Nueva Rumasa al banquillo: historia de una triple estafa
El juez ordena abrir juicio oral por el entramado societario de los Ruiz Mateos y les impone 496 millones de fianza Se les acusa de captar cientos de millones con engaños a bancos e inversores y ocultarlos luego a sus acreedores
Nueva Rumasa, el entramado empresarial urdido por José María Ruiz-Mateos años después de que el Estado expropiara la antigua Rumasa, en 1983, resultó ser una costosa trampa para miles de particulares que perdieron sus ahorros, según arroja la investigación judicial abierta.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha decidido ahora abrir juicio oral por el llamado "caso Nueva Rumasa" y ha impuesto una fianza de 496 millones de euros a los seis hijos del empresario José María Ruiz-Mateos implicados.
Estos afrontan una pena de 16 años de cárcel por delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes pues aunque el fiscal entiende que su padre, fallecido en septiembre de 2015, regentaba la “dirección última” del grupo, cada uno de sus descendientes “ejercía en sus respectivos ámbitos de actuación un poder de decisión propio cuyas consecuencias eran recíprocamente aceptadas por todos”.
Un sistema, según denuncia el fiscal, mediante el cual la familia Ruiz Mateos obtuvo irregularmente cientos de millones de euros de la banca y de pequeños inversores para evadirlos luego de sus acreedores. Una triple estafa que conforma las celdas del panal de un fraude que está a punto de ser juzgado.
El entramado societario
Lo que se daba a conocer como grupo Nueva Rumasa estaba constituido por “un complejo conglomerado de sociedades que, si bien participaban de una gestión común dirigida a un mismo fin, no conformaban un grupo consolidado” real, aunque así lo reflejaba su publicidad, pues carecía de matriz común.
Funcionaba, eso sí, como una única empresa a efectos financieros y patrimoniales que “pertenecía en última instancia a la familia Ruiz-Mateos”. Siempre según e el escrito de acusación del fiscal, “la mayoría de esas sociedades pertenecían formalmente a otras sociedades extranjeras, generalmente radicadas en paraísos fiscales”, o territorios de baja tributación, como Belice, Panamá y Holanda.
Este hecho, “unido al empleo de testaferros y de despachos fiduciarios permitió durante años dotar a todo el entramado de un considerable grado de opacidad”. De hecho, la investigación no ha logrado aclarar cuál es el número real de empresas del grupo, pues la publicidad hablaba de 107 o 117 compañías, los listados de sus responsables incluían 164 españolas y 48 extranjeras, y la administración concursal ha podido probar la relación e 171.
En cualquier caso, el listado incluye sociedades realmente productivas, principalmente de lo sectores vinícola, hotelero y de alimentación, junto con otras “instrumentales o meramente patrimoniales”, la mayoría radicadas en Belice, a través de las que se controlaba las primeras o los inmuebles de la familia.
El agujero contable
Esta “intrincada maraña de sociedades se sirvió de una compleja estructura financiera” que el año 2009 operaba con, al menos, 4.067 cuentas en 117 entidades bancarias, principalmente en el Grupo Santander (Banesto), en el que tenían 724, y el Banco Etcheverría, con otras 130, “cuyo funcionamiento artificioso se puso calculadamente al servicio de los fines ilegales”.
El problema llego en 2009, cuando Nueva Rumasa acumulaba deudas por 577 millones de euros y carecía de liquidez para hacer frente a su obligaciones o tan siquiera para “sostener la actividad regular de las empresas”, que precisaban de 52 millones para atender a los pagos más inmediatos.
El engaño a la banca
Solo aquel año debían afrontar compromisos por 197,5 millones, y al año siguiente les vencían otros 194,6 millones. “Para paliar en parte esa situación”, expone la Fiscalía, los responsables de Nueva Rumasa recurrieron al descuento bancario de efectos, “mediante el cual conseguían financiación a corto plazo en función de las necesidades de tesorería de las empresas”.
Para ello, los acusados se sirvieron de 25 sociedades instrumentales sin actividad real alguna o personal adscrito, “sociedades fuelle”, según las denominaban los Ruiz-Mateos, “cuyo único objeto era emitir facturas por operaciones inexistentes para presentarlas a descuento en los bancos”.
Mediante este método fraudulento, Nueva Rumasa obtuvo 540,9 millones de Banco Santander entre 2009 y 2011 que se destinaron a empresas productivas del grupo, como Clesa o Dhul, que a su vez transfirieron 538,8 millones a las sociedades estructurales para que estas fueran abonando las facturas a la entidad.
“Este mecanismo financiero circular de naturaleza piramidal agudizaba la situación crítica del Grupo Nueva Rumasa, pues, además de tener que devolver los fondos dispuestos, generó al grupo un coste financiero adicional de 11 millones”, detalla el fiscal.
La estafa a los inversores
Abocados a contemplar la inminente insolvencia de las empresas y ante la imposibilidad de seguir recurriendo a la financiación bancaria, los responsables de Nueva Rumasa, “ocultando dicha situación crítica a los acreedores, proveedores, consumidores” y otros, decidieron poner en marcha una nueva estafa.
Con el objetivo de captar fondos del público con los que “enmascarar por un tiempo esa situación” y hacer frente “a los cuantiosos gastos personales, familiares y domésticos”, entre los que la Fiscalía subraya 18 millones de euros en hipotecas sobre “costosas viviendas”, la familia Ruiz-Mateos lanzó los tristemente célebres pagarés de Nueva Rumasa.
Para ello, el grupo apeló al ahorro del público general mediante “agresivas campañas en los medios de comunicación de ámbito nacional” invitando a invertir en sus sociedades más conocidas mostrando una “imagen de solvencia y bonanza” que “carecía de todo sustento”, subraya el fiscal.
El mecanismo ideado por los acusados, consistía en obtener préstamos de los inversores bajo la promesa de devolverlos con intereses mediante la entrega de unos “pagarés de empresa” o “pagarés corporativos”, “aprovechando la confianza general que los consumidores venían depositando en los productos comercializados” y ocultando su insolvencia.
En las campañas se hablaba de entre 107 y 117 empresas, con un valor de 3.000 a 6.000 millones, generadoras de 10.000 empleos directos y 6.000 indirectos en 78 países y una facturación anual de 1.500 millones. Datos que se trufaban con imágenes de decenas de naves, bodegas o establecimientos hoteleros.
Además, después de ser asesorados, los acusados establecieron una inversión mínima de 50.000 euros, montante que permite “obviar el control que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)”.
No se conoce el número total de inversores que adquirieron estos pagarés, pero los datos de la empresa hablan de al menos 4.110 inversores que aportaron 377,377 millones de euros, de los que la investigación judicial ha demostrado la entrada de 243,376 millones en cuentas del grupo entre 2009 y 2011.
Los intereses con que debía remunerarse esa financiación rondaba los 48 millones de euros. “Sabedores de que sería de todo punto imposible su abono”, los acusados emitieron pagarés a nombre de 13 sociedades del grupo por 385,3 millones.
Como en otras estafas piramidales, la confianza en el esquema se lubricó pagando a los primeros inversores, que cobraron 96 millones, pero según el agujero se agrandaba dejaron de abonarse 289,1 millones. De hecho, ocho de las sociedades ni siquiera llegaron a pagar a los inversores cantidad alguna.
Ocultando el rastro del dinero
Los fondos recaudados se ingresaron en una caja común en Banco Etcheverría (en la sucursal de la madrileña calle de Pedro Teixeira) para su redistribución entre distintas sociedades de Nueva Rumasa, o al pago de inmuebles y vehículos de los Ruiz Mateos.
El registro de las 130 cuentas de la entidad demuestra que no se correspondía con la operativa real pues entre 2009 y 2010 registraron 5.500 operaciones consecutivas y prácticamente diarias de retiradas y depósitos en efectivo por 150 millones. El fiscal considera que estas operaciones “encubrían traspasos entre cuentas de diferentes sociedades del grupo” con lo que “el dinero efectivamente retirado por ventanilla cada día suponía tan solo el importe de la diferencia entre los teóricos ingresos y las teóricas retiradas. Esta práctica irregular y artificial se llevó a cabo con el exclusivo fin de dificultar el seguimiento del flujo de los fondos captados de los inversores”.
A la dificultad de seguir el dinero que suponían estas tretas, se le suma le hecho de que Nueva Rumasa estuviera conformado por un centenar de empresas extranjeras con domicilio en paraísos fiscales, de nula o baja tributación, o que no facilitan información a terceros, como Belice, Antillas Holandesas, Islas Vírgenes, Panamá, Suiza, Holanda, USA, Andorra y Chile. Parte de los fondos obtenidos emitiendo pagarés fueron a cuentas de la banca suiza.
El engaño a los acreedores
La carrera hacia delante de los Ruiz Mateos acabó en marzo de 2011, cuando la incapacidad de hacer frente a las obligaciones de pago que vencían diariamente llevó a los responsables de Nueva Rumasa a solicitar el concurso voluntario de acreedores de las principales empresas.
“Previendo el cúmulo de responsabilidades penales y patrimoniales que podrían derivarse de las prácticas ilegales descritas”, ante la imposibilidad de devolver los millones captados entre particulares y con los embargos llamando a la puerta, los hermanos Ruiz Mateos, junto a su padre, pusieron en marcha su último engaño para, expone el fiscal, esconder su patrimonio de los acreedores.
A tal fin, comenzaron a nombrarse nuevos administradores de las empresas, como ocurrió con Ángel de Cabo Sanz, el liquidador de empresas que ya ayudó a Gerardo Díaz Ferrán al vaciamiento patrimonial de Viajes Marsans.
Este adquirió varias de las sociedades a través de las matrices extranjeras con el objetivo de salvar el máximo patrimonio posible para los Ruiz Mateos, a los que entregaría el 80% del valor, reservándose un 20% como comisión.
Las penas
El fiscal pide 16 años de cárcel para Álvaro, Zoilo, José María, Pablo, Francisco y Alfonso Ruiz-Mateos Rivero por los delitos de estafa, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, aunque solicita condenas para otros 9 acusados, entre los que se encuentra Cabo.
En esta investigación presentaron denuncia 1.409 perjudicados por el Grupo Nueva Rumasa, que reclaman 171 millones de euros. A la vista de las eventuales multas y responsabilidades civiles que pudieran imponerse a cada acusado, el juez fija en 496 millones de euros las cantidades a depositar por los acusados principales.
El juez señala a 57 empresas del Grupo como responsables civiles subsidiarias nueve partícipes lucrativos, entre ellos, Joaquín Yvancos, el que fuera el abogado de José María Ruiz-Mateos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 ha acordado la apertura de juicio oral por los delitos de estafa agravada, alzamiento de bienes, blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.