El sector químico advierte que las normas de la UE lo forzarán a producir fuera
Las empresas del sector químico se sienten amenazadas por el reglamento que prepara la UE y que introduce nuevos requisitos de registros y autorización para todas las sustancias que se producen en un volumen superior a una tonelada anual por empresa, que son unos 30.000 elementos de los 100.000 que se emplean actualmente.
'Van a poner al sector en una situación que lleve a la pérdida de competitividad, la deslocalización de instalaciones y la pérdida de empleo', advierte Juan José Nava, vicepresidente y secretario general de la patronal química española Feique.
La iniciativa de Bruselas responde al Libro Blanco de la industria química presentado en febrero del año pasado, y que persigue proteger la salud humana y el medio ambiente. El desarrollo de la norma centralizará en la Oficina Europea de Sustancias Químicas el registro, evaluación y autorización de todas las sustancias y preparados que existen en el mercado, un proceso que tardará 11 años e implica unos costes millonarios que, como consta en el libro, 'deberá costear la industria química'.
Bruselas estima el coste para las empresas en 2.100 millones de euros, a razón de 200 millones anuales durante los próximos 11 años. Pero esa cifra parece optimista, a la luz del estudio encargado por la Comisión a la firma sueca Risk & Policy Analysts. Este gabinete de expertos calcula una factura de 3.700 millones, 'aunque podría llegar a ser mucho más'. El estudio advierte también que el nuevo sistema 'puede tener un impacto significativo en las empresas más pequeñas y en la disponibilidad de sustancias químicas para el usuario final'.
Las empresas señalan que el impacto real de las reglas puede estar muy por encima de esos números, hasta un máximo de 20.000 millones de euros. Los costes de los ensayos de cada producto se multiplicarían seis o siete veces, según calcula la patronal.
Para el vicepresidente de Feique, el aumento de costes afecta a toda la cadena productiva, desde la materia prima al artículo terminado, y es inasumible para las pequeñas y medianas empresas, que suponen un 90% del sector. 'Una multinacional tiene recursos para defenderse y puede llevarse la producción de ciertas sustancias a EE UU, Japón o el norte de África, pero para las pymes se pone en peligro su supervivencia', explica Nava.
Un efecto indeseado puede ser, según la patronal, que determinados productos se fabriquen fuera de la UE para luego ser importados. Ni Estados Unidos ni Japón tienen normas similares, menos aún países emergentes o en desarrollo. Y será difícil, dadas las reglas mundiales del comercio, evitar que la producción de esos lugares acabe vendiéndose en Europa.
El proyecto de Bruselas también recibe críticas desde los sindicatos. 'Existe un riesgo real de deterioro de la competitividad de la industria europea, lo que podría tener consecuencias sobre la seguridad de los empleos', opina Paquita Sánchez Chinarro, secretaria general de FIA-UGT. 'Las sustancias producidas en Europa no deben tener desventajas respecto a las importaciones', añade.
La CE no espera adoptar antes de la primavera de 2003 sus propuestas legislativas, pero ya está sufriendo presiones gubernamentales para que modere el impacto económico de las normas.
Alemania encabeza el grupo de presión, del que forman parte España, Francia, Italia y Reino Unido, que desea suavizar la nueva normativa. El canciller alemán, Gerhard Schröder, ha expresado al presidente de la Comisión, Romano Prodi, la especial inquietud de la industria química alemana hacia la iniciativa comunitaria.
Estados Unidos también ha transmitido su disgusto ante la posible repercusión de la legislación comunitaria en las multinacionales químicas que operan en Europa.
Costes para la salud
La Comisión asegura que cualquier coste se verá compensado por los beneficios medioambientales y, sobre todo, para la salud humana. Bruselas recuerda que la factura sanitaria de las alergias, muchas de ellas provocadas o agravadas por determinadas sustancias químicas, se eleva a 29.000 millones de euros anuales en Europa.
Alemania y su grupo de apoyo pueden aprovechar el Consejo de Ministros de la UE sobre competitividad que se celebra mañana martes en Bruselas para expresar a la Comisión sus inquietudes. Se trata, según indican fuentes diplomáticas, de equilibrar con criterios económicos y sociales unas propuestas marcadas ahora por un sesgo ecologista. De hecho, la Comisión adelantará su conjunto legislativo a los ministros de Medio Ambiente en el consejo del próximo diciembre
Los países más afectados intentarán que la Comisión eleve los umbrales que determinan la obligación de que una sustancia química respete el sistema de registro.
Una industria que factura más de medio billón de euros
La industria química es la segunda mayor de la UE y mantiene el liderazgo mundial de esta actividad, por delante de EE UU y Japón. Las cerca de 40.000 compañías del sector químico europeo facturaron el pasado año 518.000 millones de euros, casi un tercio de la producción mundial, según datos de la patronal Feique. El sector ocupa a cuatro millones de personas en la Unión.Por países, España es el séptimo productor mundial y quinto europeo, con un volumen de negocio de 36.583 millones de euros el pasado ejercicio. Alemania, con 133.365 millones de euros, es líder europeo. El valor de la producción española se calcula en 30.394 millones de euros. Según Feique, la industria aporta un 9% del producto industrial bruto español. El 42% del producto se exporta, unos 12.700 millones de euros al año, pero son mayores las importaciones, que sumaron más de 19.500 millones en 2001. El consumo aparente nacional fue de 37.161 millones el pasado año. El 43% de la industria química española se concentra en Cataluña, mientras Madrid supone un 13%. Las inversiones del sector rozaron los 2.000 millones de euros el pasado año, tras crecer casi un 25%. El empleo directo de las empresas químicas es de 137.000 personas e incluyendo el trabajo indirecto se calcula en medio millón. Por subsectores, la química básica es un 41% del total, la industria de consumo, un 33%, y la sanitaria, un 26%. Un 41,5% de la producción se destina a otras industrias, y un 30%, al consumidor final.