España sufre su mayor derrota por el recorte a las renovables: 290,6 millones

Ha perdido ya ocho arbitrajes, la mayoría ante el Ciadi, que suman una indemnización de 728 millones

Parque eólico.
Parque eólico.

El tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), donde se dirimen la mayor parte de los arbitrajes interpuestos por los inversores extranjeros que se sintieron damnificados por el recorte a las renovables de la reforma energética del Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, ha cuantificado la indeminización que España debe pagar a la estadounidense Nextera Energy: 290,6 millones de euros. Se trata, por tanto, de la mayor compensación impuesta hasta ahora en los ocho laudos condenatorios contra España, pues los anteriores oscilaban entre los 39 millones y los 128 millones de euros.

En el caso de Nextera, a esos 290,6 millones se suman gastos por cerca de 5 millones de euros e intereses al 0,234% a contar desde el 30 de junio de 2016 hasta el pago de la indemnización, siempre según el contenido del laudo.

Como adelantó CincoDías, el Ciadi ya dictó en marzo un laudo favorable a este inversor en el que establecía la responsabilidad de España y se fijaban las reglas para el cálculo de la indemnización, pero quedaba por fijarse la cuantía final. La propia Nextera, que inicialmente reclamaba 398,4 millones, calculó esa indemnización en unos 291 millones, según las reglas preestablecidas para la compensación (los costes capitalizados de las inversiones sobre la base del coste medio ponderado del capital más 200 puntos básicos).

El laudo final, que según consta en la página web del Ciadi fue dictado el pasado 31 de mayo, confirma esa estimación que parte de un cálculo de Nextera al que España no se ha opuesto. El laudo ha sido respaldado por los tres árbitros, incluido el nombrado por España.

España, además, tiene que hacerse cargo de sus propios costes, de la mayor parte de los gastos del Ciadi y de un tercio de los gastos de Nextera. En total, la factura legal ronda los 5 millones de euros. Por otra parte, el tribunal ha revisado su decisión sobre los intereses. Inicialmente dijo que se tomaría como referencia el interés del bono español a 5 años en la fecha del laudo, pero como ese interés está en cero, ha decidido fijarlo en el 0,234%.

Nextera inició un arbitraje ante el Ciadi en 2014 por el perjuicio causado a sus inversiones en dos plantas termosolares en Extremadura con una potencia de 49,9 MW, y donde proyectaba invertir más de 600 millones, inversión que finalmente se elevó a unos 750 millones. El grupo estadounidense decidió entonces cerrar su filial en España tras provisionar 263 millones por los cambios regulatorios, que se tradujeron en la desaparición de las antiguas primas a la producción y su sustitución por una retribución ligada a la inversión a lo largo de toda la vida regulatoria de las plantas.

En el laudo de marzo, el tribunal arbitral respaldó los argumentos de la compañía de que el Gobierno español “incumplió la obligación de dar un trato justo y equitativo en la protección de las expectativas empresariales para obtener una rentabilidad según la inversión realizada y el desarrollo de las plantas”.

Ahora, con el laudo ya dictado, Nextera ha acudido rápidamente aun tribunal ordinario de Washington DC para que sea reconocido y tratar de ejecutarlo lo antes posible.

Precisamente, ayer se conoció la cuantía del último laudo condenatorio que, como un goteo, va dictando el Ciadi. Se trata del de 9REN, sociedad de de inversión First Reserve, que tiene derecho a recibir 41,76 millones de euros más intereses y costas.

La Abogacía del Estado ha solicitado la anulación de todos los laudos favorables a inversores europeos al amparo de la directriz de la Comisión Europea que el pasado verano declaraba ilegales los arbitrajes de sociedades comunitarias. En el caso de Nextera Energy, España puede alegar que las sociedades que presentaron la demanda son holandesas, aunque el inversor final sea de EE UU.

El acuerdo del verano pasado, ratificado por los 28 países miembros a principiso de este año, no solo apoya a los Estados (el más afectado es España), sino que “obliga” a los mismos a solicitar la anulación de laudos derivados de arbitrajes acogidos a la Carta de Energía y otros tratados y a no pagar las indemnizaciones.

Un constante goteo

España ha perdido ya 8 de los 44 arbitrajes a los que se enfrenta por el recorte de las renovables y solo ha ganado dos (el de Isolux, relativo a un recorte anterior del Gobierno de Rodríguez Zapatero) y el del fondo Charanne.

A los 290,6 millones de euros a pagar a Nextera y los 41,76 millones a 9REN, que se acaban de conocer, hay que sumar las indemnizaciones a las que tienen derecho Athena-Greentech, Goresight y GWM (39 millones); NovEnergia (53 millones); Antin (112 millones); el fondo británico Eiser y su filial luxemburguesa (128 millones), y el fondo de Abu Dabi Masdar (64 millones). En total, unos 728 millones, a los que habrá que sumar los gastos, costas e intereses y la indemnización de REEFF, que ha ganado el arbitraje pero no se conoce la cuantía que le corresponderá.

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