Estados, empresas y bancos, a juicio por no luchar lo suficiente contra el cambio climático
Los litigios climáticos se están convirtiendo en una herramienta vital para hacer cumplir los objetivos del Acuerdo de París. El 70% de las demandas se interpone en EE UU, según el PNUMA, pero Europa comienza a engancharse a la tendencia
Cuestión de conciencia o necesidad. Por infringir la ley o mostrar poco interés frente al calentamiento global. Cada vez más Estados, empresas y entidades financieras se sientan en el banquillo de los acusados por dañar el medio ambiente o incumplir sus promesas climáticas. La litigación en dicha materia se ha más que duplicado en cinco años, hasta los 2.180 casos, según el último informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia. Y pese a que la mayoría de los casos (70%) se han presentado en EE UU, el documento resalta que es una actividad que cobra fuerza en todo el mundo. Incluso, en los países en vías de desarrollo, donde se han registrado el 17% del total, y los pequeños Estados insulares.
Y es que la comunidad internacional está aún lejos de hacer realidad los objetivos del Acuerdo de París, a pesar de los compromisos empresariales de alcanzar la neutralidad de carbono y los avances en mitigación y adaptación, advierte el estudio Global climate litigation report. 2023 status review. “La ambición global sigue siendo insuficiente para afrontar el desafío”, recalca. La temperatura media global se sitúa ya 1,1 grados por encima de los niveles preindustriales, según el reciente informe de The Lancet Countdown, lo que eleva el riesgo mundial de muertes por olas de calor y el deterioro de los medios de subsistencia. De hecho, el servicio de cambio climático de Copernicus (C3S) prevé que 2023 será el año más cálido desde que hay registros.
Ante esta situación de urgencia, particulares (niños, jóvenes), sociedad civil (grupos de derechos humanos, ONG, comunidades indígenas) y Gobiernos subnacionales, entre otros, han recurrido a los tribunales para garantizar la aplicación de las leyes, integrar la acción climática en las políticas energéticas y ambientales, aumentar la ambición de los Estados o compensar por los daños, detalla el reporte de la ONU.
La sensibilización, clave
Para Sergio Velázquez, abogado litigante de Dentons, el auge en volumen, argumentos jurídicos utilizados y diversidad de destinatarios “es consecuencia de un movimiento de concienciación pública abanderado por las grandes ONG”. Si bien las demandas se dirigían en principio a países o instituciones públicas, ahora se formulan contra las empresas y los bancos, apunta.
“Es un fenómeno asociado al nuevo activismo ambiental. Las organizaciones ecologistas han sofisticado sus acciones y ya no se limitan a reivindicar mediáticamente sus planteamientos, sino que intervienen y promueven procedimientos judiciales en los que defienden legítimamente su visión en los contenciosos ambientales”, expone Juan Antonio Loste, socio de medio ambiente de Uría Menéndez. Y hace referencia también a ese cambio de diana en el demandado desde el sector industrial al financiero debido al Reglamento europeo (UE) 2020/852 sobre taxonomía ambiental, la directiva de greenwashing o las nuevas políticas de sostenibilidad en compañías mercantiles. “Todos los sectores están expuestos”, apostilla.
Además de la sensibilización social, Fernando Irurzun Montoro, socio de litigación y arbitraje en Clifford Chance, atribuye este crecimiento a las normas sobre acceso a la justicia en materia medioambiental fijadas a finales de los noventa y principios del año 2000, como el Convenio de Aarhus o la Directiva 2003/35/CE, cuyos frutos se perciben hoy; y a la evidencia de la urgencia climática, que, lejos de detenerse, se acentúa. También, a la exportación del modelo jurídico estadounidense, “con un nivel de litigiosidad espectacular”, añade Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), al tener un sistema basado en el common law o de carácter jurisprudencial, distinto del europeo, centrado en las leyes, explica.
Hasta las publicaciones periódicas del grupo de científicos de la ONU (IPCC); la encíclica Laudato si’, del papa Francisco, publicada en 2015, o la reciente Laudate Deum, de octubre pasado, o las acciones de organizaciones ambientalistas como Clientearth han influido, a juicio de Enric R. Bartlett Castellà, profesor de Derecho Público de Esade Law School, en el incremento de las acciones judiciales.
Los casos más sonados
Recurrir a esta vía no solo busca una indemnización económica basada en la responsabilidad histórica, sino también que la actividad de las empresas se ajuste al Acuerdo de París y a las obligaciones en materia de derechos humanos, enumera Velázquez, de Dentons, con datos del informe sobre Tendencias mundiales en los litigios sobre el cambio climático; instantánea de 2023, elaborado por el Centro de Economía y Política del Cambio Climático y el Instituto Grantham. “Una novedad importante de los últimos meses es la fusión de ambos tipos”, resalta.
Una sentencia histórica en Europa fue la del Tribunal Supremo holandés de 20 de diciembre de 2019. Interpuesta por la ONG Urgenda, el fallo ordenaba al Gobierno de Países Bajos reducir un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2020 respecto de las registradas en 1990. “Declaró la violación del artículo 21 de la Constitución holandesa, que establece la obligación de los poderes públicos de velar por la habitabilidad del país y la protección y mejora del medio ambiente”, comenta. Pese al precedente que supuso dicha decisión, Javier Fernández Rivaya, socio del departamento de derecho administrativo y constitucional de Garrigues, señala que esta práctica es aún muy reducida en Europa. “Más de dos tercios de los [casos] que se han iniciado hasta diciembre de 2022 han sido entablados en tribunales de EE UU”, sostiene.
Este año ha cobrado protagonismo la demanda de los seis jóvenes portugueses contra 32 países, España entre ellos, ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, por su inacción contra el cambio climático. Cuatro de ellos viven en Leiria, una de las zonas lusas afectadas en 2017 por una ola de incendios que causó más de 100 muertos y miles de hectáreas calcinadas. La primera audiencia se celebró en septiembre pasado y se espera la resolución en unos nueve o diez meses.
Mientras, en España, el Tribunal Supremo desestimó el primer litigio de este tipo interpuesto por Greenpeace y otras organizaciones ecologistas contra el Estado español. Las entidades exigían que el recorte de las emisiones de CO2 se elevara al 55% desde el 23% fijado y la impugnación del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima aprobado en 2021 al considerarlo insuficiente.
¿Es esta la vía para alcanzar las metas climáticas? “Es clave para países y empresas que no están adoptando políticas que impulsen la transformación necesaria”, opina Barreira, del IIDMA. Sin embargo, Irurzun, de Clifford Chance, cree que son un medio para conseguir el cumplimiento de normas jurídicas, no para cambiar leyes o forzar el cumplimiento de objetivos políticos o programáticos que no han sido trasladados a leyes jurídicas claras”.
Desafíos
Aplicación de la ley. Victoria Esteban del Palacio, socia del departamento de derecho administrativo y medioambiental de Garrigues, considera que debe fortalecerse la aplicación de las leyes en un ámbito, el medioambiental, que es transversal y que trasciende y repercute en lo global. “De nada sirve una normativa muy rigurosa sin que se cumpla o se haga cumplir”. Una opinión que comparte Enric R. Bartlett Castellà, de Esade Law School. Para Luis Cabrera Álvarez, director de ESG de G-advisory, la filial de consultoría en el área de Garrigues, “cumplir con la ley vigente, a la par que con los compromisos de descarbonización, solo será posible con planes técnicos-económicos sólidos y rigurosos”.
Menos descentralización. Fernando Irurzun Montoro, de Clifford Chance, recuerda que la “profunda descentralización política y administrativa en medio ambiente en España hace, con frecuencia, más compleja su aplicación, pese a que nuestra legislación es equiparable al resto de la UE e incluso más proteccionista en algunos aspectos (somos uno de los Estados con más áreas de protección de aves)”. Irurzun insiste en que, aunque en otros países el denominado federalismo competitivo ha generado un pulso entre Estados o regiones para ver cuál es el más avanzado en la materia, esa realidad puede ocasionar una competencia desreguladora o la baja en los estándares de protección.
Papel claro. Irurzun aboga también por que cada poder del Estado asuma su función. “Corresponde al Parlamento establecer las obligaciones de las Administraciones, empresas y ciudadanos, con reglas claras y aplicables, y a los tribunales cumplir esas normas. Y al Gobierno, promover las normas para cumplir los acuerdos internacionales que se asumen por el Ejecutivo y no solo por impacto político e imagen”.
Incentivos. Juan Antonio Loste, de Uría Menéndez, cree que la consecución de los objetivos del Acuerdo de París ha de ir acompañada de incentivos y políticas públicas que permitan a los sectores implementar los cambios descarbonizadores, como los Perte. “El mayor desafío está asociado a la pérdida de competitividad de la industria”.
Formación. Ana Barreira, del IIDMA, pide más formación de abogados y jueces en la materia. Precisamente, por el “tsunami normativo” generado y que vendrá de aquí a 2050 derivado de las políticas europeas, como el paquete Fit for 55, que actualiza la legislación y fija medidas para garantizar que dichas políticas estén en consonancia con las metas climáticas acordadas, señala Jesús Mardomingo, profesor de IEB y abogado de Dentons en España. Sequía, agricultura, movilidad, infraestructuras energéticas o relaciones bilaterales con China o África son áreas de posibles contenciosos, dice.
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