La huelga generalizada en la Justicia bloqueará tres millones de causas
La protesta salarial de los letrados de la Administración de Justicia causó un efecto cascada en funcionarios, jueces y fiscales
La huelga de los letrados de la Administración de Justicia (antes conocidos como secretarios judiciales), con la que consiguieron un aumento salarial de hasta 450 euros mensuales, ha tenido un efecto cascada en el sector. Los funcionarios de la Administración de Justicia fueron los siguientes en dejar sus puestos de trabajo para reivindicar una subida de sueldo acorde a las funciones que desempeñan. A ellos le han seguido los jueces y fiscales, que llevan con los sueldos congelados desde 2009, por lo que han convocado un paro indefinido el próximo 16 de mayo. Todas estas huelgas agudizará la situación de colapso que tienen los tribunales, que, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), inició el año 2023 con más de tres millones de causas pendientes de resolver.
Fuentes judiciales consultadas por CincoDías admiten que las distintas huelgas del sector perjudican directamente a los ciudadanos, que confían en la Justicia para resolver sus conflictos. “Los tribunales y juzgados llevan años colapsados por la falta de medios personales y materiales. El bloqueo de la renovación del CGPJ, que impide hacer nombramientos en la cúpula judicial, está retrasando el dictado de sentencias que sienta jurisprudencia en asuntos que importan realmente a la gente. La pandemia tuvo varias consecuencias en la actividad judicial. Primero la frenó, generando retrasos, y luego provocó que aumentara en varias jurisdicciones para resolver asuntos como los ERTE, el teletrabajo, o los efectos de medidas adoptadas durante el confinamiento”, explican.
Según las estadísticas del órgano de gobierno de los jueces, los tribunales cerraron a 31 de diciembre de 2022 con 3,4 millones de asuntos pendientes de resolver, siendo la jurisdicción civil la que más casos acumula (1,2 millones).
“Provocará un nuevo retraso”
“El Ministerio de Justicia y el Ministerio de Hacienda, con su actitud, provocarán un nuevo retraso en la Administración de Justicia que tardará años en resolverse”, advierten los funcionarios de la Administración de Justicia ante las negociaciones fallidas con el Ejecutivo sobre sus retribuciones.
La protesta de los letrados de la Administración de Justicia, que duró dos meses, obligó a suspender más de 356.000 vistas y a dejar más de 424.000 demandas pendientes de tramitar. Asimismo, bloqueó casi 1.300 millones de euros de la cuenta de consignaciones.
Los funcionarios de Justicia comenzaron el pasado 17 de abril a realizar paros parciales de tres horas y ese mismo día ya provocó la paralización de 700.000 actuaciones judiciales en todo el país, de los cuales 20.000 eran juicios. Una medida de presión que se ha endurecido tras no llegar a ningún acuerdo con el Ministerio que dirige Pilar Llop. Así, a partir del 4 de mayo y, de momento, hasta el día 18 de este mes, los trabajadores públicos pasarán a celebrar siete jornadas de huelga general repartidas a lo largo de tres semanas.
Huelga indefinida de jueces y fiscales
El clima de tensión se elevó el pasado viernes cuando tres asociaciones de jueces y dos de fiscales pasaron del órdago a la realidad y convocaron en firme una huelga indefinida, sin esperar a ver el resultado de la mesa de retribuciones, (como estaba inicialmente previsto), convocada este miércoles y aplazada desde octubre del año pasado.
No es la primera vez que jueces y fiscales salen a la calle a protestar, pero sí será la primera de manera indefinida, por lo que se prevé la parálisis de los tribunales, ya que la medida se adoptó tras recabar un amplio apoyo de los jueces asociados.
El escrito presentado ante el CGPJ para anunciar la huelga de la carrera judicial y fiscal explica que la medida se adopta por “la necesidad de una actualización y adecuación retributiva” ante la “pérdida de poder adquisitivo” que arrastran, al menos desde el año 2009. Asimismo, piden más medios para poder afrontar la elevada carga de litigiosidad, cuyo aumento achacan a una “catarata de reformas legislativas” que solo aumenta las funciones de jueces y fiscales. Una reivindicación que comparte con los funcionarios y letrados de la Administración de Justicia.
La ‘marea negra’ del turno de oficio
Ante el Congreso. Los abogados del turno de oficio se concetraron el pasado jueves ante el Congreso de los Diputados para reclamar una mejora de sus condiciones laborales, en especial sus retribuciones. Ataviados con sus togas (de ahí de que la protesta se bautizara como la “marea negra”), y al grito de “somos abogados, no somos esclavos”, reivindicaron la actualización de los baremos de las actuaciones realizadas en el marco de la asistencia jurídica gratuita.
Aunque las ‘tarifas’ dependen de los presupuestos del Gobierno y de las administraciones autonómicas, los abogados del turno de oficio cobran entre los 200 y 400 euros brutos por expediente, que, según denuncian, se perciben con retraso. Por ejemplo, el ejercicio de defensa en una macrocausa se paga de media unos 450 euros, con un extra de 30 euros por cada 1.000 folios.
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