El juez remata las últimas diligencias del caso BBVA: Del Rivero y Ausbanc acceden a los datos del banco
El magistrado instructor cita a los peritos de las acusaciones para realizar la copia de los archivos antes de cerrar la instrucción, previsto para enero de 2024
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón trata de cerrar todos los flecos sueltos sobre el denominado caso BBVA antes de cerrar la investigación, que se prevé para finales de enero de 2024, tras el ultimátum de la Sala de lo Penal. Para ello, ha citado para este, 14 de diciembre, al representante del banco (investigado como persona jurídica) y a los dos peritos designados por el empresario Luis del Rivero y por miembros de la asociación de consumidores Ausbanc –todos ellos personados como perjudicados– para acceder a miles de archivos relacionados con los espionajes que el comisario jubilado José Manuel Villarejo realizó para la entidad financiera entre 2004 y 2017, de acuerdo a una providencia a la que tuvo acceso CincoDías.
El magistrado instructor acordó a finales de marzo poner a disposición de la acusaciones parte de la documentación que PwC analizó sobre la contratación de Villarejo, que costó en total10,3 millones de euros, para elaborar un forensic que sirviera de guía para depurar responsabilidades internas. Esta investigación, que el banco puso a disposición de la Audiencia Nacional en su intención de colaborar con la justicia, ha sido origen de varias polémicas dentro de la causa.
Por un lado, varios de los investigados se quejaron de la metodología utilizada, ya que les atribuyen gran parte de la culpa de los encargos al expolicía. Así, el que fuera responsable del área inmobiliaria de BBVA y expresidente de Distrito Castellana Norte (DCN), Antonio Béjar, logró revisar más de 100.000 archivos del banco, entre ellos sus correos y agendas corporativas, así como mensajes que había intercambiado con ex altos cargos del banco, para reforzar su línea de defensa.
Por otro lado, algunas de las acusaciones y la Fiscalía Anticorrupción han cuestionado la selección de directivos (custodios) cuyos archivos fueron examinados, dejando fuera a importantes altos cargos como el presidente de BBVA, Carlos Torres, que en la última época de los trabajos de Villarejo era consejero delegado, o al que fuera su hombre de confianza, Ricardo Forcano, de quien dependía jerárquicamente el departamento de seguridad corporativa, dirigida por Julio Corrochano (uno de los principales investigados), como responsable, entre 2016 y 2018, del área de talento y cultura, una especie de recursos humanos.
De hecho, Anticorrupción reiteró el reproche en un reciente informe sobre esta última diligencia a practicar, consultado por este diario. “Inicialmente se afirmaba la existencia de una voluntad de colaboración, más nunca se explicó el porqué de la selección de los custodios, el porqué de los keywords (palabras clave), el porqué de preguntas externas a los informes ni del resultado de estas. Los distintos informes periciales aportados por la defensa del BBVA no son informes neutros en búsqueda de una aclaración objetiva de los hechos, sino que son informes de defensa dentro del legítimo ejercicio del derecho a defenderse como se estime conveniente. Tal descubrimiento a lo largo de la presente instrucción es lo que ha motivado la necesidad de estas nuevas periciales”, reza el escrito firmado por el fiscal Alejandro Cabaleiro.
Profundizar en el ‘proyecto Trampa’
Así las cosas, en noviembre de 2022, la defensa del bautizado como grupo hostil, nombre que Villarejo dio al conjunto formado por Luis del Rivero (ex presidente de Sacyr Vallehermoso), José Domingo de Ampuero (ex vicepresidente de BBVA) y Vicente Benedito Francés (ex director general adjunto del banco), solicitó profundizar en los 2,3 millones de hits (correos, archivos, documentos en discos duros) con los que trabajó PwC para realizar su forensic. De este modo, buscan profundizar en el denominado proyecto Trampa, el espionaje que realizó el comisario jubilado para tratar de frenar la opa que Sacyr Vallehermoso lanzó sorbe BBVA en 2004. A esta iniciativa se sumaron Luis Pineda, presidente de Ausbanc, y el abogado Ángel María Garay, entre otros miembros de la asociación, ya que también fueron objeto de las investigaciones personales realizadas en este contexto.
Dichas peticiones fueron aceptadas por el juez a finales de marzo, y desde entonces se ha tratado de cerrar las reglas del juego. Así, el pasado mes de junio, el magistrado solicitó a estas acusaciones que designaran unos peritos para garantizar los derechos de BBVA, y de las personas que aparecen en los archivos a examinar, y evitar la “filtración” de documentos y su posible “manipulación”. Asimismo, en el último mes, el instructor ha concretado las palabras claves a utilizar para la búsqueda de resultados, que se realizaran sobre los mismos custodios que seleccionó BBVA.
Según la documentación judicial consultada por este diario, entre los archivos a revisar constan datos relacionados no solo con el grupo hostil o los integrantes de Ausbanc, sino también con el exvicepresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Carlos Arenillas (también personado en esta causa como perjudicado); los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina (conocidos como Los Albertos), Carlos Slim, Demetrio Carceller, Juan Abelló; y políticos como el exministro de Industria Miguel Sebastián, el exvicepresidente segundo de Economía y Hacienda del Gobierno Pedro Solbes o el exvicepresidente de la Comisión Europea Joaquín Almunia, entre otros.
En sede judicial
Para culminar la prueba y cerrar este capítulo, en la providencia con fecha de este lunes, el juez García Castellón ha citado a los peritos para que procedan a la extracción de los archivos necesarios para reforzar sus acusaciones. Para evitar altercados durante el proceso, el magistrado ha aceptado los sistemas propuestos por los expertos designados por Del Rivero y el letrado Ángel María Garay y ha establecido que se siga la “misma metodología que emplearon los peritos de BBVA (...) que constituye el estándar habitual del sector”.
Así, se hará una copia del contenido del disco duro donde PwC almacenó los 2,3 millones de hits, y que se puso a disposición de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional, a través de programas informáticos especializados en ello. La extracción de datos se hará en sede judicial y bajo la custodia del letrado de la Administración de Justicia, de acuerdo a la providencia con fecha de este lunes.
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