España dobla esfuerzos en uno de los arbitrajes internacionales clave por el recorte de las renovables
La Abogacía del Estado requiere de nuevo los servicios de la consultora financiera Accuracy para hacer un peritaje en el pleito iniciado por la portuguesa Cavalum
El Estado español no se rinde y dobla esfuerzos para defenderse de las reclamaciones millonarias que piden inversores perjudicados por el recorte de las primas de las energías renovables. El último caso ha sido el arbitraje iniciado en 2015 por la portuguesa Cavalum SGPS, procedimiento en el que la Abogacía del Estado ha contratado un peritaje para anular completamente el laudo que reconoció una indemnización de nueve millones de euros a favor del inversor.
Según han explicado fuentes del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico a CincoDías, el nuevo estudio pericial se realizará en el marco de la petición de nulidad parcial que presentó Cavalum, después de que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), organismo del Banco Mundial donde se resuelven casi todos los arbitrajes que se plantearon contra España por el recorte de las renovables, otorgara una compensación muy inferior a los 60 millones de euros que estimó en concepto de daños y perjuicios.
La empresa seleccionada para realizar el peritaje ha sido la consultora financiera Accuracy y el importe del contrato público es de 110.000 euros, de acuerdo a la adjudicación consultada por este medio. Esta firma internacional ya prestó asesoramiento a la Abogacía del Estado durante las primeras fases del arbitraje antes de que el Ciadi dictara el laudo que ahora está siendo objeto de discusión.
España también ha planteado la nulidad contra esta decisión, ya que, al igual que ha argumentado en el resto de laudos dictados a favor de los intereses de los inversores, defiende que tiene inmunidad soberana e insiste en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) limitó, en 2021, la validez de los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria. Asimismo, los servicios jurídicos del Estado aducen que las indemnizaciones deben ser autorizadas por la Comisión Europea para que no sean calificadas de ayudas ilegales de Estado.
Cavalum, fundada por los ingenieros portugueses Carlo Cardos y José Valentim Pereira da Cunha, inició el arbitraje ante el Ciadi en 2015, al demandar a España por violación del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) —de la que tanto España como la Unión Europea han anunciado su salida, aunque su vigencia perdurará 20 años más—. La firma portuguesa denunció que la decisión del Ejecutivo de Mariano Rajoy le perjudicó con el recorte de la retribución de media docena de plantas fotovoltaicas ubicadas en el centro y oeste de España, al tiempo que se vio obligado a abandonar tres proyectos, los de Fotovoltaica Lobón, Solar Lobón y Solar de Botoa.
En 2020, el tribunal dio por acreditado que España socavó las expectativas de Cavalum y que el rendimiento de sus inversiones en las plantas no fue el razonable. No obstante, dio a ambas partes del proceso un total de 28 días para que llegaran a un acuerdo y determinaran la cuantía que la firma portuguesa debía recibir en concepto de compensación. Finalmente, el Ciadi validó el importe de nueve millones de euros.
Goteo de demandas
España encabeza el listado de países europeos con más arbitrajes relacionados con el hachazo a las renovables. Desde hace más de una década, el Estado español ha afrontado un goteo de demandas. En concreto, los inversores plantearon 52 arbitrajes en distintas cortes, como el Ciadi, Unictral (dependiente de la ONU) y la sede de arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), para reclamar más de 10.635 millones de euros, en total, por el recorte de las primas de las energías verdes.
Los tribunales han fallado 34 de estas demandas en las que se ha dado la razón a España en siete ocasiones, mientras que 25 de los casos se han resuelto a favor de los inversores y fondos oportunistas en estos litigios. No obstante, los servicios jurídicos del Estado lograron anular dos de los laudos perdidos inicialmente, como son los relativos a NovEnergia (a quien se reconoció la compensación por 53,3 millones de euros), y a Eiser y Energía Solar (128 millones).
Asimismo, tres demandantes terminaron desistiendo de sus intenciones iniciales para acogerse al real decreto-ley que el Gobierno aprobó en 2019 para otorgar a las plantas afectadas una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta 2031, a cambio de no seguir pleiteando. Una de ellas fue la compañía Masdar Solar, de Abu Dabi, que renunció a cobrar 64,5 millones de euros (80 millones con intereses).
En cualquier caso, las obligaciones de indemnización distan mucho de lo reclamado por los inversores, pues solo se han reconocido compensaciones por 1.700 millones de euros, lo que supone una reducción de 84% sobre lo demandado, según han concretado fuentes del ministerio que dirige Teresa Ribera. Hasta el momento, ninguno de estos laudos han sido ejecutados.
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