Rodrigo Rato, de nuevo ante la justicia: encara su último juicio por el origen de su fortuna
El exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI afronta una petición de hasta 70 años de cárcel por defraudar más de ocho millones de euros
La vida de Rodrigo Rato ha cambiado mucho en la última década. De estar a en las altas esferas económicas a colaborar como voluntario en un comedor social. Los escándalos financieros que han rodeado al que fuera vicepresidente económico del Gobierno de José María Aznar y director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) le han obligado a cambiar su trayectoria. Su paso por Caja Madrid y Bankia manchó su reputación, pues su participación en la trama de corrupción de las tarjetas black le llevó a pasar dos años en prisión. Asimismo, se sentó en el banquillo de los acusados por supuestas irregularidades en la salida a Bolsa de la entidad, en julio de 2011, no obstante fue absuelto por estos hechos. Ahora, Rodrigo Rato (74 años) vuelve a ponerse delante de un tribunal, esta vez para afrontar la última causa judicial que tiene pendiente, la relativa al origen de su fortuna, por la que tiene embargados 65,1 millones de euros.
La Audiencia Provincial de Madrid comenzará a juzgar a partir del viernes, y previsiblemente hasta mayo de 2024, al exbanquero por una decena de presuntos delitos fiscales cometidos entre 2005 y 2015, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares, entre otros ilícitos. La Fiscalía Anticorrupción pide una condena de hasta 70 años de cárcel por ocultar a Hacienda su patrimonio, a través de varias sociedades (la irlandesa Red Rose Investment, las panameñas Red Rose Finantial y Wescastle Corporation, y la británica Vivaway Limited) con las que realizó diversas inversiones mediante multitud de cuentas bancarias abiertas en Bahamas, Suiza, Luxemburgo, Reino Unido, Suiza y Mónaco.
Asimismo, le atribuye la ocultación al fisco español de la existencia de cuentas en Estados Unidos y Suiza, que habrían estado operadas mediante otras cuentas abiertas en territorios de baja tributación como la Isla de Man, Kuwait y Curaçao, y que se han servido, presuntamente, de estructuras financieras para realizar movimientos transfronterizos de dinero encubiertos a través de trust y sociedades opacas.
Así las cosas, la Fiscalía detectó un incremento patrimonial no justificado entre 2005 y 2015, por más de 15,6 millones de euros, además de rendimientos de capital mobiliario en el exterior tampoco declarados a Hacienda. Así, el ministerio público concluyó que Rato tiene, en total, cuotas defraudadas de 8,5 millones de euros.
En dicho cálculo, Anticorrupción incluyó los servicios profesionales que Rato prestó a otras empresas, como por ejemplo a Telefónica, donde participó en los consejos asesores de la compañía en Latinoamérica y Europa, y que facturó a través de su empresa Kradonara (filial de Vivaway Limited); o por la realización de conferencias tras su regreso a España desde el FMI. A ello también sumó otras operaciones, como el cobro de 835.000 euros en comisiones, durante la presidencia de Bankia, de los contratos de publicidad que la entidad bancaria firmó con Publicis y Zenith sobre la fusión y salida a Bolsa del banco.
Por la amnistía fiscal
La investigación del bautizado como caso Rato –cuyo sumario acumula más de 70.000 documentos– se destapó el 16 de abril de 2015, cuando agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera registraron su vivienda, en el Barrio Salamanca de Madrid, y sus oficinas, después de que la Fiscalía de Madrid recibiera la alerta de la Oficina Antifraude (ONIF) sobre posibles irregularidades en su patrimonio. Solo 24 horas antes se había revelado que el exvicepresidente del Gobierno era uno de las más de 700 personas que el Servicio Ejecutivo de Prevención y Blanqueo de Capitales (Sepblac) investigaba por blanqueo de capitales tras acogerse a la amnistía fiscal que el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó en 2012.
Más de ocho años después, la Audiencia de Madrid comenzará a juzgar estos hechos. Las primeras jornadas se dedicarán a la fase de cuestiones previas, aquella en la que las defensas exponen sus argumentos para tratar de anular el procedimiento por posibles vulneraciones de derechos o tratan de acotar las cuestiones concretas a dilucidar. Así, el calendario del tribunal prevé comenzar a interrogar a los 17 investigados a la vuelta del parón por las fiestas navideñas, a partir del 9 de enero.
Durante toda la investigación, Rato ha cargado duramente contra Hacienda, la Fiscalía y los investigadores de la Guardia Civil que han tratado de localizar su patrimonio oculto. En numerosas ocasiones les ha acusado de haber llevado a cabo una “caza de brujas” y una investigación “prospectiva.
Así, tras no lograr que la causa quedara archivada, ahora reiterará ante el tribunal todos estos extremos para lograr la absolución. Para ello, negará la comisión de cualquier delito fiscal y alegará que declaró “voluntariamente” a Hacienda la titularidad de todas sus sociedades en el extranjero, tal y como ha expuesto en varios escritos presentados al juzgado instructor.
Reorganización de las líneas de investigación
El caso Rato fue instruido por el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, cuyas decisiones han sido prácticamente en su totalidad impugnadas por la defensa del exministro de Economía. En un principio, la investigación se entendió como una macrocausa, dividida en una decena de piezas separadas. Sin embargo, la Audiencia de Madrid, en 2019, ordenó reagrupar todas las pesquisas en un único proceso, con el fin de evitar “pronunciamientos contradictorios” en cada una de las líneas de investigación abierta.
El trabajo de reorganización dilató el fin de la investigación dos años. Así, el juez instructor propuso juzgar a Rato, junto a casi una veintena de personas, en marzo de 2021 y acordó la apertura de juicio oral en diciembre de ese año. Finalmente, la vista oral empezará a celebrarse a finales de 2023.
Los otros frentes judiciales
El foco de la Justicia se puso sobre Rodrigo Rato en 2012, cuando la Audiencia Nacional comenzó a investigar las supuestas irregularidades que rodearon la salida a Bolsa de Bankia, el 20 de julio de 2011, que acabó con la quiebra de la entidad y su nacionalización en mayo del año siguiente.
En el marco de esta causa, el entonces juez instructor de la Audiencia Nacional Fernando Andreu abrió una pieza separada para investigar el uso de las tarjetas black, que llevó al banquillo de los acusados a 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia, entre ellos Rodrigo Rato. La Audiencia Nacional condenó, en febrero de 2017, a cuatro años y medio de cárcel al exministro popular, una pena que fue confirmado en octubre de 2018 por el Tribunal Supremo.
La condena firme obligó a Rato a ingresar en la prisión madrileña de Soto del Real, en la que permaneció hasta febrero de 2021, cuando se le concedió la libertad condicional por ser mayor de 70 años, haber pagado íntegramente la responsabilidad civil, y tras realizar un programa de justicia restaurativa.
Un mes después de entrar en el centro penitenciario, comenzó el juicio de Bankia, por el que se enfrentaba hasta 12 años de prisión. No obstante, la Audiencia Nacional determinó, en septiembre de 2020, que no se cometió ningún delito de estafa ni de falsedad contable. Esta sentencia fue ratificada por el Alto Tribunal en octubre de 2022.
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