Aeropuertos, Instituto Cervantes y buques: los bienes bloqueables para asegurar unos 500 millones por las renovables

Inversores acreedores solicitan en varios países el embargo de activos españoles para afianzar las indemnizaciones por el recorte de las primas en estas energías

Botadura de un buque militar realizado por Navantia en Australia.

El intento de los fondos acreedores por cobrar las indemnizaciones reconocidas en los laudos por el recorte de las primas de las energías renovables ha dejado en los últimos meses una serie de bienes españoles bloqueados provisionalmente en el extranjero, sobre todo en el Reino Unido. Con ello, se busca garantizar el abono de unos 500 millones de euros para responder a algunos de los 25 pleitos que han ganado los inversores, o fondos oportunistas que compraron sus derechos en estos litigios, por la reforma eléctrica que acometió el Ejecutivo popular de Mariano Rajoy en 2013 para paliar el déficit tarifario en el sector.

Un aeropuerto en Londres; la sede del Instituto Cervantes en la capital británica; las tasas de navegación que percibe mensualmente Enaire; o la indemnización por el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas en 2002, son algunos de los activos que están en juego. No obstante, la cantidad y el listado de bienes con candado puede aumentar si la justicia australiana acepta embargar buques fabricados por Navantia, o si Estados Unidos acepta alguna de las peticiones que estudian los acreedores, tal y como acaba de suceder con el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, que ha confirmado la validez de tres laudos. Pero la batalla sigue, porque si bien la justicia estadounidense rechaza la inmunidad soberana que alegaba el recurso del Estado español al respecto, le han concedido que pueda seguir litigando para evitar el pago.

Desde 2011, España afronta un goteo de demandas de inversores perjudicados por la eliminación de los incentivos en las energías verdes. En total, se han presentado 52 demandas de arbitraje internacionales basadas en el Tratado de la Carta de la Energía —que recientemente España y la Unión Europea han acordado abandonar—, y que inicialmente reclamaron más de 10.600 millones de euros, de las que se han resuelto 34. Las tres cortes de arbitraje que han dirimido estos asuntos —el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial; la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC) y la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral, por sus siglas en inglés)— han decantado la balanza a favor de los inversores en 25 de los casos, aunque solo 10 son por el momento firmes.

Mientras tanto, los servicios jurídicos españoles, dependientes en estos casos del Ministerio de Transición Ecológica, han ganado siete de estas batallas legales y han logrado anular tres de los laudos perdidos en un principio. A ello hay que sumar que otros tres demandantes desistieron de sus intenciones al acogerse a la medida aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2019 de otorgar a las plantas afectadas una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta 2031, a cambio de no seguir pleiteando. En definitiva, las indemnizaciones reconocidas rondan los 1.500 millones en su conjunto, muy por debajo de los 10.000 millones exigidos.

España no ha abonado ni un solo euro y ha recurrido todos los laudos perdidos, así como las peticiones de reconocimiento que los inversores han planteado en distintas jurisdicciones. La defensa española alega dos motivos en su oposición: que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha limitado los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas son europeas, y que la Comisión Europea tiene que autorizar dichos pagos para evitar que sean declarados ayudas ilegal de Estado.

En el marco de dichos trámites, y con motivo de los impagos, en el que los acreedores de los pleitos planteados por el francés Antin (120 millones de euros), InfraRed Environmental Infrastructure (32 millones de euros), o el gigante energético NextEra Energy (290 millones de euros) han puesto el foco en los bienes españoles fuera de las fronteras como método de afianzar sus indemnizaciones si finalmente los tribunales dan validez a las decisiones arbitrales y ordenan ejecutarlas. En este caso, los servicios jurídicos españoles también han manifestado su oposición.

Antin: Indemnización del ‘Prestige’ y el Instituto Vicente Cañada Blanch

En el caso de Antin (cuyos derechos fueron vendidos a la gestora estadounidense Centerbridge), el Tribunal Supremo de Inglaterra y Gales aceptó en febrero de 2023 bloquear de forma cautelar parte de la indemnización a España de 850 millones por la catástrofe del Prestige. Según indican fuentes cercanas a este proceso, la cantidad incautada rondaría los 100 millones. Sin embargo, la compensación está en el aire desde octubre de dicho año porque el mismo tribunal vetó su cobro por parte del Estado español al entender que la resolución del Tribunal Supremo español, que abrió la puerta al resarcimiento de daños, y el arbitraje en curso en Reino Unido son “incompatibles”.

En paralelo, en agosto de 2023, el Tribunal Superior de Londres ordenó el embargo provisional del Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un colegio internacional que tiene como sede un antiguo convento de dominicas situado en el conocido barrio de Notting Hill, y cuya titularidad es del Ministerio de Educación. Las fuentes próximas al pleito señalan que el valor del inmueble está entre los 12 y 14 millones de euros.

El Instituto Español Vicente Cañada Blanch, colegio privado en Londres.

InfraRed: Instituto Cervantes, Acció y Eurocontrol

El pleito en el que más embargos concurren es el liderado por InfraRef, y eso que no es el litigio con mayor cuantía indemnizatoria pendiente. En abril de 2023, el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, que representa los intereses en este pleito, consiguió que el Supremo británico diera luz verde al bloqueo de otros dos inmuebles: las sedes del Instituto Cervantes en Londres y de la Agencia para la Competitividad de la Empresa de la Generalitat de Cataluña (Acció), ambas localizadas en el corazón de Londres. Las fuentes consultadas apuntan que el valor del edificio donde se encuentra la institución de promoción de la lengua española es de unos 7 millones de euros; mientras que el del organismo catalán es cercano a los tres millones de euros.

El Instituto Cervantes se ha visto afectado en dos ocasiones, pues el alto tribunal británico ordenó unos meses después, en noviembre de 2023, embargar de manera cautelar 699.000 libras (unos 806.000 euros) depositadas en cuatro cuentas bancarias de la institución en el Banco Santander.

Sede del Instituto cervantes en Londres.

Por otro lado, el pasado julio entró en juego la justicia belga, cuando la Corte de Apelación de Bruselas al aceptar la petición de Blasket de confiscar las transferencias que la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), con sede en la capital belga, realiza a la empresa pública Enaire por la recaudación de tasas de ruta y terminales. La cifra exacta de la incautación asciende a 83,7 millones de euros, si bien los próximos abonos mensuales seguirán bloqueados hasta que la justicia resuelva los recursos planteados por España al respecto, según informaron fuentes cercanas al fondo estadounidense.

Asimismo, Blasket ha puesto el foco en un bono de deuda de 237 millones de euros. A principios de julio, los abogados del fondo enviaron una carta a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, advirtiendo del inicio ante los tribunales británicos de un procedimiento de default técnico por el impago de los laudos. La amenaza ya se lanzó en abril de 2023, si bien todavía no se ha hecho efectiva. En concreto, la presión se ha fijado sobre un bono que se emitió en abril 1999 y que vence en abril 2029 que, según señalan los demandantes, contiene una cláusula denominada cross default (incumplimiento cruzado), que permite al acreedor exigir la cancelación de la deuda de un préstamo o bono si el prestatario incumple las obligaciones financieras, incluso de otro contrato que tenga firmado.

NextEra: Aeropuerto de Luton

El caso del litigio que enfrentó a NextEra con España, que se ha convertido en la mayor compensación reconocida por el recorte de las renovables, ha salpicado a una de las empresas estatales más potentes, el gestor aeroportuario Aena. La justicia británica acordó la medida cautelar sobre el 26% que tiene la compañía pública del aeropuerto londinense de Luton y sus filiales. Pero también sobre terrenos y propiedades que forman parte del aeródromo.

Exterior del aeropuerto de Luton (Londres).

Otros posibles embargos en Australia y Estados Unidos

El pasado mayo, en un evento público celebrado en Madrid, representantes de los fondos acreedores advirtieron de que tenían localizados alrededor de 400 activos españoles en el extranjero con un valor total de 4.600 millones de euros. En este sentido, el laudo de Antin se ha llevado hasta Australia donde se ha puesto interés en la actividad de la filial en el país oceánico de Navantia, después de que el Tribunal Supremo australiano rechazara el recurso de España contra el reconocimiento de dicho laudo.

Algo similar ocurre en Estados Unidos donde NextEra y 9REN Holding (42 millones de euros) han solicitado el reconocimiento de laudos, lo que abre la puerta a posibles nuevos embargos, que de momento no se han concretado. También lo ha hecho un tercer inversor, RWE Innogy (28 millones de euros), pese a que España intentara paralizar el asunto ante la justicia alemana, si bien la Corte Regional de Essen consideró el pasado abril que no hay nada que impida a la compañía para que lleve el caso ante un tribunal de Columbia, que es lo que acaba de decidirse en Estados Unidos.

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