Los consumidores acusan a la CE de relajar la norma de registro químico
La Organización Europea de Consumidores (BEUC) y los grupos ecologistas EEB, Amigos de la Tierra, Greenpeace y WWF acusan a la Comisión Europea (CE) de ceder a las presiones de la industria química para rebajar las exigencias de su propuesta de reglamento para el registro, evaluación y autorización de productos químicos (Reach, según sus siglas en inglés). La Comisión ha recibido 6.000 alegaciones desde mayo, entre las que destacan las de los Gobiernos de Alemania, Francia y Reino Unido.
Este mes concluye el periodo de consulta pública de la propuesta de Reach, que, en principio, plantea controlar la comercialización y utilización de todos los productos químicos que se produzcan en volúmenes superiores a una tonelada. Así que, frente a las 130 sustancias básicas bajo control comunitario, el Reach abarcaría más de 30.000.
Ello 'podría afectar a entre 150.000 y 160.000 productos en el mercado', afirma Francisco Pérez García, director de asuntos técnicos de la patronal química española, Feique. Entre ellos, 70.000 polímeros, junto con detergentes y lejías.
Pero la Organización Europea de Consumidores (BEUC) se ha unido a las críticas contra la Comisión Europea de los principales grupos ecologistas, que afirman que circulan consultas internas en las que se entrevé su disposición a relajar estas exigencias. Denuncian que la CE piensa excluir la exigencia de registrar el uso y aplicación de los productos químicos que se consumen en la mayoría de las empresas industriales. Además, se reducirían los requisitos de información y ensayos para aquellas sustancias que se produzcan en cantidades inferiores a 10 toneladas.
La patronal química europea, Cefic, solicitó en julio a la Comisión revisar el texto, que tachó de 'impracticable', ya que amenazaría la competitividad de la industria. Según cálculos de la CE, la industria europea afrontaría el 'riesgo' de que desaparecieran del mercado el 12% de los productos, así como costes directos e indirectos de entre 26.000 millones y 32.000 millones de euros. A España le correspondería 'teóricamente, un 8%' de este importe, señala Pérez.
La organización ecologista WWF denuncia ahora que a las presiones de la industria se han sumado el presidente francés, Jacques Chirac; el canciller alemán, Gerhard Schröder, y el primer ministro británico, Tony Blair. Los tres, afirma WWF, se han dirigido por escrito a la Comisión para pedir 'cambios sustanciales' en el texto.
Stefan Scheuer, portavoz de EEB, hace la siguiente reflexión: 'Un estudio interno de la Comisión cifra en más de 54.000 millones de euros el ahorro que la norma tendría para la salud de los trabajadores, que para la sociedad en general se elevan a 260.000 millones. El coste directo (de registrar las 30.000 sustancias básicas) es muy pequeño en comparación: 1.000 millones, lo que supone el 0,1% de la facturación de la industria'.