Europa se suma a la milmillonaria carrera verde de EE UU y China
La Comisión presentará la propuesta para contrarrestar de manera conjunta los 344.775 millones de euros de ayudas estadounidenses a inversiones en tecnologías de emisiones cero
La Unión Europea calienta motores para adentrarse en la carrera verde. Normas como la Ley de reducción de la inflación (IRA, por sus siglas en inglés) estadounidense, que aspira a convertir a Washington en el mayor patrocinador de energía renovable a golpe de talonario, han sido el chispazo que ha arrancado la maquinaria de Bruselas para tratar de contrarrestar las políticas de inversiones de competidores como China, Japón o Estados Unidos. La meta es liderar un sector que Europa estima estratégico, la energía verde, y actuar para evitar un éxodo empresarial europeo fuera de las fronteras de la UE, dónde las compañías se puedan beneficiar de las suculentas subvenciones y ayudas que ofrecen estos países a las inversiones verdes, como en renovables o baterías. La Comisión publicará esta semana unas líneas de actuación para articular un plan de acción conjunta con los Estados miembros en una materia que, hasta ahora, se había estado abordando de manera fragmentada.
La misión a largo plazo es la reducción de los gases de efecto invernadero y la descarbonización de la economía europea. En menos de una década, Europa deberá reducir en un 55% sus emisiones de efecto invernadero en comparación con 1990, según los acuerdos alcanzados por la propia Comisión y el Parlamento Europeo. Sin embargo, el proceso de neutralidad climática de la energía verde se plantea arduo y, sobre todo, caro. La propia Comisión estima, en el borrador de la Ley de Industria Neta Cero (NZIA, por sus siglas en inglés), que la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero que se esperan reducir hasta 2050 dependen de tecnologías que “aún no están listas para el mercado”.
Para alcanzar el objetivo final, Bruselas plantea dos pilares: sustituir la producción energética de combustibles fósiles por energías verdes y producirlo dentro de las fronteras europeas. El plan comunitario buscará doblar la capacidad fotovoltaica de la Unión para 2025. Y, de cara a 2030, la intención es la de multiplicar por dos la tasa de despliegue de las bombas de calor -que sustituyen a calderas de gas o carbón- y producir localmente 10 millones de toneladas de hidrógeno verde, además de aumentar sustancialmente la producción de biometano. Según este mismo documento, la producción local de cinco sectores clave -solar, eólico, bombas de calor, baterías y electrolizadores- tendría que cubrir al menos el 40% de las necesidades totales del bloque.
La otra pata es la seguridad del suministro. Europa tan solo posee en torno al 0,2% de la capacidad mundial de producción de paneles fotovoltaicos, según el servicio de estudios del Parlamento Europeo. En cambio, China proveyó en 2021 el 78% de todos los componentes para la fabricación de energía solar. La pandemia hizo sonar las alarmas en Occidente sobre lo frágiles que pueden ser las cadenas de valor que hacen funcionar sus economías y la invasión de Ucrania alertó a Europa sobre el peligro de que sectores clave, como la energía, dependan de regímenes autoritarios. La Comisión hará efectiva esta preocupación y solicitará que los contratos públicos tengan en consideración la seguridad del suministro como un factor a tener en cuenta a la hora de repartir el dinero de las licitaciones, indica el borrador.
Nuevos fondos o viejos, pero rápidos
Las metas verdes requerirán, previsiblemente, de un esfuerzo similar al que está llevando a cabo EE UU, que desembolsará 369.000 millones de dólares (344.775 millones de euros) en préstamos y subsidios a la industria verde. La financiación conjunta del plan europeo aspira a poder unificar un marco de actuación común para todos los Estados miembros y, también, evitar romper el mercado europeo. Alemania y Francia aglutinan prácticamente el 80% de las ayudas derivadas de la guerra. La gran capacidad de desembolso de fondos por parte de las dos principales economías de la UE han levantado las suspicacias tanto de los países ricos, pero pequeños, del norte de Europa; como de los países grandes, pero con poco margen fiscal, del sur del continente.
El plan de ayudas ha revivido el debate sobre cómo financiar estas ayudas. Desde las instituciones europeas abogan por generar mecanismos permanentes de mutualización de la deuda, incluso modificando mecanismos temporales, como los fondos Next Generation EU, para convertirlos en financiaciones fijas. Por ejemplo, el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Ricardo Mourinho, afirmó que espera que las ayudas se mantengan en la estructura de financiación de la Unión. “Es importante que la infraestructura que ha permitido mutualizar la deuda se quede como un instrumento importante para toda la Unión Europea. Que apoye a todos los países y que asegure que todos los países no tienen diferentes capacidades” de financiación, afirmó Mourinho.
Enrique Feás, investigador principal del Real Instituto Elcano, afirma que las propuestas de la Comisión son susceptible de cambiar radicalmente cuando comiencen las negociaciones, ya que los Estados con mayor capacidad fiscal, que se sienten más cómodos con el mantenimiento del marco actual de ayudas a sus empresas locales, harán valer su postura. Feás lo considera “preocupante” puesto que “sin fondos comunes europeos no puede haber una política industrial coherente”.
Sin embargo, el tiempo apremia. Un informe de Transport & Environment (T&E) estima que casi el 70% de las inversiones en baterías de iones de litio en Europa, con aplicaciones en el mercado de los vehículos eléctricos, están en riesgo debido, principalmente, al programa IRA estadounidense. Las empresas ya han tanteado la posibilidad de reubicar sus inversiones, como es el caso de Volkswagen o Mercedes Benz. Para evitar las fugas, Bruselas aprobó la semana pasada una prórroga para que los Estados pudieran sortear las consultas a la Comisión y poder agilizar las inversiones verdes.
En cualquier caso, las claves del éxito de la respuesta europea al IRA, asegura Feás, no está tanto en la cantidad de fondos como en la agilidad en la disposición de los mismos. “Las ayudas en EEUU se conceden muy rápidamente, generalmente mediante créditos fiscales: esta solución no es factible en la UE porque no hay una única política fiscal. En una carrera con los EEUU, la burocracia puede ser un factor de competitividad clave”, explica el investigador de Elcano.
Agilizar permisos
Los consorcios de energías renovables y de infraestructuras energéticas señalaron en una declaración conjunta que el nuevo marco europeo debería de agilizar las concesiones a proyectos renovables. En su borrador quedaban incluidos esos plazos para agilizar los procesos de adjudicación. La Comisión limitará a 12 meses la construcción o ampliación de proyectos con una producción de energía anual superior a 1 GW y de 9 meses para aquellos con una producción inferior al GW anual. Para la fabricación de tecnologías que verdes, los plazos máximos serán de 18 meses para aquellas tecnología que produzcan 1 GW anual de potencia y de 12 meses para los que produzcan menos de esa cantidad al año.
Bruselas establece en el documento preliminar y, por lo tanto, sujeto a modificaciones la creación de una Autoridad Ad-Hoc para la gestión de estos proyectos que, de no emitir una decisión sobre las inversiones en plazo, serán consideradas como válidas -salvo aquellas sujetos a evaluaciones de impacto medioambiental-.
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