15 de mayo de 2006

Repsol YPF y Total han vinculado su permanencia en Bolivia a las negociaciones que mantendrán con el Gobierno de Evo Morales, quien ayer aseguró ante el Parlamento europeo que 'no se expulsa y expropia' a ninguna compañía y abogó por que éstas sean 'socias, no dueñas' de los recursos naturales.

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Las nuevas tendencias publicitarias se fijan en el móvil como medio de difusión de anuncios. Pero, para llegar a la mano del consumidor, las estrategias apuntan más a acertar con los gustos personales del cliente y a darle valor añadido a los spots.

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Los cinco grandes del sector bancario español -Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid y Popular- aumentaron sus ingresos por comisiones un 21,7% en el primer trimestre del año, hasta los 3.547 millones de euros. Con este impulso, cubren ya el 68% de sus gastos. Esta tasa de cobertura es mucho mayor en los bancos que en las cajas.

El primer asalto al mercado europeo de Agbar da sus frutos. La compañía participada por Suez y La Caixa comunicó ayer que ya controla el 84,7% de la británica Bristol Water, sobre la que lanzó una opa amistosa el pasado abril. Agbar ha iniciado los trámites para excluirla de Bolsa en junio.

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Grifols, el fabricante catalán de hemoderivados, debuta mañana en la Bolsa de Barcelona a 4,4 euros por título. Este precio se encuentra en la parte alta de la banda orientativa de precios que aparece en el folleto y valora la compañía en 937,48 millones de euros.

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Ferrovial reiteró ayer su compromiso para 'el desarrollo a largo plazo de los aeropuertos de BAA', el gestor de los aeropuertos sobre el que ha lanzado una opa, en respuesta a un comunicado del regulador británico en el que advirtió ayer de que cualquier comprador deberá acometer fuertes inversiones.

Las empresas europeas que participan en el mercado de emisiones consumieron en 2005, según los datos publicados ayer por la Comisión Europea, 1.785 millones de toneladas de CO2, 44 millones menos que las asignadas gratuitamente por sus respectivos Gobiernos. El superávit ha provocado el colapso del precio de los derechos contaminantes y ha puesto en peligro la credibilidad de uno de los mecanismos para cumplir el Protocolo de Kioto.

La reforma de la actual ley estatal de suelo está suscitando más debate del previsto entre los Ministerios de Vivienda y Economía. Ambos departamentos mantienen diferentes criterios sobre cómo ha de modificarse la norma para lograr un abaratamiento efectivo de los terrenos, sin que afecte a la actividad constructora y al crecimiento económico. Discrepan también sobre qué cantidad de suelo debe destinarse a vivienda de protección oficial.

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