El colapso de Credit Suisse llega por primera vez a los tribunales de Estados Unidos
Inversores demandan al banco, a su excúpula y a PwC por las pérdidas sufridas con la amortización de 17.000 millones en ‘cocos’ tras la intervención
Ocho meses después del mayor terremoto en la historia de la banca suiza, el rescate de Credit Suisse y su absorción por UBS sigue coleando entre abogados e inversores. La amortización de 17.000 millones de dólares en bonos contingentes convertibles o cocos, también conocidos como deuda AT1, ha generado una retahíla de demandas en Suiza y ahora ha llegado a Estados Unidos. Core Capital Partners, una sociedad de gestión de activos, presentó el 20 de octubre una demanda colectiva –admitida a trámite de forma automática– ante el tribunal del distrito sur de Nueva York contra el banco quebrado en marzo. La acción judicial pretende el resarcimiento de, al menos, 1.200 millones de dólares y va dirigida contra la entidad y varios de sus exdirectivos, entre ellos los expresidentes Axel P. Lehmann y Antonio Horta-Osorio, así como la auditora PwC, por un presunto fraude a los inversores.
La demanda, encabezada por el director de la firma con sede en Las Bahamas, Christian Quege, explica que dicha cantidad correspondería a los bonos AT1 que se adquirieron entre el 18 de febrero de 2021 y el 20 de marzo de 2023 (cuando Credit Suisse fue absorbido por UBS), y cuyo valor pasó a cero por una decisión de las autoridades suizas. Según el escrito, consultado por CincoDías, el valor de este instrumento fue disminuyendo, pese a que los ex altos cargos de la entidad afirmaron en varias declaraciones públicas que la solvencia financiera de la entidad no estaba en mal estado y que la fuga de clientes cada vez estaba más “estabilizada”.
Los denunciantes aseguran que estas declaraciones eran “materialmente falsas y engañosa” y tenían el objetivo de inflar el precio “artificialmente”. De acuerdo a la demanda, el informe anual sobre los estados financieros presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) en marzo señalaba que la situación era la contraria, pues la huida de inversores iba en aumento. Finalmente, tras la fusión, el valor de los bonos no creció, sino al contrario, pues la Autoridad Suiza Supervisora del Mercado Financiero (Finma) decidió cancelar estos bonos. Preguntados por este periódico, representantes del banco suizo han preferido no hacer comentarios.
El rescate removió los cimientos del sector financiero, puesto que modificó el orden habitual de asunción de pérdidas en una quiebra bancaria: mientras los tenedores de cocos perdieron la totalidad de su inversión, no ocurrió eso con los accionistas quienes, en contra de la jerarquía tradicional de activos, recibieron 3.300 millones por el banco. Si bien la razón de ser de la deuda AT1 es poder ser convertida en capital o directamente amortizada en caso de resolución bancaria (y así evitar que sean los contribuyentes los que paguen). Pero, según la normativa de la zona euro, los cocos solo pueden ser amortizados después de las acciones. Las autoridades financieras de la zona euro y el Reino Unido se apresuraron a rechazar la decisión suiza, que desató el caos en el mercado.
La demanda de Core Capital no será la única que recaiga en la justicia estadounidense. El despacho internacional de abogados Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan –conocido por lograr en los tribunales de Nueva York que Argentina indemnizara con unos 16.000 millones de dólares a socios de Repsol por la expropiación de YPF– está estudiando la posibilidad de presentar otra acción judicial en dicho país en busca de una compensación por la destrucción de los derechos de propiedad de los inversores como consecuencia de la orden gobierno suizo de amortizar los bonos, informan a este diario fuentes jurídicas cercanas a la firma.
Rescate por la vía de urgencia
La amortización de los cocos llegó en las caóticas jornadas que hundieron Credit Suisse hasta forzar su rescate por UBS. Tras el colapso de varios bancos regionales en Estados Unidos por la huida masiva de depositantes, las dudas del mercado se cernieron sobre Credit Suisse; la centenaria entidad había acumulado varios escándalos financieros en los últimos años y estaba en proceso de reestructuración. Cuando su mayor accionista (el Saudi National Bank) rechazó el 15 de marzo acudir a una eventual ampliación de capital se desató la tormenta: la entidad se hundió un 31% en Bolsa y afrontó una rápida salida de clientes.
El Ejecutivo publicó un primer decreto el día 16 de marzo para habilitar una línea de crédito de emergencia, pero el castigo en los mercados se agudizó ese día y al siguiente, viernes 17. El fin de semana, Suiza buscó la vía rápida para cerrar una crisis bancaria que, de agravarse, habría sido imposible de gestionar: los activos de la banca suiza eran 4,5 veces el PIB del país. El Gobierno acordó con UBS la compra de su gran rival a precio de saldo y por la vía de urgencia (la operación no pasó por las juntas de accionistas, ni el rescate por el Parlamento), en una operación calificada de boda a punta de pistola.
La fusión valoró Credit Suisse en 3.300 millones de dólares, que cobraron sus accionistas. Pero el Gobierno, el día 19, enmendó la orden dada tres días antes para especificar la facultad de la Finma para devaluar los cocos, decisión que tomó ese mismo día, como explica el propio supervisor helvético. Los documentos han sido hechos públicos por orden judicial a petición de los tenedores de deuda demandantes.
En el folleto de emisión de esos bonos de Credit Suisse se recoge la posibilidad de que sean amortizados por completo en caso de que se produzca “un evento de viabilidad, en particular si se otorga apoyo extraordinario del Gobierno”. El 16 de marzo el Gobierno activó una línea de crédito de 50.000 millones de francos suizos y, al firmar la compra por parte de UBS, las autoridades dotaron de un esquema de protección de pérdidas de 10.000 millones que, finalmente, no ha sido utilizado.
Sin justificación
Dario Item, abogado suizo experto en derecho financiero y, también, embajador en España de la república caribeña de Antigua y Barbuda, defiende que no había motivo para amortizar estos bonos. “No se dieron las condiciones contractuales”, asegura en conversación con CincoDías. “[Credit Suisse] no tenía problemas de capital, sino de liquidez. No hubo un desequilibrio entre activos y pasivos, y por lo tanto no se cumplían las condiciones requeridas en el folleto para decretar la amortización”, explica.
Item, que además gestiona el portal antigua.news, que aparte de ofrecer información local sobre la isla ha publicado varias informaciones en exclusiva sobre el caso Credit Suisse, se apoya también en un informe legal de JP Morgan (del 21 de marzo de 2023) que considera que no se cumplen las condiciones para la amortización. “La ley se redactó a posteriori; se trata de una expropiación, y no se puede expropiar sin dar una indemnización”, remacha Item.
El informe de JP Morgan señala, en esta misma línea, que “la Finma informó de que Credit Suisse estaba cumpliendo los requisitos de capital más estrictos y no está claro que su coeficiente de solvencia se haya visto afectado negativamente” por las turbulencias y la salida de depósitos, y añade que “la liquidez adicional del SNB (Banco Central suizo) no se traduce en una mejora perceptible de las condiciones de capital del banco”, tal y como especifica el folleto. Con todo, la orden ejecutiva del Gobierno del día 19 de marzo obvia estas cláusulas y habilita a la Finma para decretar la amortización.
Demandas en curso
Por eso es en Suiza donde se libran las principales batallas legales sobre el rescate de Credit Suisse y sobre el decreto de la Finma para amortizar los AT1 de Credit Suisse. La firma Quinn Emanuel presentó una demanda el 18 de abril contra el supervisor suizo ante el Tribunal Administrativo Federal de Suiza, con sede en St. Gallen, que se amplió el 3 de mayo de 2023 para adherir a más demandantes a la reclamación. El despacho, que se asoció con cinco bufetes que representan a inversores en estos bonos residentes en Estados Unidos, Reino Unido, Singapur, el Consejo de Cooperación del Golfo y Suiza, actúa en nombre del grupo más grande de tenedores de AT1 de Credit Suisse, que suman más de 1.000 y que poseían más de 6.000 millones de dólares en este instrumento financiero, según informó en un comunicado.
Por otro lado, el despacho de Singapur Drew & Napier, en coordinación con el bufete suizo Nater Dallafior, ha acudido a dicha corte suiza contra Credit Suisse y contra Finma, en representación de dos grupos de tenedores de bonos cocos de la filial asiática del banco, aproximadamente 100 inversores. A esta acción judicial se sumará una demanda masiva, en nombre de aproximadamente 250 inversores, que ambas firmas legales están preparando contra Suiza, ante un tribunal del país y en cortes arbitrales conforme a las reglas del Ciadi (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, dependiente del Banco Mundial) y del CNUDMI (la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional), de acuerdo a fuentes cercanas al despacho asiático.
Asimismo, Pallas Partners está estudiando también la posibilidad de plantear varias demandas, dentro y fuera de Suiza, en los próximos meses con el fin de obtener más información sobre los acontecimientos que rodearon la amortización. Estos pleitos también estarían dirigidos contra UBS, según fuentes del despacho.
En conjunto, los demandantes argumentan que la amortización de los bonos fue ilegal y vulneró el principio de proporcionalidad y buena fe. Así, consideran que la decisión de la Finma fue contraria al interés público, ya que Suiza no otorgó ayudas públicas a Credit Suisse. Por ello, defienden que son víctimas de una expropiación por la que deben ser compensados totalmente por el daño ocasionado.
Por otro lado, algunos de los impulsores de las reclamaciones subrayan que el propio Credit Suisse cuestionó la legalidad de la decisión de la Finma, pero no en relación a los tenedores de bonos, sino a los bonus de directivos y trabajadores del banco que dependían parcialmente de estos cocos. “[Credit Suisse Group] sostiene además que no se produjo ningún ‘evento de viabilidad’ contractual porque el apoyo estatal no tuvo un efecto de capitalización”, reza una carta, citada por Financial Times y por Antigua News. En una segunda decisión el 22 de marzo, la Finma decretó que los llamados CCAs (Contingent Capital Awards, los bonus ligados a los cocos) estaban afectados por la amortización. Según FT, los incentivos afectados por esta decisión suman unos 400 millones de dólares.
Vuelta a la normalidad
Aunque el caso de Credit Suisse disparó los rendimientos de los cocos en toda Europa, la situación se ha normalizado y el sector ha vuelto a emitir este tipo de deuda. Incluso UBS ha vendido 3.500 millones de dólares de deuda contingente, recibiendo peticiones que multiplicaron por 10 la demanda, gracias también a un tipo de interés de más del 9%.
Mientras continúan los diversos procesos judiciales, los cocos de Credit Suisse se siguen intercambiando en mercados no oficiales. De acuerdo con la agencia Bloomberg, hace dos meses una mesa de negociación (Cantor Fitzgerald) lanzó una oferta para comprar los derechos de reclamación sobre esta deuda a un 9,5% de su valor nominal, frente al 5% o 6% de agosto. Esto quiere decir que algunos inversores apuestan por la posibilidad de un acuerdo extrajudicial. Un comportamiento especulativo habitual, de todos modos, en los mercados financieros. Según la asesoría financiera, Goldman Sachs es el banco que ha orquestado el mercado secundario de reclamaciones.
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