Los fondos que pleitean contra España por los laudos de las renovables chocan con el ‘Prestige’
Los vehículos buscan otros activos para embargar al Estado tras la decisión de la justicia británica de complicar el cobro de la indemnización por el desastre medioambiental
El veto de la Justicia británica a la reclamación por parte de España de más 850 millones de euros por el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas en 2002 tiene efectos colaterales. Los fondos que buscan en los tribunales un resarcimiento por el recorte de las primas de las renovables en 2013 se han visto obligados a buscar un plan b para poder recibir dichas indemnizaciones. Y es que esta compensación, que ahora está en el aire, es uno de los bienes españoles en el extranjero que algunos inversores, como el fondo oportunista que compró los intereses de Antin en su laudo contra el Estado, han pedido embargar para garantizar la ejecución de los laudos millonarios a su favor.
En una sentencia del pasado 6 de octubre, la corte comercial del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales tildó de “incompatible” el cobro por el vertido de más de 70.000 toneladas de crudo de petróleo –pese a que así lo determinó el Tribunal Supremo español– con el arbitraje británico que está en curso por este asunto. El fallo aún no es firme, pues contra él cabe recurso, pero ya ha sembrado preocupación entre los inversores que llevan años luchando contra España por las pérdidas que generó la reforma eléctrica de hace 10 años y que temen que sus casos queden paralizados.
Fuentes jurídicas conocedoras de estos procedimientos celebran que el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales reconozca la validez que tienen los laudos. Eso les hace confiar en que sus procesos de arbitraje terminarán siendo ejecutados “antes o después”. No obstante, aseguran que la reciente decisión judicial dificulta a los inversores y fondos oportunistas a cobrar las indemnizaciones pendientes y les lleva “a buscar en la lista de activos españoles” cuáles son los bienes “más interesantes” para pedir su bloqueo.
Añaden las mismas fuentes que los abogados trabajan con mucha cautela porque saben que los procesos son “largos”, debido a que España recurre todas las decisiones judiciales e insiste en su inmunidad soberana para evitar que los laudos se ejecuten. “No quieren [los letrados] dar pasos en falso”, afirman.
Otros embargos
La indemnización del Prestige no es lo único que está en juego para España. El fondo estadounidense Blasket Renewable Investments –que ganó un laudo por el valor de 28,2 millones de euros– logró, a finales de marzo, que el Tribunal Superior de Londres embargara de manera provisional de las cuentas de la sede del Instituto Cervantes en la capital británica y de la sede de la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña.
Este mismo tribunal acordó en agosto, en el marco del caso Antin, el embargo de un inmueble histórico propiedad del Estado español en la capital de Reino Unido. Se trata del Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un colegio internacional que tiene como sede un antiguo convento dominico, con más de un siglo de vida.
Fuera de Europa, los fondos han abierto la vía de otros posibles embargos, como en Australia, después de que su Tribunal Supremo desestimara el recurso de los servicios jurídicos españoles contra el laudo que obliga a pagar 101 millones de euros a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termsolar. Así las cosas, los fondos pusieron el interés sobre la actividad de la filial australiana de Navantia.
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