El sistema de protección por desempleo para autónomos, diseñado por un grupo de expertos para el Gobierno, fija estrictas condiciones de acceso. Entre otras, sugieren que el autónomo esté inmerso en un concurso de acreedores o tenga reclamaciones judiciales por deudas equivalentes al 50% de los ingresos del año anterior. El Ejecutivo quiere aprobarlo en 2009.
Septiembre y octubre fueron dos de los meses más convulsos que recuerdan los banqueros veteranos. En ese plazo, millones de inversores buscaron dónde poner a salvo su dinero. Los dos bancos que en octubre vivieron mayores retiradas, en España, de fondos fueron Banesto e ING Direct. Los depósitos cayeron en 7.425 millones en la primera y 1.680 millones en la segunda.
Los malos datos de la economía estadounidense, que registró una contracción del 0,5% en el tercer trimestre, acabaron ayer con el sesgo alcista con el que habían abierto los mercados. El Ibex terminó con caída del 0,33%, lastrado por Telefónica (-0,57%).
Avalatransa, la sociedad que ha instado concurso contra el grupo Nozar, asegura que se querellará contra el juez que ha rechazado la petición. Avalatransa reclama casi 250.000 euros a la compañía de la familia Nozaleda.
Ahora que el año nuevo está cerca, vuelven los pronósticos de los expertos que intentan arrojar luz sobre el incierto futuro económico. El autor defiende que de poco sirven, pues muchas variables se escapan al vaticinio. Y por eso suelen fallar con frecuencia
Sony está dispuesta a modificar sus planes para hacer frente al excedente de plantilla que a su juicio tiene la planta de Viladecavalls (Barcelona). La compañía, que ha presentado un expediente de regulación de empleo para despedir a 275 trabajadores, se plantea dejar sin efecto la supresión de puestos de trabajo y optar por un plan de bajas incentivadas que afectaría a 150 personas.
Los afectados por la estafa piramidal de Bernard Madoff, calculada en 37.000 millones de euros, no tienen fácil el recuperar su dinero. Los juristas señalan que la posibilidad más viable pasa por demandar a los fondos y entidades que actuaron de intermediarios o comercializadores.