El caso Popular: seis meses a la espera de conocer quién será juzgado

La investigación penal concluyó en abril y el juez todavía no ha resuelto si habrá juicio o la causa acabará en archivo

Sucursal de Banco Popular.

La incógnita sobre si algún alto cargo del Banco Popular debe responder por la caída del que fuera el sexto banco español aún sigue sin resolverse. El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama aún no ha dictado la resolución por la que debe explicar si las pesquisas realizadas durante más de cinco años desprenden indicios de delito para llevar a los antiguos responsables del banco ante un tribunal. La investigación concluyó el pasado 27 de abril y todavía no se ha resuelto si habrá juicio o la causa acabará en el archivo.

La Audiencia Nacional abrió una causa penal en octubre de 2017, cuatro meses después de que la Junta Única de Resolución (JUR) aplicara, por primera vez, su mecanismo de intervención y permitiera al Banco Santander adquirir todo el negocio de Popular por el valor simbólico de un euro. La causa se ha centrado en aclarar si en la ampliación de capital de mayo de 2016, por el importe de 2.500 millones de euros, hubo irregularidades, así como en las operaciones de financiación a otras empresas llevadas a cabo a través del entramado Thesan Capital en Luxemburgo. También, se ha analizado si el filtrado de información en los últimos vida de la entidad bancaria provocó el desplome de la cotización hasta llegar al momento de su disolución.

Entre los investigados se encuentran la ex cúpula de Banco Popular, entre ellos el que fuera presidente del banco Ángel Ron, entre 2006 y 2017, y su sucesor, Emilio Saracho, quien estuvo al frente solo 108 días.

Fuentes jurídicas conocedoras de las pesquisas consultadas por este diario destacaron que la complejidad de la causa, que acumula numerosos informes periciales sobre la solvencia del Banco Popular en su última etapa, está provocando retrasando la determinación de si los antiguos responsables deben ser juzgados.

Periciales de inspectores del Banco de España

A lo largo de cinco años de investigación, el juez ha requerido varias veces la opinión de los inspectores del Banco de España que han sido designados como peritos judiciales en este caso, así como de los funcionarios del Banco Central Europeo (BCE) que inspeccionaron el Banco Popular antes de su quiebra. Las conclusiones de muchos de estos informes han sido demoledores para los que fueran gestores de la entidad extinta, al declarar una falta de provisiones.

De hecho, estos resultados han suscitado alguna que otra polémica en el procedimiento, después de que el juez instructor, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ordenara a los peritos ampliar sus conclusiones con “carácter retroactivo”, lo que provocó el cambio de criterio de los expertos o que estos manifestaran sus reparos a realizar determinadas correcciones.

A las ampliaciones de las periciales también reaccionó la defensa de Ron, que presentó otras periciales para desmentir las conclusiones de los inspectores del Banco de España sobre que la entidad que presidía debió declarar pérdidas en el ejercicio de 2015 por más de 1.000 millones de euros, en lugar de beneficios de 106 millones de euros.

Por otro lado, la consultora PwC, cuyos profesionales que auditaron las cuentas del Popular están imputados, también han defendido ante el juez que los números que examinaron eran correctos y que no detectaron irregularidades algunas que hicieran saltar las alarmas, ya que todo se hizo conforme a las normas vigentes en ese momento.

Estatus procesal del Banco Santander

Otra de las cuestiones que se deberán resolver es el estatus procesal del Banco Santander, que está considerado como posible responsable civil subsidiario. La entidad que preside Ana Botín se apoyó en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), del 5 de mayo de 2022, que cerró la puerta a que los accionistas puedan pedir responsabilidades al banco heredero, para solicitar al juez de la Audiencia Nacional que les dejara fuera de la causa y evitar, así, tener que afrontar eventuales multas por los daños causados con la resolución del Banco Popular.

Sin embargo, el juez instructor no atendió esta petición y decidió posponer la decisión hasta el final de la instrucción. Aun así, el magistrado avanzó que la doctrina del TJUE se refería a una cuestión civil, mientras que la Audiencia Nacional analiza un asunto con trascendencia penal. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha obligado al Santander a abonar varias multas que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso al Popular, al entender que la sucesión se produjo en todos los sentidos, es decir, no solo en el negocio, sino también en responsabilidad.

Segundo caso Popular

Los hechos relativos al año 2016 y 2017 no son los únicos que investiga la Audiencia Nacional. El juez Santiago Pedraz admitió a trámite, en junio de 2022, dos querellas en relación a la ampliación de capital que el Popular acometió en 2012 ­–que en un principio se descartó incluir en la causa principal– y la compra del Banco Pastor.

En este segundo caso Popular están imputados imputados el ex presidente del banco Ángel Ron y el que fuera su número dos, Roberto Higuera, así como el auditor de PwC que examinó las cuentas de ese año. Un reciente informe de los inspectores designados como peritos certificó al juez instructor que esta operación de emisión de capital fue una “buena inversión”, ya que el banco tuvo una buena evolución en bolsa en los tres años siguiente.

Además, subrayó que la ampliación de capital se hizo para ejecutar la orden del Banco de España y los denominados decretos Guindos –bautizados así por el entonces ministro de Economía, Luis de Guindos– de saneamiento financiero, a través de los cuales se requirió incrementar significativamente las coberturas mínimas para las operaciones de financiación inmobiliaria. A ello se sumaron los test de estrés, que revelaron que la entidad resuelta tenía un déficit de capital de 3.223 millones de euros en un escenario adverso, que deberían ser cubiertos antes de junio de 2013 si se quería evitar la intervención del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

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