Iberdrola, Endesa y Naturgy se oponen al sobrecoste por el cese de las centrales nucleares
Las eléctricas descartan asumir el coste de 20.220 millones que implica la construcción de siete silos temporales en vez de uno para albergar los desechos. Y piden alargar su vida útil hasta los 60 años
Pulso entre el Gobierno y el sector nuclear. El séptimo plan general de residuos radioactivos, aprobado en diciembre por el Consejo de Ministros, con el que el Ejecutivo reafirma el calendario de cierre de dichas instalaciones, previsto entre 2027 y 2035, y que implica ahora unos sobrecostes de 20.220 millones de euros (2.000 millones más), al optar por la construcción de siete almacenes temporales en los emplazamientos de las centrales en vez de uno centralizado para acumular los residuos, no termina de gustar a las empresas.
Y mucho menos la decisión, conocida hace dos semanas, de elevar un 40%, hasta los 11,14 euros/MWh, la tasa que pagan las compañías a Enresa para financiar la gestión de los desechos, cuyo proyecto de real decreto está en fase de consulta pública hasta el 2 de febrero. “Ya aportamos cada año unos 450 millones”, justifican. La patronal Foro Nuclear, que agrupa a las grandes eléctricas como Iberdrola, Endesa, Naturgy o EDP, ha pedido al Ministerio de Transición Ecológica un informe económico financiero de Enresa que justifique esa subida y la ampliación de dicho plazo, a contar a partir de la recepción del documento, informó el martes pasado Ignacio Araluce, presidente de la entidad, en un encuentro con los medios. “Vamos a intentar llegar a un acuerdo”, recalcó. La entrada en vigor de esta tarifa se prevé para julio.
Pese a la mayor carga impositiva, el sector no se plantea adelantar la clausura de su actividad. “Ni hablar”, zanjó Araluce. Al contrario, su intención es replantear el apagón. Algo que, hasta ahora, no se prevé en el Gobierno. “Las soluciones adoptadas en el nuevo plan suponen un coste muy superior al previsto inicialmente [que contemplaba levantar el polémico almacén temporal centralizado en Villar de Cañas, Cuenca], por la falta de consenso entre las instituciones involucradas, y en ningún caso deberían imputarse a las centrales”, se quejó a principios de enero en un comunicado la patronal, en el que criticaba también el cambio de criterio en la gestión de residuos respecto del pacto alcanzado en 2019 y que fijaba un incremento máximo de la tasa de Enresa del 20%”. Además de recordar la “fiscalidad excesiva” que soporta esta actividad.
Las empresas también rechazan que el almacén geológico profundo (AGP), el silo definitivo pendiente de ubicación y adonde se trasladarán el combustible gastado y los residuos de alta actividad, se prevea para 2073. “Implica que no se podrán liberar hasta casi finales de siglo los emplazamientos nucleares, lejos de la recomendación de la Comisión Europea de que sea antes de 2050″. Y añaden que Francia, Finlandia, Suiza y Suecia, que apuestan por esta tecnología, están anticipando sus AGP.
Foro Nuclear, la patronal del sector, se opone a la subida de la tasa de Enresa hasta los 11,14 euros/MWh
El mantenimiento o no de las nucleares siempre ha generado controversia. Sus defensores creen que son claves para reducir las emisiones de CO2 y cumplir con las metas climáticas, mientras que sus detractores apelan al peligro para la salud y el medio ambiente que suponen unos residuos que tardan años en degradarse. De hecho, en Europa se habla de su resurgimiento tras considerarse estratégicas para la descarbonización durante la presidencia española del Consejo de la UE, cuya propuesta contó, paradójicamente, con el apoyo de España, así como su inclusión en la taxonomía verde europea.
Impacto en el precio
Para Yolanda Moratilla, profesora de Nuevas Tecnologías Energéticas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Universidad Pontificia Comillas, la tasa es injustificada. “Se pretende que sean las propias compañías eléctricas las que digan que no pueden continuar [con la actividad] porque no es rentable; se les están poniendo unos impuestos para construir el relato de que no es el Gobierno el que las cierra, sino que son las empresas las que lo piden”, sostiene.
Moratilla añade que el cese es una barbaridad desde el punto de vista técnico para el mix energético. “Vamos a ir a apagones y va a haber una subida de la factura de luz”, asegura. Sobre todo por la apuesta de los ciclos combinados de gas como única tecnología sólida para dar estabilidad a la red, cuando es una materia prima que se importa y que está sujeta a la geopolítica del momento, defiende. “En el futuro vamos a dejar todo a la acumulación [de energía], que hoy por hoy no está disponible, y cuando lo esté, será a unos precios elevadísimos”, incide.
Algunos expertos aseguran que sin esta tecnología habrá apagones y aumento de la factura de luz, mientras el Gobierno lo descarta
Desde el Ministerio de Transición Ecológica descartan que haya un riesgo para la seguridad de suministro. “El calendario previsto para el cierre de las nucleares contemplado en el séptimo plan general de residuos radioactivos, pactado entre Enresa y las titulares de las centrales en 2019, es el mismo que contempla el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)”, explican. Además, detallan que la actualización de este último plan a 2023-2030 prevé que el precio de la electricidad se reduzca progresivamente hasta los 28,5 euros/MWh por el mayor peso de la generación renovable. “Una cifra inferior a cualquier ejercicio de la última década, incluso a los 33 euros registrados en 2020 en plena pandemia y muy por debajo de los 167 de 2022 y los 87 de 2023″.
Si bien los proyectos de almacenamiento se desarrollan con retraso, desde el ministerio avanzan que hay instalados 6,4 GW de potencia hidráulica de bombeo y más de 40 proyectos en fase de tramitación, que suman más de 15 GW a los existentes. El objetivo es alcanzar los 22 GW en 2030, recoge el PNIEC.
La diversificación del suministro de gas es otra de las fortalezas que resaltan y que quedó constatada durante la crisis energética derivada de la invasión rusa a Ucrania. “España también importa el uranio que consumen las centrales nucleares”, rememoran, tras indicar que “las renovables son la única fuente autóctona y la razón por la que el Gobierno apuesta por ellas”.
Respecto a la oposición del sector, Transición aduce que el séptimo plan de residuos se sometió a una larga tramitación y a un proceso de información pública para garantizar el respaldo político y social. Que el proyecto de real decreto por el que se modifica la tarifa de financiación de Enresa se ha sometido también a consulta pública para dar audiencia a todos los interesados y atender sus peticiones. Y recuerdan que en EE UU la gestión de los desechos corresponde a los dueños de las centrales, que tienen que hacer provisiones millonarias en sus cuentas, asumiendo unos costes y riesgos que en España no tienen que soportar. “El Ejecutivo comprende que las empresas quieran minimizar sus costes y maximizar sus beneficios, pero actúa buscando la mejor solución, desde una perspectiva económica, social y ambiental, y aplicando el principio de que quien contamina, paga”.
Un marrón para futuras generaciones
Francisco del Pozo, portavoz de Greenpeace, se alegra de que este lema se incorpore en el nuevo plan, “que es el menos malo, dado el marrón que supone para las generaciones futuras porque son residuos que tardarán miles de años en bajar su reactividad hasta niveles seguros”. Para los ecologistas, el planteamiento anterior, que contemplaba la construcción del cementerio temporal en Cuenca, era una locura por el riesgo de seguridad y medioambiental que suponía el trajín constante de camiones con los desechos en esta y otras localidades.
Sin embargo, Moratilla, de la Universidad Pontificia Comillas, discrepa. “Desde el punto de vista del control y la seguridad, siempre es mejor la concentración. Un único almacén se controla mejor que siete”, avisa. Preocupa también la coincidencia de varias demoliciones a la vez (¿habrá capacidad para todo el residuo?, se preguntan) y la pérdida de empleo en esas zonas. Las centrales dan trabajo a 27.500 personas en total.
Del Pozo apunta que el nuevo plan se queda corto respecto a qué sucederá con la gestión de los contenedores, la ampliación de las operaciones del centro de almacenamiento de El Cabril (Córdoba), para los residuos de media, baja y muy baja actividad, hasta que se complete el desmantelamiento de las centrales, además de que no adelanta el cierre de las nucleares a 2030.
Datos clave
Generación. En 2023, la energía nuclear generó 54.275 GWh, el 20,34% del total de la producción neta, según datos de Red Eléctrica analizados por Foro Nuclear. “Con una potencia instalada de 7.117 MW, tan solo el 5,71% del total, ha conseguido ser la segunda fuente de producción de energía, por detrás de la eólica, y evitado unos 20 millones de toneladas de CO2”, subrayan en la patronal. De ahí que su presidente, Ignacio Araluce, reivindique que son esenciales para garantizar el suministro eléctrico, al operar de forma constante y estable el 90% de las horas del año –“solo paramos mil horas anuales [41 días] para cambiar el combustible”–, y para reducir las emisiones de carbono.
Extensión de la vida útil. El sector aduce que está preparado para dilatar sus operaciones hasta los 60 años, en vez de los 45 actuales, como sucede en EE UU, donde ya se estudia incluso llegar a los 80. La inversión anual en mantenimiento es de 200 millones y, si se decide alargar su actividad, se necesitarían unos 3.000 millones en total, calculan.
Tendencia. En la COP28 de Dubái, 28 países abogaron por triplicar la potencia nuclear. La AIE recoge en uno de sus informes que es clave para la descarbonización. Y Suecia o Polonia han cambiado de criterio, señalan. “Solo España [y Alemania, que ya ha parado sus centrales] va a contracorriente”.
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