El aviso de las químicas
La industria química, la segunda más importante de la Unión Europea, expresa su rotunda oposición a los planes de Bruselas de imponer severas regulaciones sobre unas 30.000 sustancias, todas aquellas que se producen en cantidades superiores a una tonelada al año. El objetivo, que todas las partes declaran compartir, es evitar riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Sin embargo, los mecanismos elegidos han generado controversia y arrecia la presión empresarial y gubernamental sobre Bruselas para que suavice sus exigencias. Según los planes que empezarán a debatir esta semana los ministros de los Quince, en los próximos 11 años todas las empresas tendrán que someter sus productos más vendidos a un costoso y complejo mecanismo de registro y aprobación, cuya factura se calcula entre un mínimo de 2.100 millones de euros, según Bruselas, y un máximo de 20.000 millones, según los productores.
La patronal española del sector, Feique, considera que ese coste no es asumible para las pequeñas y medianas empresas, un 90% de las existentes. Un efecto indeseado de la nueva norma sería que la producción de ciertos elementos se desvíe a otros países con requisitos menos estrictos. Sería difícil para las autoridades evitar que esa producción que huye de las reglas europeas vuelva al continente en productos terminados. Los sindicatos comparten ese temor y advierten que no debe permitirse que las importaciones estén sometidas a normas más laxas que los productos de la UE.
Bruselas replica que existe una relación demostrada entre las sustancias empleadas en procesos industriales y enfermedades como el cáncer y las alergias, que tienen un enorme coste en vidas y en dinero. La Comisión Europea no quiere abandonar una política rigurosa en materia ambiental y de consumo, a pesar de que la ruptura de los acuerdos de Kioto por la Administración Bush deja claro que la estrategia será menos responsable por parte de la primera potencia mundial, por no citar el atractivo que pueden ofrecer países en desarrollo con mínimas regulaciones.
La industria no debe ahorrar esfuerzos para dar a la sociedad las garantías de seguridad que se le piden, aunque Bruselas tampoco puede ser insensible a las repercusiones económicas y sociales de las normas que impone a un sector que factura más de medio billón de euros y da empleo a cuatro millones de europeos. Todo indica que en la Comisión han pesado más los expertos en ecología que los económicos, hasta el extremo de que la norma puede poner en peligro la viabilidad de quienes deben cumplirla. Es significativo que el Gobierno rojiverde alemán lidere la resistencia de varios países, incluida España, al proyecto.
La previsión de una fuga generalizada del sector químico puede ser exagerada. Pero unos requisitos inadecuados, por su complejidad o por un desmesurado precio, pueden ser enemigos de un desarrollo sostenible como el que se quiere propiciar.