La Audiencia Nacional propone juzgar a 20 personas por el caso Mercasa
El auto del juez aprecia delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales y blanqueo de capitales, entre otros
La Audiencia Nacional ha propuesto juzgar a veinte personas y ocho sociedades por el llamado "caso Mercasa" tras detectar que la cúpula directiva de la citada empresa pública actuaba con "absoluto desprecio" a la ley.
Mercasa, considerada la mayor red de mercados mayoristas del mundo y controlada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), cuenta con 23 plataformas en España en las que trabajan 3.000 empresas mayoristas del sector agroalimentario.
El auto del juez José de la Mata, divulgado hoy, supone el cierre de la fase de instrucción de este expediente y aprecia que se han cometido los delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, apropiación indebida, falsedad documental, asociación ilícita u organización criminal y blanqueo de capitales.
El magistrado ha investigado las "irregularidades" detectadas en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola), "mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos".
La trama tenía "un plan preconcebido y proyectado en el tiempo" y estaba liderada por los ex presidentes de Mercasa Eduardo Meijide y Miguel Ramírez, además de Arturo Cortés de Cruz (antiguo secretario general en la entidad) y la directiva María Jesús Prieto Jiménez.
También formaban parte de la "cabeza" del entramado los hermanos José Manuel y Francisco Javier Pardo de Santayana, responsables de Incatema, así como el empresario José Herrero de Egaña, de la sociedad Tuy Cincuenta.
Por el contrario, se ha acordado el sobreseimiento provisional de Andrés de Pando, director de Sistemas y Tecnologías de la Información dentro de Mercasa y quien anteriormente ocupó el cargo de máximo responsable del Departamento Internacional.
El objetivo de este grupo de personas, de acuerdo con el auto, era "conseguir contratos en países extranjeros, en este caso Angola, mediante el pago de comisiones y dádivas a autoridades y funcionarios angoleños".
Una vez logrado, "algunos" participantes se enriquecían de forma ilícita y sistemática con cargo al citado contrato a través de "una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa, y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de estas sociedades pantalla" hasta sumar un importe de casi veinte millones de euros.
El "modus operandi" de la trama se repitió en contratos públicos en República Dominicana, Panamá y Argentina, donde también se procedió al "pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos".