La justicia alemana despeja el camino a RWE para pedir el embargo de activos españoles en EE UU por el recorte de las renovables
La Corte Regional de Essen considera “inadmisible” la petición de España de no permitir a la energética instar la ejecución de un laudo de 28 millones
La justicia alemana ha abierto la puerta para que RWE, una de las compañías energéticas que demandó al Estado español por el recorte de las primas de las renovables, inicie en Estados Unidos el procedimiento para ejecución del laudo que reconoce una indemnización de 28 millones de euros a su favor y el eventual embargo de activos españoles, al igual que ya han solicitado otros inversores o fondos oportunistas perjudicados por la reforma eléctrica que se acometió en 2013 en Reino Unido o Australia.
En una sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la Corte Regional de Essen ha desestimado la solicitud del Estado español —que en este asunto ha estado representado por el despacho Simmons & Simmons— de prohibir a RWE que iniciara procedimientos judiciales en el extranjero, en concreto en Estados Unidos, con el objetivo de instar medidas cautelares que garanticen la ejecución del laudo arbitral. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), dependiente del Banco Mundial, concluyó a finales de 2020 que la compañía —asesorada por Allen & Overy― debía ser compensada 28 millones de euros, más intereses, por daños y perjuicios en siete plantas hidroeléctricas y eólicas. El tribunal de arbitraje confirmó esta decisión el pasado mes de abril, al rechazar la petición de nulidad de la Abogacía del Estado.
La cifra reconocida fue muy inferior a la solicitada por el demandante, que estimó las consecuencias del recorte de las primas de las renovables, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy, en más de 250 millones de euros por el perjuicio causado en las rentabilidades de un total de 24 plantas.
Tras conocer la primera decisión del Ciadi, la compañía alemana inició, en diciembre de 2021, un procedimiento ante el Tribunal del Distrito de Columbia (competente para resolver controversias del derecho mercantil internacional) para llevar a cabo la ejecución del laudo, si bien España presentó una demanda en los tribunales de Alemania para intentar paralizarlo, al considerar que el intento de ejecutar la decisión arbitral fuera de las fronteras europeas supone un abuso de derecho.
Para los magistrados alemanes, dicha prohibición de litigar es “inadmisible” porque los procedimientos de ejecución en tribunales internacionales no llevan aparejados ninguna “injerencia en los derechos soberanos”. “El laudo arbitral no es una decisión dictada en un procedimiento soberano y, por lo tanto, es no forma parte del monopolio del Estado sobre el uso de la fuerza o de los procedimientos judiciales ordinarios”, explica la resolución de la Corte de Essen.
Asimismo, la sentencia expone que los tribunales alemanes “carecen de competencia internacional” para decidir si un laudo puede ser ejecutado o no en el extranjero. La decisión de aceptar o rechazar la reclamación de bloquear bienes en otro país distinto al Estado demandado depende “en exclusiva” de la justicia “de ese otro Estado”, añaden los magistrados.
Embargos en Reino Unido y Australia
Fuentes próximas al procedimiento han señalado que en el marco de la ejecución del laudo, la defensa de RWE puede solicitar el embargo de bienes del Estado español en Estados Unidos para garantizar el pago de la indemnización. Hasta el momento, España no ha afrontado ninguno de los laudos por el recorte de las renovables que ha perdido en distintas cortes de arbitraje. Los servicios jurídicos del Estado alegan, por un lado, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) limitó la validez de los laudos entre inversores europeos y un Estado miembro de la Unión y, por otro lado, que la Comisión Europea tiene que autorizar dichos abonos para evitar que sean declarados ayudas de Estado ilegales.
Debido a ello, y en el marco del conocido como caso Antin (donde se reconoció al fondo que compró los derechos del inversor francés una indemnización de 120 millones de euros), la justicia británica ordenó embargar de manera cautelar el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un inmueble histórico propiedad del Estado español en Londres. Asimismo, han provocado que parte de los 850 millones de euros que España tiene pendiente de recibir por el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas queden en el aire, después de que solicitaran también su embargo, pero el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales vetara al Estado a cobrar la indemnización.
Por otro lado, el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments (que ganó un laudo por el valor de 28,2 millones de euros) también consiguió que el Tribunal Superior de Londres embargara de manera provisional las cuentas de la sede del Instituto Cervantes en la capital británica y de la sede de la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña.
Fuera del continente europeo, los fondos han abierto la vía de otros posibles embargos, como en Australia, después de que su Tribunal Supremo desestimara el recurso de los servicios jurídicos españoles contra el laudo que obliga a pagar 101 millones de euros a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termsolar. Los inversores pusieron el interés en la actividad de la filial australiana de Navantia.
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