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La generosidad de la pensión máxima subirá del 30% al 60% con la reforma: más de la mitad de lo aportado financiará el resto de prestaciones

Los expertos calculan que los cambios del sistema podrían recortar el PIB un 0,6% y costar entre 100.000 y 190.000 empleos

Raquel Pascual Cortés
El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo (i); el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, tras acordar la segunda fase de la reforma de pensiones. Isabel Infantes - Europa Press
El secretario general de Comisiones Obreras (CCOO), Unai Sordo (i); el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, tras acordar la segunda fase de la reforma de pensiones. Isabel Infantes - Europa PressISABEL INFANTES (Europa Press)

La reforma de las pensiones pactada por el Gobierno y los sindicatos en dos fases (2021 y 2023) y respaldada por la mayoría parlamentaria no ha dejado indiferente a nadie, sobre todo, por el hecho de haberse centrado en aumentar los ingresos --fundamentalmente del lado de las aportaciones empresariales vía cotizaciones sociales-- y no haber tomado medidas de carácter paramétrico para controlar el fuerte aumento del gasto previsto en las próximas décadas. Precisamente, este foco sobre los ingresos --que recae fundamentalmente sobre las empresas, y en menor medida sobre la decisión de los trabajadores de retirarse más tarde--, que repercute también sobre el deterioro de la contributividad del sistema, es lo que ha llevado a un nutrido grupo de expertos a advertir que la reforma supondrá básicamente “un impuesto al empleo” que tendrán repercusiones negativas sobre el presupuesto, la economía, la ocupación y las sostentibilidad del propio sistema de pensiones.

Este impacto viene recogido en un exhaustivo documento elaborado por media docena de expertos económicos, financieros y actuarios para el Instituto de Estudios Económicos, vinculado a la patronal CEOE, que también inlcuye previsiones de otros organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Así, según las estimaciones de tres de estos economistas (José Emilio Boscá, de la Universidad de Valencia y Fedea; Rafael Doménech, de BBVA Research; y Javier Ferreri, de la Universidad de Valencia y Fedea), el incremento de la recaudación en más de un punto del PIB que supondrán las medidas de esta reforma, podría restarle al PIB un 0,6%.

Mientras que las consecuencias para el empleo oscilarían entre los 100.000 puestos que se perderían o dejarían de crearse calculados por la Airef y los cerca de 190.000 ocupados que calculan los tres expertos antes citados, cuando la reforma esté plenamente en vigor en 2050 y siempre y cuando no haga falta aumentar más las cotizaciones como efecto de la cláusula de cierre incluida en la reforma. Esto último es poco factible, ya que según la inmensa mayoría de los expertos dicha cláusula hará necesarias nuevas medidas que tendrán forma de nuevos aumentos de cotizaciones si el Gobierno no toma medidas de ajuste del gasto, con lo que el impacto sobre el empleo podría ser aún mayor. Según esto, el incremento del salario bruto o coste laboral total será del 0,6% (con un descenso del consumo del 0,5% y del 0,2% de la inversión privada) y el salario neto pactado caerá alrededor de un 2%.

Pero más allá de estas consecuencias posibles sobre la economía en general que son una proyección sin tener en cuenta otras realidades que se producen en la economía, el informe del IEE también se detiene en alertar sobre que la reforma aprobada “deteriora la contributividad del sistema” --que es lo que en parte convierte más la subida de cuotas en un impuesto al empleo-- y esto provocará “un notable desacople entre las bases máximas de cotización y las pensiones máximas” porque las primeras crecerán a un ritmo muy superior a las segundas (cada año aumentarán las cotizaciones máximas 1,2 puntos adicionales al IPC frente a 0,111 5 puntos más que la inflación que subirán las prestaciones máximas). “Esto supondrá incrementos acumulados unas doce veces superiores en las cotizaciones que en las pensiones”, ha explicado el profesor de Economía Financiera y Actuarial de la Universidad de Valencia y miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), José Enrique Devesa.

La traducción de este efecto es que la generosidad actual de las pensiones máximas, según la cual, ahora son un 30% inferiores a lo que ha contribuido el trabajador a través de bases máximas y, por tanto, esa cantidad se destina a la solidaridad del sistema para costear otras prestaciones, se elevará con la reforma hasta el 60%. De esta forma, a mediados de siglo, quienes hayan cotizado por bases máximas dejarán de recibir a través de su pensión seis de cada diez euros aportados, que serán destinados a costear el resto del sistema, aumentando así la solidaridad de los salarios más altos y empeorando notablemente la contributividad del modelo de pensiones español.

Esta será, entre otras, una de las razones por las que “la mayoría de los países avanzados no van a copiar la reforma de pensiones de España”, ironizó el socio director de Longevity& Retirement Income Solutions (LoRIS), José Antonio Hérce, quien recordó que en la presentación de la reforma el propio ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, presumió de que los países europeos --que sí están tomando medidas paramétricas de ajuste de gasto y, sobre todo, adoptando mecanismos automáticos de ajuste similares al factor de sostenibilidad derogado en España-- imitarán los cambios aprobados por su equipo.

Como alternativa a estos cambios, el documento del think tank empresarial propone fortalecer la actividad y el empleo como primera medida para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones. En concreto, calculan que una reducción de la tasa de paro al 5% supondría la creación de más de 1,8 millones de empleo, aumentando la recaudación por cotizaciones más de un 9%, lo que equivaldría al 1% del PIB de 2022, cifra similar a la que estos expertos calculan que se obtendrá con las medidas recogidas en la actual reforma.

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Sobre la firma

Raquel Pascual Cortés
Es periodista de la sección de Economía, especializada en información sobre empleo, Seguridad Social, pensiones y relaciones laborales. Licenciada en C.C. de la Información por la U. Complutense, empezó a trabajar en Cinco Días en 2000 y antes pasó por las secciones de política y economía de la agencia Europa Press y por el diario Soria 7 Días.

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