El Gobierno Sánchez chocará con el poder local del PP
Lanza una agenda social en sanidad, vivienda o educación, cuya ejecución depende de las comunidades y el PSOE solo manda en tres, el 7,8% de la población
Ya están todas las cartas repartidas para jugar la XV legislatura de la democracia española, que debería llegar hasta 2027, algo que hoy parece una quimera. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, líderes del PSOE y Sumar, van a ser las figuras claves del próximo Gobierno gracias al apoyo de todos los partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Para ello han tenido que pactar una amnistía, muy cuestionada, a todo el proces catalán. Este Gobierno central nace con el menor poder territorial de la historia, ya que sus compañeros del PSOE tan solo gobiernan en tres de las 17 comunidades (Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra), que apenas suman 3,7 millones de habitantes, y en 11 de las 52 capitales de provincia, lo que tiene su reflejo en el Senado, donde el PP suma mayoría absoluta.
Visto de otra manera, nunca antes, la oposición en la Carrera de San Jerónimo había tenido un poder territorial tan fuerte con el que poder frenar al Gobierno central. Así lo ha querido demostrar esta semana durante el propio debate de investidura con la presencia de los presidentes autonómicos en la tribuna de invitados. Esa potencia fue escenificada hace un mes, cuando el PP aprovechó su dominio en el Senado para convocar a todos los jefes de los gobiernos regionales a debatir sobre la ley de amnistía que se avecinaba, cuya tramitación van a torpedear y retrasar en esta cámara, aunque no la van a poder impedir.
Pedro Sánchez hizo un esbozo de programa de investidura, que viene marcado por los compromisos asumidos son Sumar y el resto de socios de investidura, en el que enumeró sus ocho grandes compromisos de legislatura: “Más y mejores empleos, aumento del poder adquisitivo, refuerzo del Estado de Bienestar, impulso de la transición ecológica, garantizar que España siga siendo un referente mundial en igualdad, reducir las diferencias entre provincias, avanzar en la agenda del reencuentro y Europa”.
Son enunciados que firmaría el PP con los ojos cerrados, pero no va a ser así porque se consideran la alternativa, no la comparsa, y ya han anunciado una dura oposición, que ejercerán en el Congreso y desde los doce gobiernos autonómicos, que es donde se aterrizan buena parte de las políticas, especialmente las sociales. Precisamente, el compromiso tercero, el del Estado del Bienestar, prácticamente depende de estos gobiernos.
Dicho compromiso contempla:
- La “puesta en marcha, con los gobiernos autonómicos que lo deseen, de un plan para lograr una reducción drástica de las listas de espera”.
- “Refuerzo de la atención primaria, ampliando la cartera de servicios públicos para incluir tratamientos bucodentales y oftalmológicos para nuestros jóvenes”.
- Gran Pacto de Estado por la Salud Mental que aumentará el número de psicólogos y psiquiatras de los centros públicos y reducirá los tiempos de espera.
- Mejora de las condiciones y formación del profesorado, ampliación de las ayudas de comedor y la disponibilidad de actividades educativas extraescolares, incremento de la dotación de las becas y reducción del precio de las tasas.
- Aprobación de una Ley de Derechos Culturales, que garantizará el acceso de todas las personas y territorios a la cultura, aumento de ayudas a los creadores y mantenimiento del Bono Cultural Joven.
- Simplificación de los trámites administrativos. Nuevo modelo de atención presencial a la ciudadanía, con horarios flexibles y sin cita previa obligatoria. Fijar por ley un máximo de 30 días para la recepción de prestaciones, como las ayudas a la dependencia.
- Mejora del acceso a la vivienda: aumento del bono para el alquiler; creación de una línea de avales y habilitación de 183.000 viviendas públicas para alquiler asequible. Ayudas a los arrendadores para reformar y modernizar viviendas, con un marco jurídico que les proteja y con incentivos fiscales para ponerlas en alquiler.
Todas estas promesas de Pedro Sánchez quedarán vacías sin la participación de las comunidades autónomas, que son las responsables de la gestión de las políticas de sanidad, educación, vivienda o dependencia, que se llevan más de mitad de sus presupuestos. Por tanto, estarán encantados de recibir más fondos del gobierno central, de que les perdone parte de la deuda, aunque sea como efecto colateral del acuerdo con el independentismo catalán que tanto desprecian, pero en vez de agradecimiento, el Sánchez va a encontrar contestación. Es la política, amigo.
Esto da idea de la complejidad de esta legislatura. Pedro Sánchez va a tener que hacer difíciles equilibrios para sacar adelante normas en las que ponga de acuerdo a PNV y Junts, económicamente de derechas, con las pretensiones de Sumar, ERC y Bildu, que están al otro extremo. Por tanto, el mayor problema lo va a tener dentro de los partidos de la investidura. Pero por si acaso, ya le avisó Alberto Núñez Feijóo de que no cuente con él cuando le pongan problemas.
La oposición tiene claro la oportunidad que les abre el descontento entre parte de los votantes del PSOE, por lo que está dispuesta a explotar hasta la extenuación el pecado original de este Gobierno al tener que asumir una amnistía de la que renegaba. Una ley que, en resumen, supone que el principal ideólogo del procés en Cataluña, Carles Puigdemont, vuelva a España sin siquiera ser juzgado por los mismos hechos que llevaron a la cárcel a seis miembros de su gobierno en la Generalitat, a la presidenta del Parlament y a los presidentes de las asociaciones Omnium Cultural y ANC. Estos nueve no huyeron y fueron condenados, en octubre de 2019, por el Tribunal Supremo a penas de entre nueve y trece años de cárcel, de la que salieron en junio de 2021 gracias al indulto de Pedro Sánchez.
El PSOE quiere que la ciudadanía olvide cuanto antes la ley de amnistía y el PP, que lo tengan muy presente. El próximo año habrá elecciones europeas en la primera semana de junio, donde se va a ver con claridad el impacto del giro de los socialistas. Además, habrá elecciones en el País Vasco y Galicia, y quién sabe si se anticipan las catalanas, cuya legislatura termina en febrero de 2025. Este calendario electoral garantiza un clima político muy duro en el que no les va a importar, a unos y otros, tomar al ciudadano como rehén.
Aurelio Medel es periodista. Doctor en Ciencias de la Comunicación
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