El eterno problema de la gestión de los residuos de las nucleares
La solución provisional es un depósito temporal individualizado. Las obras del almacén nuclear de Villar de Cañas siguen bloqueadas.
Qué hacer con los residuos y cómo gestionarlos en el tiempo. El principal problema de las centrales nucleares sigue sin resolverse. El Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR), de 2006, que contemplaba que en 2010 existiría un Almacén Temporal Centralizado (ATC), obviamente no se ha cumplido: estamos en 2018, el último PGRR es papel mojado, aún no han comenzado las obras del ATC y la justicia mantiene el bloqueo del plan urbanístico que contempla la construcción del almacén nuclear en Villar de Cañas (Cuenca), localidad elegida para esta instalación, que ya lleva varios años de retraso y que aún no cuenta con una declaración de impacto ambiental.
La solución provisional que ha encontrado Enresa, empresa pública encargada de la gestión de los residuos radiactivos, es la creación de un almacén temporal individualizado (ATI) en los terrenos contiguos a las centrales, que todas están construyendo o tienen planes de hacerlo. No obstante, desde la empresa pública señalan que “según las previsiones actuales se espera que el ATC esté disponible en 2024 y que el Almacén de Espera de Contenedores (AEC) pueda entrar en operación en el año 2021”.
A la espera de un nuevo plan de residuos que actualice las previsiones del publicado en 2006, la industria nuclear tiene dos problemas que afrontar, según Francisco Castejón, de Ecologistas en Acción: “El primero es que El Cabril (Córdoba), el único cementerio nuclear de baja y media intensidad que hay en España, está ya casi al 80% de su capacidad, no queda espacio para acoger los residuos del desmantelamiento del parque nuclear actual. El séptimo plan tendría que aclarar qué se va a hacer con El Cabril, y no hay que olvidar que ya hay un movimiento de contestación en la zona en contra de la ampliación”. En España se han desmantelado dos centrales, Zorita y Vandellós I, y quedan Garoña, que está parada, y siete grandes reactores funcionando que siguen produciendo residuos y que habrá que proceder a su desguace llegado el momento.
El otro gran problema es que el ATC de Villar de Cañas está paralizado. “El Consejo de Seguridad Nuclear está apretando el acelerador para tener los permisos listos antes del verano. Pero no solamente depende del consejo, sino también de un estudio de impacto ambiental positivo, que no existe todavía porque el Ministerio de Medio Ambiente no lo ha emitido, y del Plan de Ordenación Municipal, que el alcalde de la localidad presentó pero que la Junta de Castilla-La Mancha no ha aprobado”, añade Castejón.
Por otra parte, el comité de expertos para la transición energética ha señalado que la tasa sobre la generación eléctrica de las centrales destinada a su desmantelamiento y a gestionar los residuos es insuficiente.
El plan de residuos de 2006 cifraba en 17.000 millones de euros la cantidad necesaria hasta 2080 para gestionar tanto los residuos como el desguace de las centrales.
Aportaciones
Actualmente, los fondos de Enresa, que hasta 2005 eran financiados por los consumidores en la factura de la luz y que, a partir de ese año, el Gobierno de Rodríguez Zapatero decidió cobrar a las empresas a través de tasas, asciende a unos 4.500 millones de euros. Una parte va destinada al desmantelamiento de las plantas y otra al tratamiento de los residuos radiactivos (de baja, media y alta intensidad). En este sentido, Enresa subraya que el sistema de financiación, en cumplimiento del principio básico de quien contamina paga, prevé que durante la vida operativa de las centrales nucleares se recauden los fondos necesarios para atender la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las instalaciones.
“Efectivamente, como ya reconoció el Tribunal de Cuentas en enero de 2015, los recursos acumulados en el fondo son inferiores a la proyección futura de los costes, en unos 1.500 millones de euros a la fecha del informe. Para remediarlo proponía revisar las dos tasas que recaen sobre las empresas titulares de las centrales nucleares, en función de las necesidades de financiación futura”, subraya Enresa.
La compañía no hace valoraciones sobre la propuesta del Gobierno de transferir a las eléctricas la obligación de llevar a cabo el desmantelamiento de las plantas, que aún está sobre la mesa, aunque todo parece indicar que no tiene visos de prosperar.
Principales cifras
4.500 millones de euros es el fondo de Enresa aportado por las empresas para la gestión de los residuos.
2024 es el año en que Enresa prevé que esté disponible el Almacén Temporal Centralizado (ATC).
17.000 millones de euros es la cantidad estimada para gestionar tanto los residuos como el desguace hasta 2080.
