Sánchez es reelegido presidente: siete retos empresariales, sociales y fiscales en un clima de máxima tensión
El dirigente socialista tendrá que compaginar las exigencias de sus múltiples acuerdos parlamentarios con una economía europea estancada, una inflación resistente y el regreso de las reglas fiscales
Un triple en el último segundo ante el pívot más intimidante de la Euroliga. Un triple más, para ser exactos, en una carrera política repleta de sorpresas. La analogía (y elogio) de Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, para definir la investidura por la que Pedro Sánchez fue reelegido ayer presidente del Gobierno por 179 votos sirvió como fotografía de las pocas opciones de éxito que tenía una apuesta que conjugaba ocho formaciones distintas que recorren todo el espectro político desde la derecha nacionalista a la izquierda abertzale.
El secretario general del PSOE logra una nueva mayoría de investidura con la aquiescencia de Sumar (nuevo socio de coalición), Bildu, ERC, BNG, Junts, PNV y CC (el orden es el de los acuerdos que se alcanzaron entre el 24 de octubre y el pasado 10 de noviembre). Enfrente tendrá al bloque de la derecha (formado por PP, Vox y PNV). Por delante, un rompecabezas continuo para impulsar cualquier trámite parlamentario, sin casi margen de error y con la exigencia de simultanear avances en pactos que acarrean más de 400 compromisos (sólo con la organización de Yolanda Díaz llegan a 230).
Y, mientras tanto, la vida continuará al otro lado de la Carrera de San Jerónimo. Quien dice la vida, dice la economía, en un momento en el que el viento a favor de los últimos años ha dejado de soplar y Europa coquetea con la recesión (el tercer trimestre se saldó en la zona euro con primera contracción de una décima). El primer mundo no termina de arrancar, penalizado además por la política monetaria de los bancos centrales en su formato estricto, y ya todos los organismos nacionales e internacionales coinciden en un mismo diagnóstico para España: terminará este año al frente del crecimiento de las grandes naciones europeas, pero en 2023 perderá posiciones al tiempo que la inflación no mejorará desde sus niveles actuales (en torno al 3,5%) hasta 2025. Los retos económicos no son menores (ni todos nuevos):
La reforma fiscal y de financiación autonómica. El marchamo de Gobierno progresista que esgrime Sánchez viene con una doble receta de más ingresos fiscales de los grandes patrimonios y empresas y mejora de las ayudas sociales a los vulnerables. Para lo primero, el presidente ya ha dejado claro que seguirá subiendo los impuestos a las rentas altas y con Sumar acordó que se revisarán los impuestos a la banca y energéticas y podrían mutar a permanentes. Sin embargo, una tarea que se quedó a medias de la anterior legislatura fue una reforma fiscal en profundidad. Pese a concitar a un comité de expertos y presentar sus conclusiones, la propuesta se guardó en el cajón finalmente. De fondo, las renuencias de muchas autonomías, que aguardan a que se abra el melón de los ingresos para rediseñar de arriba a abajo el modelo de financiación. Con el báculo de los nacionalistas en sus pactos de investidura, la asignatura pendiente pasa ahora a obligatoria.
El regreso de las reglas fiscales. Pese a que Alemania y Francia siguen discutiendo en Bruselas qué formato establecer (volver a la dupla clásica de deuda y déficit o primar un baremo sobre el otro), España se mueve en estos momentos por encima del 3% en déficit y en torno al 110% de deuda, ambos respecto al PIB, frente al máximo del 3% y del 60% al que apunta (y obligaría) el acuerdo comunitario. Del Banco de España a la AIReF han advertido: estos objetivos quedan mucho más lejos si se mantienen las ayudas especiales por la inflación (cuya prórroga parcial anunció Sánchez el miércoles en el Congreso).
El titular redondo del pleno empleo. Será la legislatura del pleno empleo, ha llegado a proclamar Pedro Sánchez estos días ante el pleno del Congreso. Según la última Encuesta de Población Activa, la del tercer trimestre, el paro en España se sitúa en estos momentos en el 11,84%. Por lógica, cuando se promete el pleno empleo el objetivo no es el 0%, sino situarse en torno a un 8%, que es la cifra en la que los expertos han coincidido históricamente como aceptable para presumir del término. Otros presidentes lo han prometido antes, como José Luis Rodríguez Zapatero, pero la burbuja inmobiliaria le estalló a España cuando mejores cifras presentaba el mercado laboral; de hecho, hoy día cuando se da un récord en este ámbito suele superar a los cosechados en 2007 o 2008.
Frente a lo cuantitativo, la calidad de dicho empleo reflejado en dos problemas endémicos, incluso tras una reforma laboral que ha reducido drásticamente la temporalidad. Primero: la productividad por hora trabajada en España cerró 2022 a 16,5 puntos de la media de la eurozona. Segundo: en las listas oficiales hay dos millones de parados y, sin embargo, los empresarios denuncian dificultades para cubrir vacantes, algo que constató el INE en junio con un récord en plazas sin cubrir que no se daba desde 2013. Los sindicatos difieren en la interpretación de estas cifras.
Entre el objetivo y el diagnóstico, la hoja de ruta laboral del nuevo Ejecutivo nace con un triple y ambicioso objetivo: acompasar el salario mínimo al 60% del sueldo medio para siempre, reducir a 37,5 horas semanales la jornada laboral y reformar el despido. La complicación en este entorno aparecerá en el diálogo social, con unos representantes de los trabajadores que respaldan a PSOE y Sumar en su oferta y una patronal que se queja de que siempre pagan las empresas el avance social.
La defensa de las empresas estratégicas. La entrada de la saudí STC en Telefónica cristalizó la preocupación de un sentimiento compartido por el empresariado español desde hace tiempo: la (más bien pequeña) capitalización de las grandes compañías del Ibex las sitúa a pocos miles de euros de operaciones extranjeras. En especial, en escaparates tan apetecibles para los grandes fondos como las energéticas o las telecomunicaciones. A cuenta del caso de la empresa que dirige José María Álvarez-Pallete el Gobierno anterior llegó a amagar con la utilización de la SEPI como arma de último recurso para reforzar la españolidad de una firma estratégica y, de inmediato, se ha visto como una posible reacción recurrente. El dilema es el de siempre: mantener el equilbrio entre la defensa y los negocios.
Mientras tanto, el próximo Consejo de Ministros aún tendrá sobre su mesa la decisión final sobre las opas de OPDE y Applus, toda vez que su postura acerca de la escisión de Naturgy parece firme: no la permite.
El 31 de diciembre de 2024 expira el llamado escudo antiopas, aprobado en 2020 en plena pandemia para proteger operaciones relámpago sobre las cotizadas nacionales, y que prohíbe la entrada por encima del 10% a capital comunitario.
Energía: verde y estable. La consecución de la excepción ibérica de la mano de la vicepresidenta Teresa Ribera fue una de las medallas internacionales (y nacional, teniendo en cuento su efecto de amarre en la factura de la luz) para Sánchez. Su prórroga es otra de las metas volantes del mandato que empieza ahora. Como lo será también seguir luciendo la vitola verde de la que presume el Ejecutivo en casi todas sus intervenciones. La adecuada absorción de los milmillonarios fondos europeos por los proyectos de hidrógeno verde o por otras ramas renovables espera su turno. Más difícil aún será adecuar el paso de la transición del modelo actual al del futuro conjugando objetivos globales, industria y consumidor.
La inflación no termina de abandonar la casa. España ha vivido buena parte de este año mirando desde abajo la inflación media en Europa. Con mínimos del 1,9% en junio, los precios frenaron su ansia alcista en cuanto se produjo el efecto escalón respecto a los máximos de dos dígitos de 2022. Desde finales de verano, el IPC ha comenzado a repuntar y a confluir con nuestros vecinos comunitarios. Anclado en el 3,5% en octubre, los expertos creen que vivirá en ese entorno (con picos por encima del 4%) durante varios meses. El FMI, Bruselas o la OCDE no creen que se relaje hasta 2025 y el Ejecutivo asume como casi inevitable que las medidas temporales de alivio se alarguen semestre a semestre. De momento, el IVA reducido a los alimentos se mantendrá hasta verano y la gratuidad del transporte público experimentará una vuelta de tuerca. Un replanteamiento, precisamente, es lo que ha defendido la hasta ahora responsable económica, Nadia Calviño, sobre estas medidas: hacerlas quirúrgicas (por tramos de renta, como reclama el PP) para que no retraigan a las arcas públicas otros 5.000 millones en 2024.
Vivienda pública: un 3% a la cola europea. Según datos expuestos por el mismo Sánchez y recogidos en primavera por el Ministerio responsable, sólo el 3% de la vivienda que hay en España entra en el parámetro de vivienda social, frente a la media del 9% europea o el 30% de Países Bajos. Desde la campaña de las municipales y autonómicas de mayo, Moncloa ha anunciado múltiples planes para impulsar una oferta de alquiler asequible (que no es lo mismo que social) para llegar a las 183.000 comprometidas en el discurso de investidura. Ya hay unas 70.000 en marcha, señala la ministra Raquel Sánchez. Sea como sea, la vivienda se ganó la denominación de prioritaria para la nueva legislatura en el pacto firmado con Sumar. Aquilatar la ley de vivienda en lo que no ha logrado solucionar aún.
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