La auditoría, una inversión rentable
El papel de los departamentos de auditoría interna ha ido adquiriendo mayor protagonismo con la extensión de las prácticas de buen gobierno en las empresas, subrayan los autores. En su opinión, dedicar tiempo y recursos a esta función es una inversión rentable
En los últimos años, las prácticas de buen gobierno corporativo han estado en el ojo del huracán y la búsqueda de la transparencia se ha convertido en una cruzada para las autoridades reguladoras. La preocupación por recuperar la confianza de los inversores, dañada por la crisis de algunas empresas (los manidos casos de Enron, Tyco o Parmalat), impulsó la redacción de distintos códigos de buen gobierno. Todos ellos se diferencian en algunos matices, pero comparten su finalidad última: proteger los intereses de los accionistas minoritarios, así como los de otros grupos involucrados en la marcha de la empresa (clientes, proveedores, empleados, etcétera).
En este contexto, han adquirido especial protagonismo las comisiones ejecutiva y de supervisión nombradas por el consejo de administración. Entre estas últimas, cabe destacar el papel crucial de la comisión de auditoría, cuyas funciones han evolucionado desde el control a la identificación y gestión de los riesgos corporativos.
En España, tanto el Código Olivencia (1998) como el Informe Aldama (2003) han atribuido a la comisión de auditoría el papel de interlocutor de excepción entre el consejo de administración, el departamento de auditoría interna y los auditores externos. Entre sus funciones destacan la de evaluar los sistemas contables y de información financiera, velar por la independencia del auditor externo y revisar los sistemas de control interno. Más recientemente, el Código Unificado, también conocido como Código Conthe (2006), ha otorgado mayores atribuciones a la comisión de auditoría, que ha pasado a supervisar y gestionar los riesgos a los que se enfrenta la empresa. Para ello, ha de identificarlos, cuantificar su probabilidad de ocurrencia y diseñar los pertinentes sistemas de control. Por otro lado, el código también prevé la creación de un sistema que permita a los empleados comunicar, de forma anónima o confidencial, cualquier irregularidad que adviertan en las operaciones y/o en la gestión de la compañía (el caso Enron saltó precisamente por esta causa). Este principio, que se incorpora como una novedad, obedece a una recomendación de la Comisión Europea, inspirada en la experiencia de EE UU, Reino Unido y otros países cuyas compañías tienen establecidos cauces internos para que sus empleados puedan denunciar irregularidades -el llamado whistleblowing-.
Credibilidad y confianza son activos intangibles que pueden generar claros beneficios tangibles
La idea subyacente tras este desarrollo se corresponde con el viejo aforismo: prevenir vale más que curar. Las empresas han tomado buena nota, reforzando el papel de la comisión de auditoría, a la vez que han aumentado las funciones y responsabilidades del departamento de auditoría interna. De hecho, esta función ha ganado protagonismo en las organizaciones empresariales a medida que las prácticas de buen gobierno se han ido extendiendo en las mismas. Hasta hace poco, las unidades de negocio eran las creadoras de valor y las que recibían elogios y cobraban incentivos por los resultados que conseguían para los accionistas. La función de auditoría desempeñaba, bajo este enfoque, un rol más bien discreto, ocupándose del control interno, pero sin alinear su trabajo con los objetivos últimos de la compañía.
No obstante, cuando el entorno se vuelve más complejo, la incertidumbre aumenta y el fantasma de los riesgos reaparece, surge en las organizaciones la necesidad tanto de fortalecer el control como de anticipar los problemas y transmitir al mercado una imagen de transparencia, credibilidad y eficacia. En estas condiciones, la auditoría interna añade a sus funciones de apoyo una participación activa en la creación de valor.
Asimismo, según la concepción moderna de la empresa, ésta es responsable por aportar valor económico y social. En este sentido, tanto la actividad empresarial como el modelo de negocio deben contemplar los intereses de los shareholders y de los stakeholders, esto es, de todas aquellas personas o grupos que pueden influir en la marcha de la empresa -empleados, clientes, proveedores, medios de comunicación, ONG, agencias reguladoras, competidores, etcétera- o cuyos intereses pueden ser afectados por la misma -grupos ecologistas, asociaciones comerciales, grupos de presión y el Gobierno, entre otros-. Esta orientación más amplia garantiza, a largo plazo, el crecimiento empresarial sostenible y no oportunista.
La creciente atención que ha acaparado el gobierno corporativo y este nuevo concepto de empresa actúan como catalizadores de un proceso que no ha hecho más que comenzar y que supone nuevos retos para el departamento de auditoría interna. En términos de posicionamiento, éste se ha acercado al consejo de administración, a través de su interacción con la comisión de auditoría, que es quien le supervisa. Respecto a sus funciones, el auditor interno ha de identificar los riesgos críticos del negocio y controlarlos. Además, puede estar involucrado en temas propios de responsabilidad social corporativa, políticas de conducta, etcétera. Todo ello le convierte en una palanca de creación de valor para la empresa.
Cualquier compañía que desee mantener su ventaja competitiva en el mercado en el que opera ha de contar con una función de auditoría que asegure el mantenimiento de los mejores estándares y prácticas de gestión. Credibilidad y confianza son activos intangibles que pueden generar claros beneficios tangibles. Hoy, dedicar tiempo y recursos a la función de auditoría es una inversión rentable.
Altina Sebastián González / Sergio R. Torassa Socios de Diagnóstico & Soluciones