Vivienda vuelve a tener cartera propia con Isabel Rodríguez: de no poder topar precios a la vía segura de la oferta pública
Los analistas creen que la nueva legislatura apostará por la habilitación de nuevos pisos y evitará controlar el alquiler porque choca con los intereses de la oposición y algunos socios de Gobierno
Isabel Rodríguez será el nuevo rostro al frente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. La nueva ministra, que durante los últimos dos años ha sido la portavoz del Gobierno y también ha estado al mando de Política Territorial, tendrá cuatro años para cumplir con un complejo calendario de reformas en materia de vivienda que se vienen arrastrando de la legislatura pasada y que forman parte de la ley aprobada en mayo de este año. Los dos aspectos fundamentales son la promoción de nuevas viviendas públicas y el desarrollo del índice de precios para las zonas tensionadas, lo que permitiría poner topes a las subidas de las rentas. El primer punto parece que se cumplirá sin mayores exabruptos, pues todos los actores políticos coinciden en que se necesitan habilitar más pisos. El control del alquiler, sin embargo, choca de frente con la oposición e incluso con los intereses de algunos socios de Gobierno, como Junts o el PNV. Es tanta la prioridad en materia de vivienda, que vuelve a contar con ministerio propio, como ya ocurriera hace varias legislaturas.
“Hay partidos que han apoyado la investidura de Sánchez que no están de acuerdo con la limitación de rentas y a eso se suman todas las comunidades en las que gobierna el PP y Vox que se niegan a declarar las ciudades como áreas con precios calientes. Por lo tanto, el impacto de esta parte de ley será muy limitado y el Gobierno deberá enfrentarlo apenas inicie la próxima legislatura”, explica José García Montalvo, catedrático en la Pompeu Fabra de Barcelona.
Desde Provivienda creen que habrá un desequilibrio de precios entre aquellas comunidades que se nieguen a declarar zonas tensionadas y aquellas que sí lo hagan. Pero hay más, pues aún queda que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) defina los indicadores que se tomarán en cuenta para estas áreas y el Instituto Nacional de Estadística tiene de margen hasta finales de 2024 para publicar el índice de precios de alquiler. “Entendemos que en este impasse deben buscarse alternativas que permitan la implementación de la medida”, reclaman desde la organización.
María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, reconoce que la limitación del mercado de las rentas es una de las grandes preocupaciones del sector inmobiliario, que se muestra descontento con la intervención. “Cabe preguntarse de qué forma se va a poner más control sobre los alquileres, tal como ha acordado PSOE con SUMAR”, señala. Para ella, la medida creará mercados autonómicos con desigualdades entre sí que no evitará el alza de precios.
A día de hoy, parece imposible que el Gobierno pueda lidiar con los recursos interpuestos por Madrid, Cataluña, Andalucía, Baleares o País Vasco, que quieren intentar corregir la Ley de Vivienda por considerar que invade competencias autonómicas. Además, Montalvo descarta por completo que se diseñe una nueva ley para intentar obligar a los territorios a regular los alquileres, con lo cual parece a día de hoy, muy difícil que el Estado pueda cumplir con esta promesa.
La gran apuesta
Los analistas creen que, a falta de desarrollar los puntos escabrosos de la ley de vivienda, la apuesta de la nueva legislatura será la habilitación de nuevos pisos. “Es una apuesta en la que todo el mundo está de acuerdo y ya tienes las asignaciones presupuestarias. Si lo haces rápido en dos años puedes decir que tienes 3.000 casas en este sitio y otras 3.000 en este otro lugar”, augura Montalvo.
La idea del Ejecutivo, y una de sus promesas en campaña, es aumentar el parque social y asequible español, que se encuentra muy por debajo de la media europea -2,5% frente al 9%-, según cálculos oficiales. Las 183.000 viviendas serán promovidas por Sepes, la entidad pública del suelo, que según los analistas lleva un buen tramo del trabajo hecho pues ya ha cerrado acuerdos con ayuntamientos y comunidades autónomas para la construcción.
En paralelo, Sánchez ha prometido un aumento del Bono Alquiler Joven, que en la actualidad implica una ayuda de 250 euros para menores de 35 años, y más incentivos fiscales para las personas que decidan poner sus pisos en régimen de alquiler. Con esto busca paliar las dificultades que tienen los más jóvenes para acceder a un piso y que ha llevado a que la edad media de emancipación se sitúe en los 29,8 años, más de tres años por encima de la media de la Unión Europea. No obstante, persisten las dudas sobre el alcance de estas medidas.
Matos reconoce que el bono joven fue una de las medidas estrella del Plan de Vivienda, pero cree que “no está llegando realmente a los bolsillos de los jóvenes que lo requieren, ya que el limite de renta es de 900 euros y la media de precio de un alquiler ya está por encima de los 1.000 euros”. Por su parte, Víctor Manuel Palomo, abogado del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, advierte de que “ni el aumento del bono para el alquiler, ni la línea de avales para las hipotecas o la habilitación de las 183.000 viviendas públicas atajan la incesante subida de precios, que es lo que evita el acceso a la vivienda”. En su opinión, la Ley de Vivienda no ha sido efectiva en esta materia, por lo que apuesta por gravar de manera progresiva las viviendas en función de cuánto exceda el alquiler, el valor catastral de la propiedad. Los impuestos desincentivarían, según él, la subida de precios y tirarían a la baja.
A esto se sumaría limitar la acción de los fondos buitres derogando la ley 11-2009, por la que se regulan las sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. La iniciativa, que debería pasar el trámite parlamentario, evitaría en opinión del abogado que estas empresas tuvieran unas ventajas fiscales que a día de hoy son injustificables. Cuestión aparte es la regulación de pisos turísticos a nivel estatal y de las plataformas como airbnb, para las cuales también se deberían diseñar medidas fiscales a fin de reducir su participación en el mercado. Pero una vez más, cualquier movimiento tendría que ser apoyado por todos los socios de Gobierno.
A falta de medidas de mayor calado, la líder del principal socio del PSOE en esta legislatura, Yolanda Díaz, ha señalado la necesidad de “acabar con las golden visa”, en referencia a la concesión de visados que se otorgan a cambio de comprar propiedades inmobiliarias por una cantidad mínima de 500.000 euros. Portugal y otros países del entorno ya lo han hecho, por lo que parece fácil de implementar. De hecho, Montalvo considera que prácticamente nadie se opondrá, en caso de legislarse. No obstante, recalca que se trata de una “medida de chocolate” que no tiene ninguna relevancia en el mercado inmobiliario.
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