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España gana a la familia Del Valle un arbitraje de 700 millones por la quiebra de Banco Popular

La Corte de La Haya ratifica la resolución del banco

Logotipo de Banco Popular.
Logotipo de Banco Popular.Reuters
Ricardo Sobrino

España ha ganado un arbitraje de 700 millones por la quiebra de Banco Popular. La Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha desestimado todas las pretensiones de la familia mexicana Del Valle, que había iniciado un arbitraje al sentirse perjudicada por el proceso de resolución de Banco Popular en 2017. De esta forma, el tribunal confirma que la actuación llevada a cabo por el Banco de Central Europeo (BCE) y la Junta Única de Resolución (JUR) fue acertada y legal, condenando en costas a los demandantes.

En junio de 2017, el BCE declaró inviable a Banco Popular al considerar que su situación se había vuelto insostenible debido a la falta de liquidez por la fuga de depósitos que había sufrido ante la incertidumbre sobre su viabilidad. En ese momento, la autoridad de resolución competente, la JUR, decidió resolver el banco y a través de un proceso de subasta, pasó a manos de Santander por la simbólica cantidad de un euro. Se trataba de la primera vez que la Unión Europea (UE) intervenía un banco. También era la primera ocasión en la que las autoridades europeas decretaban que los accionistas y bonistas fueran los que rescataran al banco, lo que provocó una avalancha de reclamaciones por parte de los inversores y tenedores de deuda para tratar de recuperar parte de su inversión.

La familia Del Valle era uno de los principales accionistas de Popular, ya que controlaba el 4% del capital. Al considerar que se había visto perjudicada por el proceso al perder su inversión en el banco, interpuso un arbitraje por el que reclamaba 700 millones de euros, alegando que España había incumplido sus obligaciones internacionales por las actuaciones llevadas a cabo en el proceso de resolución. El arbitraje se dirigía contra el Ministerio de Justicia, el Banco de España, la CNMV y el FROB, los organismos involucrados en la resolución del Popular.

Ahora, la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya ha desestimado todas las pretensiones al validar la actuación de todas las instituciones vinculadas al proceso de subasta de la entidad. De esta forma, el laudo arbitral legitima la actuación realizada a nivel comunitario y nacional.

En 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya determinó que los accionistas de Popular no tienen derecho a ser compensados por las pérdidas sufridas tras su resolución. En ese sentido, recordó que “son los accionistas, seguidos de los acreedores, de una entidad de crédito sujeta a un procedimiento de resolución, quienes deben cargar con las pérdidas de forma prioritaria”. Igualmente, puntualizó que si bien existe un “claro interés general” en garantizar “una protección fuerte” de los inversores, no puede considerarse que ese interés prevalezca sobre el interés general de “garantizar la estabilidad del sistema financiero”.

Igualmente, el año pasado el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) también dio la razón a las autoridades europeas por la manera en que se llevó a cabo el proceso. Así, desestimó las alegaciones relativas a irregularidades en el proceso de venta. También consideró que la JUR y la Comisión Europea no incurrieron en errores y confirmó la legalidad de la decisión de solicitar la resolución del banco.


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Sobre la firma

Ricardo Sobrino
Graduado en filología italiana y en periodismo. Redactor de la sección Empresas especializado en información bancaria y finanzas. Canterano de CincoDías, se incorporó al periódico en verano de 2018.

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