La Unión de Confederaciones Industriales y Empresariales de Europa (Unice) ha reaccionado con contundencia a la decisión de la Comisión Europea de crear un nuevo registro comunitario para controlar el uso de al menos un 3% de los productos químicos que hay en el mercado. Unice ha convencido, de hecho, a la Comisión para que revise la evaluación del impacto de costes que el nuevo registro (conocido por sus siglas en inglés, Reach) supondrá para la industria. En España, el sector acelera la congregación de foros para exponer sus iniciativas de mejora ambiental.
La Organización Europea de Consumidores (BEUC) y los grupos ecologistas EEB, Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF acusan a la Comisión Europea (CE) de ceder a las presiones de la industria química para rebajar las exigencias de su propuesta de reglamento para el registro, evaluación y autorización de productos químicos (Reach, según sus siglas en inglés). La Comisión ha recibido 6.000 alegaciones desde mayo, entre las que destacan las de los Gobiernos de Alemania, Francia y Reino Unido.
La preocupación por el aumento de las alergias y la protección del medio ambiente ha llevado a la Comisión Europea a revisar el reglamento europeo para el registro de sustancias y preparados químicos. El Ejecutivo de Bruselas calcula que adaptarse a los nuevos requisitos costará a la industria unos 30.000 millones de euros, de los que 2.400 millones corresponderían a España, el equivalente a su participación del 8% en la producción europea. Pero el sector cree que esta cifra podría quedarse corta.
Las multinacionales de la petroquímica de Tarragona han rechazado el plan de reordenación de la zona, que equilibrará industria y turismo. Basf y Bayer ya se han manifestado en contra del recorte de terrenos de uso industrial. El vicepresidente de Bayer Hispania, Francisco Belil, sentenció ayer que si el plan director se aprueba, supondrá el cierre del principal polo petroquímico del sur de Europa y la pérdida de 30.000 empleos.
A poco más de dos semanas para que finalice el año, los principales sectores económicos trabajan ya en la elaboración de las previsiones para el próximo ejercicio.
La industria química europea y varios Gobiernos europeos, encabezados por Alemania, presionan a la Comisión Europea para que suavice una severa regulación de la producción y uso de unas 30.000 sustancias. El nuevo reglamento, que mañana martes empiezan a discutir los Quince, supondrá costes para las empresas de entre 2.100 y 20.000 millones de euros y amenaza con inducir a que se desvíe producción a terceros países menos exigentes.
Los efectos del Lipobay todavía pueden dañar a Bayer. La compañía farmacéutica alemana debe afrontar unas 2.000 demandas en todo el mundo tras la retirada, hace ahora un año, de su fármaco anticolesterol, también conocido en otros países como Baicol.
El Gobierno ve posible rebajar la previsión de crecimiento de la economía española para 2002 (ahora en el 2,9%) si antes lo hace la Comisión Europea. El ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró ayer que si se recorta el crecimiento será preservando la estabilidad presupuestaria para 2002.
Algunas patronales de la CEOE han pedido a la organización empresarial que preside José María Cuevas que medie ante el Gobierno para poner freno a los altos incrementos que están aplicando las compañías eléctricas en los contratos que mantienen sus clientes cualificados, aquellos que pueden negociar libremente el precio de su factura.
Bayer Hispania ha centrado su plan para captar inversiones de la casa matriz alemana para el polígono petroquímico de Tarragona en aumentar la producción en el subsector de los polímeros y química básica. Estos aditivos sirven para la posterior producción de plásticos técnicos.
