El Ciadi anula un arbitraje perdido por España por el recorte a las renovables
Cancela el laudo, de 128 millones, por el posible conflicto de intereses de uno de los árbitros
El tribunal de arbitraje internacional Ciadi ha anulado un laudo decretado en 2017 contra España por el recorte a la retribución de la energía renovable. El laudo implicaba el pago de 128 millones de euros a Eiser Infraestructure, un fondo de inversión británico, y su filial luxemburguesa Energia Solar Luxembourg. España está siguiendo la práctica de solicitar la anulación de todos los laudos que pierde, entre ellos el de mayor importe, por algo más de 290 millones, que perdió frente a NextEra, la mayor eléctrica del mundo por capitalización bursátil, hace algo más de un año, como adelantó Cinco Días cuando la empresa dio cuenta de ello y luego cuando se dictó el laudo. No ha habido más laudos desde entonces en ese caso.
En el arbitraje de Eiser, los inversores presentaron la demanda de arbitraje por los daños económicos sufridos al recortar el Gobierno la retribución de la energía generada por tres plantas termosolares desarrolladas en España.
España presentó, apenas dos meses y medio después del fallo, un recurso para pedir la anulación de esta resolución al considerar que podía existir un conflicto de intereses con el árbitro designado por la firma británica, Stanimir Alexandrov. Éste ya formaba parte del tribunal en otra de las demandas presentadas contra España. El Ciadi, aunque rechazó suspender provisionalmente el laudo, sí puso en marcha un tribunal especial para dirimir esta apelación española, que ha sido estimada.
Eiser participaba con un 36,95% en la sociedad Aries Solar Termoeléctrica (Aste), junto con Elecnor y de la firma de ingeniería Aries. La firma posee dos plantas termosolares de 50 megavatios en Alcázar de San Juan (Ciudad Real). El fondo también era titular del 33,83% de Dioxipe Solar (Astexol), con otra termosolar de 50 MW en Badajoz.
El de Eiser fue, de hecho, el primer laudo contrario a España como consecuencia del recorte a la retribución de las renovables aplicado por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Ciadi solo estimó parcialmente la demanda del fondo británico, que reclamaba 300 millones de euros, dado que la corte de arbitraje descartó indemnizar a los socios españoles de Eiser en el proyecto.
Este mismo año 2020 un juez australiano dio la razón tanto a Eiser como al fondo Infrastructure Services Luxembourg, en la petición de reconocer el derecho de los fondos al cobro efectivo de la indemnización decretada en dos arbitrajes. La decisión, sobre un total de 229 millones de euros (128 a Eiser y 101 a los otros demandantes), no supuso que los fondos pudieran ejecutar el cobro directamente, pero sí supuso para España una derrota jurídica.
El caso de Nextera
Esos son trámites de seguimiento de los casos en los tribunales y ante el propio Ciadi. La estrategia jurídica de España está siendo la misma en prácticamente todos los casos que ha perdido ante el Ciadi. Solicita la anulación del laudo y si las empresas piden ejecutarlo, alega que está pendiente el procedimiento de anulación para pedir que se suspenda cualquier proceso de ejecución. En el caso del mayor laudo perdido hasta la fecha, el laudo de Nextera adelantado por Cinco Días por más de 290 millones, España solicitó esa suspensión y el Ciadi se la ha ido concediendo varias veces hasta que el mes pasado puso fin a esa suspensión el mes pasado.
Eso no implica un nuevo laudo sobre Nextera (la antigua Florida Power), es solo una decisión más, ni decisiva ni definitiva, de las decenas de que consta el procedimiento. España podrá haber conseguido que se prorrogase esa suspensión, pero para eso tenía que asumir el compromiso de pagar a Nextera el laudo que perdió hace más de un año en caso de que el comité que analiza dicho laudo dictase que no hay motivos para la anulación. España ha preferido no hacerlo, pero todavía puede pedir una suspensión de la ejecución ante el tribunal ante el que Nextera intente llevar el caso, como ha hecho también en anteriores ocasiones. Son pasos de trámite del proceso. El próximo paso relevante es la decisión sobre la anulación o lograr que un juez dicte la ejecución del laudo. Nada de eso ha sucedido aún.
La de Eiser, en todo caso, fue solamente el primero de una serie de laudos contrarios a España a consecuencia del recorte a las renovables dictados por tribunales del Ciadi. El Gobierno ha perdido 14 arbitrajes contra inversores internacionales a causa del recorte de las renovables de 2013. El último, el pasado mes de febrero, contra RWE Innogy y a cuenta de cuatro plantas hidroeléctricas y 16 eólicas. En total, España ha recibido dictámenes contrarios por valor de 1.000 millones de euros, sin contar con el laudo de RWE.
Los demandantes se amparan en la Carta de la Energía, un acuerdo de protección de inversores que la Unión Europea ha puesto en cuestión. Los arbitrajes consideran que España vulneró dicha normativa al modificar unilateralmente los términos de la retribución a largo plazo de la generación eléctrica renovable. Las empresas alegan haber realizado inversiones basándose en los compromisos de retribución luego modificados.
