gobierno y los actores sociales evaluarán a las compañías.