Uría Menéndez, de coordinar el ‘forensic’ de BBVA por el caso Villarejo a asesorar a Sabadell en la opa
El despacho de abogados fue contratado en 2019 por la cúpula de Carlos Torres para localizar, junto a Garrigues, los encargos realizados al comisario jubilado y depurar responsabilidades internas
Los asesores jurídicos de BBVA y Banco Sabadell tendrán un papel clave en la opa hostil que el primero lanzó a principios de mayo sobre la entidad catalana, con sede social en Alicante. Los despachos de abogados elegidos por ambos bancos se encuentran en el epicentro de toda la operación, que irá sumando capítulos durante los próximos meses. La entidad que preside Carlos Torres ha mantenido su confianza en el bufete Garrigues, que ya le defiende en el caso Villarejo, donde figura como investigada como persona jurídica y con la presión de Anticorrupción, que ha pedido al juez instructor que le lleve a juicio. En el otro bando se encuentra la compañía que dirige Josep Oliu, que ha elegido a Uría Menéndez para que pilote los asuntos legales relacionados con la oferta de compra, si bien esta opción ha llamado la atención al sector financiero, ya que este bufete coordinó hace años una parte de la defensa de BBVA en la mencionada macrocausa que se investiga en la Audiencia Nacional.
En concreto, Garrigues y Uría Menéndez fueron los dos despachos a los que BBVA encomendó una investigación para aclarar y depurar responsabilidades internas por las contrataciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar a empresarios, políticos y periodistas, entre 2004 y 2017. Garrigues, despacho de referencia de la entidad de origen vasco, fue el que comenzó a recopilar documentación para conocer los detalles de los encargos realizados a Cenyt, el entramado empresarial liderado por el agente encubierto, tras aparecer las primeras noticias en prensa sobre estos hechos, a mediados de 2018. El banco decidió reforzar el equipo de abogados que estaba revisando la documentación, por lo que, en enero de 2019, decidió contratar también a la firma que ahora lidera el abogado Jesús Remón, así como a la auditora PwC, que realizó un forensic que ha sido clave para el avance de la instrucción judicial del caso Villarejo.
No obstante, el forensic también ha sido el origen de una fuerte polémica durante el curso de la investigación judicial. Por un lado, algunos de los directivos investigados por las contrataciones de Villarejo aseguran que PwC no contó con la documentación suficiente para hacer su análisis y que por ello le achacan la responsabilidad de la contratación de Villarejo. Y por otro lado, algunas de las acusaciones particulares cuestionan que dicho examen interno no fue todo lo exhaustivo que podría haber sido, ya que no contempló toda la información almacenada en BBVA sobre los servicios que el prestó el comisario jubilado. Ahora, como última prueba a realizar en el bautizado como caso BBVA, y contando con el permiso del juez instructor, varios peritos de parte revisan todos los archivos del citado forensic para buscar indicios que refuercen sus acusaciones.
Fuentes del sector financiero no solo destacan que la coordinación entre Garrigues y Uría Menéndez para bucear en los archivos de BBVA tuvo lugar hace más de cinco años, sino que ambos despachos ya fueron elegidos en 2020 (un año después del citado forensic) para intentar cerrar una fusión, que finalmente no tuvo lugar. Ahora, cuatro años después, BBVA y Sabadell vuelven a confiar en los mismos asesores en la operación de compra que ha retomado Carlos Torres. Uría Menéndez ha declinado hacer comentarios a este periódico sobre este asunto.
“Murallas chinas”
En este sentido, fuentes jurídicas explican que los abogados que trabajan en una opa se centran en cuestiones técnicas que nada tienen que ver con el proceso penal que se esté desarrollando en paralelo. De hecho, indican que los equipos de derecho penal de los despachos de abogados, sobre todo los de mayor tamaño —Garrigues y Uría Menéndez, son los que más facturan en España junto a Cuatrecasas—, trabajan de forma “independiente y sin contracto con otros departamentos”. De este modo, sortean cualquier posible conflicto de interés, regulado y restringido en el Código Deontológico de la Abogacía Española, a la hora de que otra área legal del bufete se encuentre en un escenario con intereses contrapuestos.
Existe un “total compartimento” entre equipos, precisan las fuentes consultadas, que recuerdan que los bufetes suelen tener implantadas murallas chinas. Es decir, un protocolo de prevención entre áreas legales que establece una serie de prohibiciones para mantener a los equipos aislados y sin que puedan acceder a determinada información con el fin de evitar que se contaminen los distintos procesos en los que se trabajan.
Además de Garrigues, BBVA cuenta con otras firmas para llevar a cabo la transacción que daría lugar a un gigante bancario, el segundo español con más de un billón de activo. En la parte legal, ha contratado también al despacho internacional Davis Polk & Wardwell, mientras que ha confiado la asesoría financiera en JP Morgan, UBS y Rothschild. Por su parte, Sabadell ha fichado al banco de inversión Morgan Stanley y a Goldman Sachs para los asuntos financieros para apoyar la estrategia legal de Uría Menéndez.
Para iniciar la toma del Banco Sabadell, Carlos Torres ha convocado a sus accionistas a una junta extraordinaria para el próximo 5 de julio para que den el visto bueno a una ampliación de capital del 19% (se emitirán hasta 1.126.339.845 acciones ordinarias) que permita la compra del Sabadell. En concreto, BBVA oferta una acción por cada 4,83 títulos de la entidad catalana. Antes de todo ello, el banco debe superar una serie de trámites administrativos, que pueden alargarse meses, como las autorizaciones del Banco Central Europeo (BCE), de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que el pasado 11 de junio admitió a trámite la opa.
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