Solo cuatro países europeos tienen espacio fiscal para cumplir con los compromisos de inversión verde

El diseño actual de las reglas fiscales europeas frenan la ambición climática verde de la Unión y solo permitirían realizar los desembolsos a Irlanda, Dinamarca, Suecia y Letonia

La transición energética se ha asentado como el gran objetivo económico del futuro. Tanto China como EE UU, a través de su Ley de Reducción de la Inflación —IRA, por sus siglas en inglés—, se han adentrado en una carrera verde en la que Europa aspira a participar. “Europa es líder mundial en ambición climática, tira de otros países en las cumbres internacionales. La cuestión es que no ha sido tan exitosa en generar un paralelismo entre la intención climática y crear la industria que nos haga autónomos”, explica Alejandro Labanda, director de Transición Ecológica de beBartlet.

La UE se quiere embarcar en el ambicioso proyecto de construir su autonomía energética. La Ley de Industria Neto Cero (NZIA por sus siglas en inglés), incluye el objetivo de que la Unión Europea tenga en 2030 capacidad para fabricar al menos el 40% de sus necesidades de implantación de tecnologías limpias. Sin embargo, para conseguir objetivos grandes también hacen falta grandes cantidades de dinero y en la Unión tan solo dispondrían de margen fiscal para conseguirlo Irlanda, Dinamarca, Suecia y Letonia, según un estudio de New Economics Foundation.

El observatorio indica que solo esos países —que representan el 10% del PIB europeo— serían capaces de reunir suficiente espacio fiscal para concretar un aumento del 3% en las inversiones verdes necesario para alcanzar los objetivos climáticos más ambiciosos y mantenerse, al mismo tiempo, por debajo del objetivo de déficit europeo, marcado por las reglas fiscales en el 3% y que volverán a aplicarse, previsiblemente, el año que viene.

España, junto a Francia y otros seis países, se encuentran en la otra cara de la moneda. Este grupo —que suman el 34% del PIB europeo— no podrían incrementar ni un 1% la inversión sin romper la barrera del 3% del déficit. Al sumar a países como Italia, Grecia, Portugal, Croacia y Hungría, con deudas elevadas y más dificultades de financiación que, además, estarían obligados a reducir su deuda en los próximos años, prácticamente la mitad de los países de la UE —que representan el 50% del PIB europeo— no podrían hacer frente a aumentos del 1% en las inversiones verdes sin saltarse las reglas fiscales.

855.000 millones al año

Europa necesitaría en torno a 855.000 millones de euros al año en capital privado y público para conseguir el escenario de mayor reducción de emisiones de gases de efecto invernadero —en línea con el Acuerdo de París de contención de 1,5º C la temperatura y de reducción del 65% de emisiones de gases contaminantes para 2030—, según el observatorio económico.

Hasta ahora, el gasto ha sido insuficiente para alcanzar los objetivos establecidos en el Pacto Verde Europeo. Utilizando datos de Eurostat, el Banco Central Europeo (BCE) indicó en un estudio reciente que la inversión medioambiental de la UE se colocó en torno al 0,15% del PIB de media en 2019, frente al 3,7% anual que sería necesario para alcanzar los objetivos climáticos de la Comisión Europea —520.000 millones de euros, del que el 45% sería dinero público—.

Mayores inversiones sin romper la banca

Bruselas teme que una carrera de subvenciones ecológicas rompa el mercado único europeo. Alemania y Francia aglutinan prácticamente el 80% de las ayudas derivadas de la invasión de Ucrania. La gran capacidad de desembolso por parte de las dos principales economías de la UE ha levantado las suspicacias tanto de los países ricos, pero pequeños, del norte de Europa; como de los países grandes, pero con poco margen fiscal, del sur del continente.

Para solucionar estas diferencias, la Comisión busca renovar las reglas fiscales europeas, de forma que haya mecanismos que aseguren la inversión permanente y el “crecimiento sostenible”, que es la “respuesta única para atajar los desafíos del futuro”, según indicó el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, en el último Foro Económico de Bruselas. “[El actual diseño de las reglas fiscales] no redujo la deuda y la inversión no dejó de caer. Lo que necesitamos son reglas que mantengan los compromisos sin perder la capacidad de invertir”, aseguró Genitloni.

“The main message is: without sustainable growth it will be very difficult to tackle these challenges together.”

Commissioner @PaoloGentiloni at #EUBEF23 pic.twitter.com/jUFV7lpsWa

— EU Economy & Finance (@ecfin) May 4, 2023

Carlos Martínez Mongay, exdirector general adjunto de Economía de la Comisión Europea, explica que Bruselas debería de “matar dos pájaros de un tiro” creando “un mecanismo comunitario que financiaría estas inversiones, pero con la condicionalidad de que los países con déficit estructural, aunque sea menor del 3%, tengan un periodo para que los fondos que se reciban cierren las brechas de déficit estructural. Al final del proceso, los Estados invierten según las prioridades de la UE y en pie de igualdad con todo el mundo, pero con más margen de equilibrar las cuentas”, indica Mongay.

Este es el caballo de batalla de muchos países europeos en Bruselas: establecer mecanismos europeos permanentes de financiación que permitan a la Unión Europea realizar las inversiones necesarias, sin comprometer más gasto público del que puedan permitirse los Estados. De esa manera, el propio crecimiento del PIB solucionaría los problemas de deuda tan abultados de algunos países como España, que tiene una ratio de deuda del 113,2%, según el Banco de España. “Para crecer, es necesario una composición de las finanzas públicas que se encamine hacia lo productivo”, advierte Mongay.

Más dinero que para las ayudas de la guerra

España necesitaría 241.000 millones de euros para alcanzar sus objetivos climáticos en 2030, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC). Si bien el 80% (192.800 millones de euros) serían inversiones que se destinarán desde el capital privado, las estimaciones del Gobierno dejan un margen de 48.200 millones de euros de gasto público para avanzar en la transición verde, lo que superarían a los 40.000 millones de euros que, según Bruegel, han costado las ayudas derivadas de la invasión de Ucrania.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) indica que el déficit proseguirá una senda a la baja en los próximos años hasta situarse en el 2,5% en 2026, por lo que habría poco margen para ser ambicioso en las inversiones públicas sin superar el objetivo de déficit del 3% que establecen las actuales reglas de Bruselas.

Sin embargo, más allá de la urgencia climática, hay un componente de crecimiento económico detrás de estas inversiones que desde Bruselas estiman que pueden colaborar con el buscado crecimiento sostenible. Por ejemplo, la implementación del PNIEC generaría un impacto sobre el PIB adicional del 1,8% para 2030, según estima el propio Gobierno de España.

Para nutrirse del crecimiento económico asociado y de la generación de un sector industrial que produzca las ambiciones europeas, la inversión pública se presenta fundamental para conseguir inercia en campos todavía en desarrollo. La propia Comisión Europea estima, en el borrador de la Ley de Industria Neta Cero (NZIA, por sus siglas en inglés), que la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que se esperan reducir hasta 2050 dependen de tecnologías que “aún no están listas para el mercado”, por lo que el objetivo de las instituciones comunitarias es el de convertir la industria verde en rentable, según aseguran las fuentes consultadas.

El director de beBartlet, Alejandro Labanda, explica que en muchos casos, tecnologías y productos dedicados a la transición ecológicas, como el desarrollo del hidrógeno, “no son modelos de negocios completamente lejanos de la rentabilidad”. “La función de la administración debe de ser la de limitar la certidumbre de inversiones poniendo parte de los fondos y que después la iniciativa privada sea la que ponga el volumen más importante del dinero”, explica Labanda.

Consenso de gasto

Si bien las horquillas de estimación de gasto son diversas, según la institución que las elabore y el horizonte que se fije, el consenso está en que habrá un mayor papel del gasto público en los próximos años. Y no solo en cuestiones climáticas: tras la guerra de Ucrania, los países europeos se han comprometido a aumentar significativamente sus presupuestos en defensa hasta alcanzar el compromiso del 2% de gasto sobre el PIB en inversiones militares.

El comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, aseguró que será “inevitable” que la intervención pública tenga “un rol mucho más importante que en el pasado”. “En la conversación que tendremos en los próximos meses sobre cómo ayudar a nuestras economías [en los debates sobre la reforma de las reglas fiscales que, previsiblemente, se desarrollará durante la presidencia española], no estaremos en la carrera por cómo conseguir una globalización más barata, unas cadenas de suministros más económicas o abaratar el empleo, sino por una globalización con más justicia social y segura. Y sabemos que, para evitar eso, la intervención [pública] va a ser fundamental”, afirmó el comisario.

Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Twitter y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días