El Gobierno refuerza con un satélite la vigilancia sobre inmigrantes irregulares
El Gobierno reforzará con un servicio de satélites la vigilancia sobre los inmigrantes irregulares que tienen intención de llegar a Canarias a través de embarcaciones sin permiso. El Ejecutivo español reforzará también la seguridad marítima en la zona y endurecerá la ofensiva diplomática con los países de origen de la inmigración, con la ayuda de las autoridades de Bruselas.
La situación insostenible vivida este fin de semana en el archipiélago canario adonde llegaron un millar de inmigrantes subsaharianos en poco más de dos días, ha servido para que el Gobierno central refuerce las medidas de control sobre la inmigración irregular.
Tras más de tres horas de reunión de urgencia, mantenida ayer en La Moncloa por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y los titulares de Interior y Trabajo, Alfredo Pérez Rubalcaba y Jesús Caldera, el Gobierno ha decidido acelerar varias de las medidas que tenía pendientes desarrollar en las próximas semanas.
Dentro de un plan de seguridad y control, el Ejecutivo contratará los servicios de un satélite para mejorar el seguimiento de los cientos de inmigrantes irregulares que salen a diario de los países subsaharianos rumbo a Canarias. Se ampliará también el número de aviones de reconocimiento que operan en la zona y se ha diseñado un dispositivo naval de vigilancia que estará operativo a lo largo de esta semana, según De la Vega. Asimismo, se ampliará el número de oficiales de enlace con las autoridades africanas. Se están negociando acuerdos en materia de seguridad con Mali, Senegal, Nigeria y Ghana para reforzar la lucha contra las mafias, que trafican con seres humanos.
España endurecerá la iniciativa diplomática en los países de origen
Embajada en Mali
El Consejo de Ministros aprobará este viernes la próxima creación de una embajada en Mali para llevar a cabo estos asuntos. De momento se van a desplazar a la zona diez diplomáticos para entablar contactos con los países de los que parte la inmigración. Mientras tanto, se reforzarán las unidades de la Guardia Civil y la Cruz Roja en las islas, en clara referencia a las críticas vertidas por el Ejecutivo canario en los últimos días sobre la falta de implicación del Gobierno central en la crisis migratoria.
Se reforzarán también los programas de repatriación de inmigrantes irregulares a sus países de origen, según indicó ayer De la Vega.
La ofensiva diplomática tiene sus ramificaciones en Bruselas. La UE va a pedir que los países subsaharianos se hagan 'corresponsables' del control de la inmigración irregular, según anunció ayer el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. El titular de Exteriores presentó ayer a sus colegas de la UE la situación que vive Canarias, de llegada masiva de indocumentados.
Bruselas interviene
Moratinos indicó que en la UE hay una 'nueva actitud', que se traduce en 'pedir políticamente' a los países implicados que se hagan responsables también de la gestión de los flujos migratorios. A cambio, los países africanos recibirán nuevos fondos europeos de asistencia para poder controlar y gestionar la inmigración de sus ciudadanos. También está pendiente la puesta en marcha del fondo extraordinario de la Comisión Europea (dos millones de euros) para tareas como patrullas conjuntas y cooperación fronteriza.
Moratinos considera 'esencial' que la conferencia euroafricana de Rabat del 11 y 12 de julio 'sea un gran éxito', porque ahí se fijarán los compromisos y políticas de todos los participantes.
Al otro lado del Océano Atlántico, Estados Unidos se está planteando también un mayor control sobre la inmigración. Cada vez más impopular en las encuestas y en su propio partido, Bush intenta aunar con este mensaje a los republicanos que están divididos a la hora de afrontar la reforma de la ley de inmigración, informa Ana Nieto. Una parte de ellos está con él y apoya una reforma de la ley que, además, de vigilancia añada un camino a la regularización de los que ya están en el país, pero otra parte, la base más conservadora, sólo quiere medidas duras policiales y la criminalización de los inmigrantes irregulares (12 millones). Es lo único que se recoge en la propuesta de ley de la Cámara de los Representantes. El Senado estudia otra propuesta con opción a regularización que aún no ha sido aprobada. Tendría que ser consensuada con la otra cámara, algo que es difícil.