La factura del millonario pleito entre los herederos del sultán de Joló y Malasia
El árbitro Gonzalo Stampa, cuya condena por desobediencia ha sido confirmada por la Audiencia de Madrid, condenó al Estado asiático a pagar 14.920 millones de dólares
El arbitraje entre los herederos del sultán de Joló y Malasia suma un nuevo capítulo. La Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado la condena por desobediencia a Gonzalo Stampa, el árbitro que falló a favor de los ciudadanos filipinos, al entender que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) había anulado su designación (por sorteo) como responsable de dirimir uno de los pleitos más caros de la historia del arbitraje, que se inició en 2019 y que aún sigue coleando.
Esta última sentencia abre la puerta a que el asunto llegue al Tribunal Supremo. Fuentes jurídicas han indicado que la defensa de Stampa estudia en profundidad los argumentos de la Audiencia de Madrid, cuyo fallo se dio a conocer el pasado sábado a través de un comunicado de la Embajada de Malasia, antes de decidir si presenta el recurso de casación. No obstante, apuntan que lo más seguro es que impugne la sentencia ante al alto tribunal para defender que no existió ninguna desobediencia al TSJM.
Es más, el árbitro ya apuntó en su laudo final, firmado el 28 de febrero de 2022 en París, que la resolución de nulidad del tribunal superior madrileño llegó dos años después del nombramiento, en junio de 2021, creando así una “situación perturbadora en el arbitraje, sin precedente conocido hasta la fecha en España”.
La Audiencia de Madrid ratificó la condena a seis meses de prisión por un delito de desobediencia e inhabilitación durante un año para ejercer como árbitro que impuso, el pasado mes de enero, el Juzgado de lo Penal número 31 de Madrid, al considerar que Stampa era “perfecto conocedor” de la nulidad de su nombramiento, que había sido notificado a través de un oficio y una diligencia de ordenación enviada por email y fax, y que aun así había trasladado la sede de arbitraje a París (Francia).
Mientras tanto, el Tribunal Supremo de Francia y el de Países Bajos tienen pendiente resolver los recursos contra las sentencias de las cortes de apelación de París y La Haya que no reconocieron el laudo que condena al país asiático a indemnizar a ocho herederos del sultán de Joló con 14.920 millones de dólares (alrededor 13.770 millones de euros, al cambio actual). Dichos tribunales afirmaron que Stampa no tenía competencia para resolver el conflicto entre los demandantes y Malasia, a tenor de lo marcado por el TSJM.
Así las cosas, el desenlace de este arbitraje aún no ha llegado, pero su factura es millonaria y hace que sea uno de los más elevados, tanto que puede tener repercusión en las cuentas públicas del Estado asiático si los tribunales extranjeros cambian de opinión y obligan a ejecutar el laudo.
La mitad de lo reclamado. La cifra reconocida como indemnización es algo menos de la mitad de los 32.000 millones de dólares (29.550 millones de euros, al cambio) que los descendientes del sultán reclamaron. El árbitro entendió que Malasia debe responder por el incumplimiento de un contrato para el arrendamiento de recursos naturales del Siglo XIX. Joló es una isla al suroeste de Filipinas, cuyo territorio formó parte del imperio español en el siglo XVIII (lo que motivó que se eligiera Madrid como primera sede para resolver el litigio) y que en la actualidad pertenece al Estado asiático, de ahí que sea la parte demandada.
Incidencia en la economía de Malasia. Si finalmente se ejecuta el laudo, Malasia afrontará una cantidad que supone alrededor del 15% de su gasto público, que en 2022 fue de 97.868,2 millones de euros, y de un 3,5% de su Producto Interior Bruto (PIB), que en dicho año se situó en 386.218 millones de euros.
Los hechos en cuestión se remontan a 1878 cuando el entonces sultán de Joló, Mohammed Jamalul Alam, firmó con el barón de Overbeck, cónsul del imperio austrohúngaro en Hong-Kong, y posteriormente con Alfred Dent, fundador de la British North Borneo Company, un acuerdo para el arrendamiento de la explotación de perlas, nidos de pájaros y maderas al norte de la isla de Borneo e islas adyacentes por el precio de 5.000 pesos filipinos.
Durante décadas, los arrendatarios pagaron anualmente el precio conforme a lo pactado hasta que British North Borneo quebró en 1946. Fue entonces cuando la corona británica adquirió la condición de arrendataria hasta 1963, cuando Malasia comenzó a pagar las cantidades debidas tras adquirir su independencia. Sin embargo, el descubrimiento de nuevos recursos naturales como el petróleo y el gas en las décadas de los 80 y los 90, hizo aumentar la tensión, ya que los herederos del sultán intentaron renegociar el contrato, que nunca se llegó a cerrar. La administración dejó de pagar en 2013, bajo el argumento de que el territorio de Joló les corresponde legítimamente desde 1957.
Según indica el laudo final firmado por el abogado Gonzalo Stampa, los 14.920 millones de dólares de indemnización corresponden a la restitución de los derechos sobre el territorio arrendado al norte de Borneo más intereses de adjudicación del 3,96% anual, a contar desde el 1 de enero de 2013 hasta 2044.
Gastos legales. Pero el importe total del arbitraje es mayor, ya que a la indemnización se deben sumar otros costes del pleito relacionados con los honorarios y costas de abogados y peritos. De acuerdo al laudo final, los gastos legales de los herederos del sultán de Joló —que han estado representados por B. Cremades & Asociados y 4-5 Gray’s Inn Square Chambers— ascienden a 3,5 millones de dólares, los cuales deben ser afrontados, también, al 100% por Malasia, si la resolución finalmente recibe el visto bueno. Los costes de la defensa del Estado, asesorado por el despacho Uría Menéndez, no han trascendido, ya que no se han incluido en el fallo.
Honorarios del árbitro y gastos legales. A todo ello se deben sumar también los honorarios de Gonzalo Stampa, que se elevan hasta los 2,75 millones de dólares. En concreto, 417.195 dólares corresponden a laudo de jurisdicción por el que el árbitro se declaró competente para analizar el pleito; y los 2.338.247,42 millones de dólares restantes son relativos al laudo final. Gran parte de esta cantidad fue depositada por los demandantes, ya que Malasia no aportó su parte. Así las cosas, el fallo contempla la devolución de la cantidad adelantada por los herederos.
Bloqueo de activos. Como suele ser habitual en los arbitrajes, los demandantes solicitaron embargar bienes del país demandando en el extranjero con el fin de garantizar el pago de la condena y la devolución de los gastos extras. En este caso, los herederos de Mohammed Jamalul Alam pusieron la mirada en la sede de dos filiales de Petronas en Luxemburgo, vinculadas a proyectos en el Mar Caspio. La justicia de dicho país ordenó en julio de 2022 el bloqueo preventivo de Petronas Azerbaijan (Shah Deniz) y Petronas South Caucasus, que administra los intereses de la petrolera en Azerbaiyán, si bien la decisión fue revocada por un defecto de forma, según informaron fuentes jurídicas.
Una vez subsanados los defectos procesales, los herederos volvieron a pedir la medida cautelar, que fue aceptada de manera automática, dado que se hace inaudita parte (sin escuchar a la parte contraria). Ahora, los abogados de Malasia pelean para lograr el levantamiento definitivo de dicho embargo cautelar.
Fondo financiador. Los ocho herederos del sultán de Joló han contado con una importante ayuda financiera. El fondo de capital riesgo Therium Capital Management ha sufragado el pleito con la aportación de, al menos, 20 millones de dólares, según informó Reuters. La firma británica, que cuenta con equipos en Reino Unido, Estados Unidos, Australia, España, Alemania y Noruega, es uno de los fondos de financiación de litigios más grandes del mundo, de acuerdo a Chambers & Partners, el directorio de más prestigio del sector legal.
Como ejemplo, entre otros casos, Therium fue el músculo financiero de una demanda colectiva presentada ante el Tribunal Federal de Canadá por daños y perjuicios derivados de los acuerdos anticompetitivos de Amazon con terceros vendedores en la plataforma. También, financió una de las reclamaciones por daños y perjuicios ante el Tribunal Regional de Stuttgart (Alemania) contra Daimler como miembro del cártel de camiones.
Asimismo, participó en el caso Lloyd contra Google, la acción colectiva liderada por Richard Lloyd, exdirector del grupo de defensa de los derechos de los consumidores Which?, que demandó a la multinacional estadounidense por los supuestos daños causados por la recopilación de información de usuarios de Safari, el navegador de iPhone. En España, el fondo también patrocinó la demanda contra cuatro bancos (Santander, Caixabank, BBVA y Sabadell) por la venta de productos derivados de tipos de interés a clientes, entre ellos empresas de energías renovables. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) multó a las entidades con 91 millones de euros en total, en 2018, aunque recientemente ha sido anulada por la Audiencia Nacional.
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