Berkeley, tras Abengoa o Popular: los arbitrajes más caros contra España no siempre salen adelante
Algunas de las reclamaciones rondan o superan los 1.000 millones, como es el caso de la minera o la antigua ingeniería andaluza
Berkeley Energía ha iniciado los trámites para enfrentarse a España en un arbitraje internacional por su proyecto fallido de la mina de uranio de Retortillo (Salamanca). La compañía, que ya había hecho anuncio de sus intenciones el pasado mes de abril, ha reclamado al Estado 1.000 millones de dólares (921 millones de euros), si bien esta cuantía supone una estimación del daño inicial que, a lo largo del proceso, se irá afinando. Aun así, la firma minera aseguró que este pleito “podría convertirse en la mayor reclamación enfrentada por España desde que José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno”, tal y como notificó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según varios expertos en arbitraje consultados por este periódico, esta afirmación tiene que ver con uno de los primeros arbitrajes que se presentaron contra el Estado español en relación al recorte de las primas de las renovables, el de The PV Investors, que planteó un arbitraje en 2011 y exigió una indemnización de 1.900 millones de euros, aunque únicamente se reconocieron 91 millones de euros.
Precisamente, la reducción de los beneficios por las inversiones en las energías renovables, que empezaron a notarse en 2010 bajo el mandato de Zapatero y que se intensificaron con la reforma eléctrica que acometió el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, ha provocado que España afronte numerosas demandas en distintas cortes de arbitraje por daños y perjuicios. Así, otro de los grandes litigios que ha afrontado la Abogacía del Estado es el promocionado por CSP Equity Investment, una filial de la antigua Abengoa, que exigió una compensación de 1.882 millones de euros. Finalizó con un jarro de agua fría para la compañía andaluza —cuyos activos fueron adjudicados a Cox Energy en un proceso concursal en abril de 2023— y el fondo de inversión que compró parte de los derechos en este pleito.
En la lista de arbitrajes más millonarios que se han planteado contra España en los últimos años está el que la familia mexicana Del Valle, uno de los principales accionistas del Banco Popular (controlaba el 4% del capital), presentó al sentirse perjudicada por la resolución de la entidad en junio de 2017, ya que su inversión en el banco se esfumó en dicho momento. Los accionistas estimaron el daño en 700 millones de euros, si bien el tribunal de arbitraje que dirimió este asunto afirmó que la actuación llevada a cabo por el Banco de Central Europeo (BCE) y la Junta Única de Resolución (JUR) fue acertada y legal y, por tanto, el Estado español no tenía ninguna responsabilidad en la desaparición del banco, que fue absorbido por el Banco Santander por el valor simbólico de un euro.
Ajuste de las reclamaciones
Los expertos consultados destacan que lo lógico en las demandas de arbitraje es que los importes que los demandantes reclaman al inicio del pleito varíen con respecto a lo que finalmente se pide y lo que el tribunal acuerda en su laudo. Así, Laura Cózar, socia de Accuracy, firma internacional especializada en asesoramiento financiero y estratégico, explica que la solicitud de arbitraje ante debe ir acompañada de una primera estimación, aunque sea grosso modo, para que la institución que se encargue de analizar el caso puede plantear el coste del pleito, así como los honorarios de los árbitros, que sean proporcionales con la reclamación que se presenta. No obstante, dicha cifra no es definitiva, pues se somete a diversos ajustes durante el procedimiento, ya que los peritos de ambas partes van exponiendo sus criterios sobre las consecuencias de los supuestos de los contratos. “Los peritos no pueden dar argumentos que no puedan sustentar con documentos”, subraya Cózar.
Otra fuente consultada, que prefiere guardar el anonimato al encontrarse presente en procedimientos que se están aún dirimiendo, ha añadido que las instituciones arbitrales también piden hacer una previsión de la estimación del daño, al mismo tiempo que obligan a hacer una primera aportación de fondos para tratar de evitar que se presenten demandas sin fundamento o que los demandantes inicien procesos cuyos gastos no pueden afrontar. Dichas cantidades depositadas sirven de “garantía” para que la corte de arbitraje pueda llevar a cabo el procedimiento, puntualiza Cózar.
Así las cosas, los expertos afirman que en muchas ocasiones las reclamaciones no tienen nada que ver con las compensaciones que finalmente se reconocen y recuerdan algunos ejemplos como laudos por el recorte de las primas de las renovables que terminan reconociendo cantidades muy inferiores a las pedidas. Así ocurrió con RWE Innogy, que logró una indemnización de 28,1 millones de euros de los 430,7 millones exigidos, o con Renergy, que pidió recuperar 207,7 millones y le concedieron 32,9 millones.
Los inversores de renovables que sí han logrado una importante indemnización y cercana a lo solicitado han sido NextEra Energy, que ha supuesto una de las mayores derrotas de España, ya que la firma obtuvo un laudo a favor de 290,6 millones de euros de los 503,5 reclamados; Eurus Energy, que se le han reconocido 106,2 millones de 258 millones estimados como perjuicio; Antin (que lidera una de las acciones de bloqueo de activos españoles en el extranjero para afianzar el pago de dicho monto), que logró el derecho a recibir una indemnización de 120 millones de los 238 que exigió; o E.On, que reclamó 300 millones. En este último caso, aunque la cuantía otorgada finalmente no ha trascendido públicamente, fuentes cercanas a la defensa de la compañía indican que ronda la cifra prevista. No tuvo la misma suerte Eiser y Energía Solar, cuyo pleito se sitúa entre los más caros (128 millones de euros), pero terminó siendo anulado.
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