Gowex, Urbas o Mercasa: las causas económicas que llegan a 2024 sin fecha clara de juicio
La dificultad para encontrar una sala de vista o las agendas saturadas son algunos de los motivos que retrasan el enjuiciamiento de casos que llevan años en espera
La larga lista de juicios con tintes económicos que llevan años en la cola de espera para ser juzgados llega a 2024 y, en muchos casos, sin visos de que la situación cambie. La dificultad para encontrar una sala de vista con capacidad para albergar a todos los encausados, defensas y acusaciones; las saturadas agendas de los tribunales; o las complicaciones para compaginar la disponibilidad de los jueces y abogados, son algunos de los motivos que retrasan el enjuiciamiento de estas causas. A ello se debe sumar las huelgas de letrados de administración de justicia y funcionarios en la primera mitad de 2023, que provocaron la suspensión y aplazamiento de muchas vistas orales.
La Audiencia Nacional tiene varios de estos casos pendientes. Uno de ellos es el relativo al falseamiento de cuentas de Gowex, la empresa que proveía de wi-fi gratuito a ciudades como Madrid, Nueva York, París, Dublín o Dubai. La causa se inició hace casi una década y fue a mediados de 2019 cuando el juez Santiago Pedraz sentó en el banquillo de los acusados al fundador de la compañía, Jenaro García, y a otras tres personas. En un principio, el tribunal señaló junio y julio de 2022 para celebrar la vista oral, si bien un problema con la designación de los abogados de oficio de algunos de los encausados obligó a suspender el juicio, que quedó sin fecha.
La larga espera provocó que García, que reconoció la falsedad de las cuentas y simulación de facturas, llegara a solicitar, en 2020, el ingreso en prisión provisional para poder recuperar la fianza de 600.000 euros que en 2014 abonó para evitar entrar en un centro penitenciario. El creador de Gowex alegó una “dramática situación económica”, si bien el magistrado instructor rechazó la petición y recordó que dicha cantidad está consignada para resarcir el daño a terceros si finalmente se dicta una sentencia condenatoria. Anticorrupción pide para Jenaro García 18 años de cárcel.
Otro de los juicios sin fecha es el que analizará las presuntas irregularidades de la ampliación de capital de Urbas, en julio de 2015, por el importe de más de 384 millones de euros. Esta causa, que se inició dos años después de los hechos presuntamente delictivos, lleva pendiente de señalamiento desde julio de 2021, una vez que el juez José Luis Calama acordó la apertura de juicio oral contra el presidente del grupo financiero Juan Antonio Acedo Fernández; su antecesor, Juan Antonio Ibáñez Fernández, y otras 12 personas. La Fiscalía pide 8 años y tres meses de prisión para Acedo, y 8 años de cárcel para su antecesor por supuestos delitos societarios y contra el mercado.
En cola también se encuentra el caso Mercasa, sobre los supuestos sobornos que la empresa pública pagó a autoridades y funcionarios públicos de Angola para conseguir la adjudicación, entre 2006 y 2016, de la construcción de un mercado mayorista en Luanda. Entre los acusados figuran exdirectivos del ente o el sobrino del empresario Ignacio López del Hierro, marido de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, por el delito de malversación de caudales. En este caso, el juez Pedraz –que heredó esta causa del entonces juez instructor de la Audiencia Nacional José de la Mata– les envió a juicio en abril de 2022 y fijó el pago de fianzas de 22 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en su caso se pudieran imponer.
Nueva Rumasa o Nummaria
En los últimos meses se han acelerado los trámites para que algunas de estas causas pendientes queden vistas para sentencia lo antes posible. Una de las que, por fin, ha conseguido turno ante un tribunal es la relacionada con la presunta estafa piramidal millonaria de los pagarés que Nueva Rumasa emitió entre 2009 y 2011. Los hijos del empresario José María Ruiz-Mateos y Teresa Rivero se enfrentarán a partir de mediados de enero al juicio en el que la Fiscalía Anticorrupción pide 16 años de cárcel a cada uno de ellos por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes.
La vista oral se celebrará casi siete años después de que el juez José de la Mata sentara a la familia Ruiz-Mateos en el banquillo de los acusados y justo después de que ganara una primera batalla legal a Hacienda ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que el pasado julio ordenó recalcular el precio de Rumasa 40 años después de su expropiación. No obstante, esta decisión aún no es firme, ya que la última palabra la tiene el Tribunal Supremo.
Por otro lado, a mediados de este año está también previsto que la Audiencia Nacional comience a juzgar a los conocidos actores Imanol Arias y Ana Duato, así como al productor y marido de la actriz, Miguel Ángel Bernadeu, entre otros, por un presunto fraude fiscal cometido en el marco del caso Nummaria. El procedimiento se inició en 2016, cuando la policía registró el despacho de asesores que da nombre a la causa y que llevaba la contabilidad y declaraciones tributarias de numerosas empresas y personajes públicos, entre los que se encuentran los protagonistas de la serie Cuéntame.
Se esperaba que el juicio –que lleva en lista de espera desde julio de 2020– tuviera lugar el pasado otoño, pero la dificultad de conciliar las agendas de muchos de los abogados de este procedimiento y el tribunal ha hecho que se retrase, por el momento, hasta el próximo mes de junio. Anticorrupción solicita 32 años de cárcel para Duato y 27 años de prisión para Arias.
Criptomonedas, Villarejo o Banco Popular
En otro orden de cosas, figuran causas cuyas instrucciones han concluido recientemente y las acusaciones ya han presentado su petición de pena. Este es el caso del procedimiento que se siguen contra los exjefes de Seguridad de Repsol y CaixaBank por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. El ministerio público pide hasta 28 años de prisión para estos exdirectivos de ambas compañías, mientras que el polémico expolicía se enfrenta a 40 años y medio de cárcel por los espionajes desarrollados en el marco de esta contratación, llevada a cabo entre 2011 y 2012. El juez Manuel García Castellón procesó a estos investigados en septiembre de 2021 y en julio de este año acordó la apertura de juicio oral.
En el contexto de esta macrocausa hay otras líneas de investigación que también están pendientes de juicio como la relativa al contrato que el agente encubierto firmó con el Grupo Planeta para investigar al responsable de un laudo arbitral que falló a favor de Kiss FM en una disputa que tenían ambas empresas. Asimismo, hay otras en las que la investigación ha finalizado, si bien el proceso se encuentra en una fase intermedia para resolver los recursos y a la espera de conocer las conclusiones provisionales de las acusaciones. Este es el caso de la pieza relativa a Iberdrola, cuyo jefe de Seguridad también está a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados junto al comisario jubilado y su socio.
En una situación parecida está el fundador de la plataforma de criptomonedas Arbistar 2.0, Santiago Fuentes, en prisión provisional por liderar una trama que, presuntamente, estafó a unos 32.000 inversores, entre mayo de 2019 y septiembre de 2020, siendo una de las mayores estafas piramidales en activos digitales. El magistrado José Luis Calama le procesó el pasado mes de junio y fijó una fianza solidaria de 123 millones de euros –la cantidad presuntamente defraudada más un tercio que establece la ley– para asegurar las indemnizaciones impuestas en una eventual condena.
Por último, en 2024 se prevé que las instrucciones de varios casos mediáticos queden finalizadas y comiencen a resolver estas cuestiones intermedias, que darán paso a un posterior enjuiciamiento. Uno de ellos es el caso Popular, que trata de esclarecer las circunstancias que provocaron la caída de la entidad, que fue resuelta en junio de 2017. Las pesquisas finalizaron el pasado mes de abril, ya que el juez Calama no acordó la prórroga de la investigación. No obstante, el magistrado todavía no ha dictado la resolución en la que se exponen los indicios para juzgar a los investigados o en la que explica que el procedimiento debe ser archivado.
Asimismo, en enero de 2024 está previsto que finalice la investigación del conocido como caso BBVA, que indaga sobre los trabajos que el comisario Villarejo hizo para el banco a lo largo de 13 años, entre 2004 y 2017, por el importe total de 10,3 millones de euros. El pasado mes de julio, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio un ultimátum al magistrado instructor García Castellón y prohibió seguir prorrogando el tiempo de investigación de esta pieza separada del caso Villarejo, que se inició a finales de 2019, y en la que se encuentran investigados una decena de altos cargos y exdirectivos de la entidad, así como el propio BBVA, como persona jurídica.
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