La Justicia de Castilla y León anula las licencias de la mina de Berkeley en Salamanca
La multinacional minera ya ha anunciado que presentará nuevos recursos ante el Tribunal Supremo para “preservar sus derechos”
Nuevo revés para Berkeley Energía. El Tribunal Superior de Justicia de Catilla y León (TSJCyL) ha revocado las sentencias de primera instancia relativas a la Autorización de Uso Excepcional del Suelo y la Licencia Urbanística para el proyecto de construcción de la mina de uranio de Berkeley en Retortillo (Salamanca), la mayor mina de uranio a cielo abierto de Europa. El fallo declara nulos ambos permisos, lo que supone un nuevo escollo para la energética australiana, que también buscaba construir una planta para tratar el uranio en las inmediaciones.
“La AEUL y la UL se otorgaron a la empresa en julio de 2017 y agosto de 2020 por la Comisión Regional de Medio Ambiente y Urbanismo y el Ayuntamiento de Retortillo respectivamente”, ha recordado la empresa, según ha recogido la agencia Efe. De cualquier manera, la corporación municipal de Retortillo ya había cancelado la licencia urbanística otorgada a la compañía minera en agosto de 2023, a la vez que auspició un expediente sancionador por “faltas muy graves”.
Nueva decisión
La compañía ha informado este nuevo revés el pasado domingo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía resalta que está “en desacuerdo con los fundamentos de las sentencias del TSJ”. Por ello, ya ha adelantado que “presentará recursos contra las sentencias del TSJ ante el Tribunal Supremo conforme a la legislación española para defender su posición y emprenderá todas las acciones necesarias para preservar sus derechos”.
Sin embargo, este no es el único problema de Berkeley en sus intentos por sacar este proyecto anunciado hace más de una década. El ministerio de Transición Ecológica ya había rechazado en noviembre de 2021 el proyecto tras recibir un informe desfavorable emitido por la Junta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En particular, el organismo explicó que su valoración respondía a la “escasa fiabilidad y las elevadas incertidumbres” de los análisis de seguridad de la instalación radioactiva. En 2022, la energética presentó un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra la decisión del Gobierno. La expectativa de los inversores era que un posible cambio en el Ejecutivo, con un regreso del Partido Popular a La Moncloa, pudiera desbloquear el futuro de la mina.
Las promesas de Berkeley apuntaban a que el uranio de la provincia de Salamanca podría cubrir el total de la demanda de combustible de las centrales nucleares españolas para los próximos 20 años. Sin embargo, el cierre ordenado del parque español, previsto entre 2026 y 2036, pone en jaque la demanda local de uranio. Sin embargo, en mayo de este año, la multinacional hizo un nuevo esfuerzo comunicacional, subrayando que permitiría “suplir totalmente la importación de uranio procedente de Rusia”. Además, esto no evitaría que el combustible tuviera que ser enriquecido en otros países, como Estados Unidos o Francia.
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