Anticorrupción achaca a BBVA el retraso para cerrar el caso Villarejo, que afronta una semana clave
La fiscalía afirma que la estrategia de defensa del banco ha “dilatado o dificultado” el avance de la causa
La Fiscalía Anticorrupción vuelve a la carga en una semana clave para BBVA en el marco del caso Villarejo. En un reciente informe, al que tuvo acceso CincoDías, el ministerio público se ha defendido de los ataques de la entidad financiera, que acusa a los investigadores de tener un “complot” frente a la misma para alargar la investigación, y ha achacado a la estrategia de defensa del banco que el procedimiento judicial abierto por contratar los espionajes al comisario jubilado José Manuel Villarejo no haya finalizado aún.
El escrito con fecha pasado 13 de junio, en el que se opuso al recurso de BBVA contra la última prórroga de la causa –que precisamente caduca a finales de este mes–, la fiscalía ha subrayado las ocasiones en las que la entidad que preside Carlos Torres se ha negado a facilitar documentación, acogiéndose a su derecho de defensa como persona jurídica investigada, o ha recurrido decisiones del juez instructor. Según los fiscales, esto “ha dilatado o dificultado” la práctica de diligencias.
La fiscalía asegura que no está haciendo ninguna “crítica” al banco, ya que entiende que todo encaja en su “estatuto procesal y estrategia de defensa”, si bien, a lo largo de 97 páginas, ha enumerado las actuaciones de BBVA que, en su opinión, “han impedido finalizar la investigación en plazo” y que “equivale dejar en manos del investigado la investigación”. Los fiscales insisten en que esta forma de actuar choca con la “aparente colaboración” con la Justicia que BBVA abandera desde el inicio del procedimiento.
En la larga lista de lo que Anticorrupción ha calificado de “tira y afloja”, los representantes del ministerio público han destacado la oposición de la entidad a ampliar la investigación para indagar en los presuntos encargos realizados al ex inspector de Policía Antonio Bonilla, estrecho colaborador de Villarejo, en el año 2018, cuando el comisario jubilado ya se encontraba en prisión preventiva. En esta línea, también hacen referencia a la negativa del representante legal de BBVA a declarar sobre estos hechos. Se trata de un contrato en el que que los investigadores no han podido profundizar y sobre el que sospechan que el agente encubierto siguió trabajando con el banco pese a la apertura de una investigación en la Audiencia Nacional.
El ‘forensic’
El informe también se centra en la investigación interna que PwC elaboró por encargo de la defensa de BBVA, ejercida por el despacho Garrigues, para depurar responsabilidades internas por la contratación de Villarejo. El ministerio público ha asegurado que este forensic que se entregó al juez para que la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional lo examinara no está completo. Según ha señalado, el banco ha entregado documentación de manera “sesgada y paulatina”, en la que se “exponían a algunas personas y evitaban a otras”, generando así “una gran confusión y dificultad en la revisión de la documentación”.
En este sentido, el informe apunta que el banco aportó a la causa 2,3 millones de hits (evidencias) de dicho análisis efectuado por la consultora, cuando en verdad se extrajeron casi cuatro millones de hits. Añade el escrito que al menos existieron siete versiones de trabajo y solo fueron entregadas a la justicia dos, la primera y la última.
Tal y como informó CincoDías, de las 71 personas que aparecen en el listado del forensic, solo los dispositivos y comunicaciones de 18 profesionales del banco fueron copiados, procesados y analizados. Entre ellos, no se encuentran ni el presidente del banco, Carlos Torres, ni el que fuera su hombre de confianza, Ricardo Forcano, cuyos datos fueron copiados, pero no procesados ni analizados, pese a que una nota interna, redactada por la jefa de los servicios jurídicos del banco, María Jesús Arribas, les incluyó en una lista inicial.
Los fiscales hacen hincapié en que PwC no fue quien “autodefinió” el alcance de su trabajo, sino que “siguió las indicaciones de Garrigues y BBVA con relación, tanto a las personas sobre las que realizar procesos de obtención de documentación, como las palabras a usar en la búsqueda y los concretos asuntos sobre los que debería elaborar un informe”.
Declaración de la jefa jurídica de BBVA
Por estos hechos, previsiblemente, será preguntada este viernes, 21 de julio, la elegida por Carlos Torres para dirigir el área legal del BBVA, sobre quien están puestas todas las miradas, en un momento clave de la instrucción, pendiente de si se vuelve a prorrogar. Es la primera vez que esta responsable comparece como testigo ante el juez instructor, que en 2021 ya se negó a tomarle declaración, al considerar que no tenía “nada que aportar”, como defendió la entidad bancaria, pues solo se limitó a cumplir con los requerimientos judiciales y remitió información sobre los contratos y facturas asociadas o abonadas a Villarejo o la normativa interna sobre la contabilización y pago de facturas, entre otros documentos.
Ahora, este criterio ha cambiado tras aparecer unos correos electrónicos de 2018 en los que Arribas fue “emisora o receptora”. El banco ha intentado evitar que el interrogatorio de la responsable del departamento jurídico de BBVA -primera línea de defensa de la entidad- tenga lugar y ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, alegando que la verdadera intención es investigar cómo se realizó el forensic. Por el momento, la cita sigue en pie, ya que no hay resolución que diga lo contrario.
Papel del consejo de administración
Además, en el escrito, Anticorrupción hace una reflexión sobre el papel que juega el consejo de administración de “una gran empresa bancaria con implantación mundial y sometida a distintos mercados supervisados” en esta causa judicial. Los fiscales han recordado que las personas jurídicas, al igual que las físicas, tienen derecho a “no declarar contra sí mismas y no colaborar facilitando documentos que pueden resultarles perjudiciales”. Esta decisión, han precisado, entra dentro de la estrategia de defensa, cuya toma de decisión procesal corresponde al consejo de administración.
De este modo, la fiscalía diferencia las decisiones adoptadas por este órgano gobierno que preside Carlos Torres de las que se pueden tomar para afrontar un posible “riesgo reputacional y supervisor de la empresa”. Y es que, según ha explicado Anticorrupción, “en última instancia” este asunto “pertenece a unos accionistas que, en su gran mayoría, ni participan, ni podrían hacerlo, en las decisiones del consejo de administración”.
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