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La Airef prevé que el PIB crezca un 1,9% este año y que el déficit se estanque en el 3% hasta 2026

El organismo reclama un ajuste de 25.000 millones en cuatro años para reducir la deuda pública

Airef
La presidenta Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Cristina Herrero.J.P. Gandul (EFE)
Pablo Sempere

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Airef, constata la senda de reducción del déficit público iniciada por el Gobierno de España en los últimos meses, una exigencia que cobrará mayor relevancia a partir de 2024, cuando volverán a hacerse efectivas las reglas fiscales de la Unión Europea. Sin embargo, el auditor público cuestiona el optimismo del Ejecutivo y prevé un desequilibrio de las finanzas públicas algo mayor que el oficial, de hasta medio punto porcentual.

El Gobierno, según trasladó recientemente a Bruselas en el Programa de Estabilidad, proyecta un déficit público del 3% sobre el PIB en 2024 que iría reduciéndose hasta el 2,7% en 2025 y al 2,5% en 2026. La Airef, en su valoración hecha pública este jueves, prevé que el indicador se estanque exactamente en el 3% durante todo el periodo analizado. Una vez que el crecimiento económico empieza a ser menor y que las medidas anticrisis desplegadas siguen sobre la mesa, “la capacidad de reducir el déficit desaparece y este se estanca”, explicó a modo de resumen la presidenta de la Airef, Cristina Herrero.

Aunque el avance del PIB en el corto plazo “sigue sorprendiendo al alza”, impulsado por la relajación de las presiones sobre los cuellos de botella, la menor intensidad de la presión inflacionista en la energía y las medidas anticrisis desplegadas por el Ejecutivo, el crecimiento irá perdiendo fuerza año a año. En conjunto, la Airef, proyecta un avance del PIB del 1,9% en 2023 y del 2% en 2024, unas décimas por debajo de lo esperado por el Gobierno. A partir de aquí, el avance del PIB caerá al entorno del 1,7% en 2025 y 2026, lo que supondría un jarro de agua fría sobre las expectativas de corrección del saldo público.

En lo que respecta a la deuda pública, la Airef proyecta una disminución de 5,9 puntos en los próximos cuatro años, relativamente pareja a la del Gobierno, que situaría el indicador en el 107,3% del PIB en 2026. “Consideramos factible la proyección de reducción de deuda”, dijo Herrero. Sin embargo, matizan, a largo plazo se prevé una ratio creciente tras un periodo de estabilización, explicada principalmente por el gasto asociado al envejecimiento de la población. Por ello, la autoridad fiscal reclama un ajuste al año de 0,46 puntos porcentuales del PIB, algo que permitiría que la deuda pública entrase en una senda “claramente descendente incluso en el escenario más desfavorable”.

Este ajuste, explica el organismo, supondría 1,84 puntos acumulados durante cuatro años, unos 25.000 millones de euros según la riqueza nacional actual. Ello permitiría una reducción de la deuda de 24 puntos de PIB en los próximos 15 años, “situándola en una dinámica claramente descendente”. El Gobierno, según las simulaciones de la Airef aplicadas sobre el escenario fiscal oficial, ha planificado una corrección de únicamente 0,16 puntos anuales, es decir, 0,3 puntos menos de lo que la autoridad fiscal considera necesario.

“Sabemos que 2023 es el último año en el que estaremos sin reglas fiscales. Se desactivará la cláusula de escape y volveremos al Pacto de Estabilidad”, detalló. Aunque el nuevo marco aún no está cerrado, la Comisión presentó en marzo una propuesta que sigue situando los límites al déficit y deudas públicas en el 3% y el 60% del PIB, aunque permite a los socios con mayores desequilibrios un periodo de tregua para iniciar una reducción de deuda creíble y gradual y rebajar el déficit en medio punto cada año. Sobre la teoría, apuntó Herrero, “el Programa de Estabilidad cumple con el objetivo de reducir el déficit por debajo del 3% y reducir el ratio de deuda”. El problema, añadió es que la actualización presentada no tiene características muy diferentes a las de años anteriores, “por lo que no lo vemos como un auténtico documento de planificación”.

Entre las principales deficiencias que ha identificado la Airef se encuentra la falta de detalle sobre el impacto que tendrá el Plan de Recuperación, así como la falta de información en el apartado de los riesgos fiscales. Además, poco después de que el plan se enviase a Bruselas el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas que conllevan más gasto público y que “entendemos que deberían haberse contemplado en el documento”.

Menos ingresos por impuestos

Las diferencias entre las proyecciones del Gobierno y las de la autoridad fiscal vienen principalmente del lado de los ingresos, ya que en la parte del gasto público las dos se mueven de forma similar. La Airef, en concreto, estima una clara desviación en la estimación de ingresos marcada principalmente por las menores expectativas sobre los ingresos por cotizaciones sociales e impuestos como el IRPF o Sociedades.

La Actualización del Programa de Estabilidad remitido a Bruselas por el Ejecutivo prevé unos recursos sobre el PIB próximos al 43,5% para el periodo 2023-2026. La Airef, en cambio, los estima en el 42,9%. El peso de los impuestos, por ejemplo, se situaría en el 26,5% del PIB en 2026 según la senda dibujada por el Gobierno, una cifra que cae en un punto porcentual en la radiografía presentada este jueves

Las dos previsiones también arrojan diferencias en cuanto a la evolución de los precios o el mercado laboral. La Airef prevé que el deflactor de PIB, que mide la evolución de los precios de producción del país, crezca un 4,8% en promedio este año, frente al 4% previsto por el Ejecutivo. Por su parte, el empleo medido en puestos de trabajo a tiempo completo crecerá un 1,4% en 2023 según la Airef, siete décimas menos de lo que estima el Gobierno. La tasa de paro, que el Ejecutivo confía en bajar del 10% en 2026, rozará el 11% en tres años.

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Sobre la firma

Pablo Sempere
Es redactor en la sección de Economía de CINCO DÍAS y EL PAÍS y está especializado en Hacienda. Escribe habitualmente de fiscalidad, finanzas públicas y financiación autonómica. Es graduado en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid.

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