BBVA presiona al juez del caso Villarejo con el ultimátum de la Audiencia para cerrar la causa
La Sala de lo Penal estima parcialmente el recurso del banco contra la última prórroga del caso y prohíbe practicar nuevas diligencias de investigación
BBVA quiere que se haga efectiva, cuanto antes, la orden de finalizar la investigación judicial que le persigue desde hace más de cuatro años por la contratación del comisario jubilado José Manuel Villarejo. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estimó parcialmente, el pasado 20 de octubre, su recurso contra la última prórroga de la instrucción, hasta enero de 2024, lo que significa que, llegada esta fecha, las pesquisas deben quedar concluidas. Tras recibir la noticia, los abogados de la entidad financiera se dirigieron al juez instructor Manuel García Castellón para presionar con el mandato de la instancia superior y recordar la prohibición de practicar más diligencias de las que fueron acordadas el pasado 25 de julio, cuando se aprobó la última ampliación del tiempo de investigación, según el escrito presentado ante el Juzgado Central de Instrucción número 6, al que ha tenido acceso CincoDías.
Este ultimátum de la Sala de lo Penal no es el primero. El pasado 18 de julio, los magistrados avalaron la anterior prórroga de tres meses (desde el pasado mes de abril hasta julio) de la novena pieza separada de la macrocausa sobre los trabajos privados de Villarejo, pero urgieron al instructor para que acordara su fin el 29 de julio. Ello no sucedió así, pues cuatro días antes, el juez instructor aceptó las peticiones de la Fiscalía Anticorrupción y aprobó extender la causa otros seis meses para indagar en la reacción del banco tras salir a la luz las primeras noticias sobre su relación con el agente encubierto y aclarar determinadas dudas sobre cómo realizó su investigación interna (forensic) para depurar responsabilidades.
Todo ello llegó en un momento de tensión entre BBVA (investigada como persona jurídica desde julio de 2019) y los fiscales, después de que unos días antes la jefa de los servicios jurídicos del banco, María Jesús Arribas, se acogiera a su derecho a no declarar, aduciendo que su deber de guardar secreto profesional como abogada de la entidad le impedía contestar a las preguntas que le pudieran formular las acusaciones y defensas de los investigados. Esta postura no gustó a Anticorrupción, que amenazó con pedir la comparecencia del presidente del banco, Carlos Torres, que finalmente declaró como testigo el pasado 16 de octubre.
La declaración de Torres
Según han señalado a este diario fuentes jurídicas cercanas al procedimiento, ahora existen dudas procesales sobre si la testifical de Torres será válida en la causa. El reciente auto de la Sala de lo Penal anula todas aquellas pruebas que se hayan acordado después de la última prórroga de esta línea de investigación. Ese fue el caso de la citación del máximo responsable de la entidad y del requerimiento al banco para que remita información sobre la venta de bienes y participaciones sociales entre el Grupo Prasa y BBVA en 2012 por el importe de 10,75 millones de euros, ambas cosas resueltas mediante un auto dictado el pasado 2 de octubre.
No obstante, las mismas fuentes han apuntado que la resolución de julio tenía un detalle que podría salvar la testifical, ya que hacía referencia a la “eventual citación de los miembros del comité global de corporate assurance”, el órgano de prevención del delito de BBVA que analizó todas las consecuencias del caso Villarejo y que fue presidido por Torres durante su etapa como consejero delegado del banco. De hecho, el presidente declaró como conocedor de unos hechos concretos en el marco de dicho grupo de trabajo.
“No habrá más prórrogas”
Así las cosas, en el escrito que BBVA presentó el pasado 20 de octubre ante el juez, mismo día que la Audiencia Nacional revocó parcialmente la última prórroga, el banco subraya que la Sala ha ordenado expresamente que “no habrá lugar en ningún caso a una nueva prórroga del plazo de instrucción”.
De este modo, la Sala de lo Penal insta al juez instructor a que recabe todas las pruebas que señaló el pasado mes de julio y acuerde ya el fin de la instrucción sobre los contratos que BBVA firmó con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, entre 2004 y 2017, por los que abonó 10,3 millones de euros.
Entre esas diligencias acordadas en verano, el magistrado García Castellón instó al banco a que informara sobre la entidad de los encargados internos (providers officers) de analizar eventuales situaciones relacionadas con delitos de cohecho, contra la intimidad y corrupción; que aporte las diferentes versiones, desde 2004 al 2018, de la norma interna sobre “Atenciones especiales de Navidad”; y que las partes interesadas en examinar los 2,3 millones de hits (evidencias del forensic) designen un perito para proceder a ello.
Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, X y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días
Newsletters
Sobre la firma
