España pide anular el laudo de E.On, que reclamó 300 millones por el recorte de las renovables
El Ciadi ha fallado a favor de la compañía alemana, lo que supone la vigesimosexta derrota del Estado
España busca anular una de las últimas derrotas por el recorte de las primas de las renovables. La Abogacía del Estado ha solicitado dejar sin efecto el laudo que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) dictó el pasado mes de enero y por la que dio la razón a la empresa alemana E.On sobre el derecho a ser indemnizada por el tijeretazo a las retribuciones por su inversión en energía verde como consecuencia de la reforma eléctrica que acometió el Gobierno de Mariano Rajoy.
La corte arbitral dependiente del Banco Mundial, y con sede en Washington (EE UU), notificó el pasado 18 de enero su laudo a favor de las pretensiones de E.On, lo que se convirtió en la vigesimosexta condena para el Estado español por el recorte de las primas de las renovables. Por esta cuestión, inversores y fondos oportunistas han planteado en total 52 pleitos en distintos tribunales arbitrales internacionales contra España. Además del Ciadi, la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés) analizan estos litigios.
E.On inició su arbitraje contra el Estado Español en 2015 invocando el Tratado de la Carta de la Energía —acuerdo que ha abandonado España y la Unión Europea— y reclamó más de 324 millones de euros. La cuantía final reconocida no ha trascendido públicamente, pero fuentes cercanas al demandante apuntan que el monto reconocido por el Ciadi ronda lo exigido. De ser así, el pleito del gigante alemán entrará en la lista de los más cuantiosos, junto a NextEra y Eurus Energy, a quienes la misma corte arbitral reconoció una indemnización de 290,6 y 106,2 millones de euros respectivamente.
Así las cosas, los servicios jurídicos del Estado, que en este caso dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, han iniciado los trámites habituales para dejar sin validez el laudo y, el pasado 23 de mayo, solicitó la nulidad del mismo, según consta en el registro del Ciadi y han confirmado a este periódico fuentes jurídicas. De este modo, la decisión arbitral se queda en suspenso, por lo que el inversor alemán no podrá acudir a tribunales extranjeros para el reconocimiento y ejecución del laudo, ni reclamar el bloqueo de activos españoles en el exterior como medida cautelar para afianzar el pago de la condena, como han hecho ya algunos de los inversores que cuentan con una resolución a su favor.
Hasta la fecha, España ha perdido 26 arbitrajes, si bien ha logrado anular tres de estos laudos que, en un principio, daban la razón al inversor. Se trata de los relativos a NovEnergia (a quien se reconoció la compensación por 53,3 millones de euros), a Eiser y Energía Solar (128 millones); y a Triodos SICAV II (10,4 millones de euros), conocido a mediados del pasado abril. A ello se suman otras seis victorias por parte de la Abogacía del Estado y la desestimación por parte de tres demandantes que se acogieron al real decreto-ley que el Gobierno aprobó en 2019 para otorgar a las plantas afectadas una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta 2031, a cambio de no seguir pleiteando. Estos fueron Masdar Solar, que renunció a cobrar 64,5 millones de euros; RREEF, que logró el reconocimiento de 59,6 millones de euros; y Solarpack, que rechazó cobrar seis millones de euros.
Con todo ello, la factura total por el recorte de las primas de las renovables asciende a 1.700 millones de euros, una cifra muy lejos de los más 10.000 millones que se reclamaron en conjunto en el medio centenar de demandas. Sin embargo, ninguno de los laudos que han concluido a favor de los inversores han sido ejecutados, pues España ha impugnado todos los fallos alegando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) limitó la validez de los arbitrajes entre inversores europeos y un Estado miembro de la Unión Europea y que la Comisión Europea tiene que dar luz verde al abono de las indemnizaciones reconocidas para evitar que sean catalogadas como ayuda de Estado ilegal.
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