La justicia británica embarga el usufructo de Aena sobre el aeropuerto de Luton por un laudo de renovables

La medida provisional se enmarca en el pleito de NextEra, a la que se reconoció una indemnización de 290 millones de euros por parte del Estado español

Exterior del aeropuerto de Luton (Londres).

Nuevo embargo contra bienes del Estado español como consecuencia del recorte de las primas de las energías renovables. La justicia británica ha acordado dicha medida cautelar contra el derecho de usufructo de la compañía pública Aena sobre el aeropuerto Luton, en Londres, tal y como pidió el gigante energético NextEra Energy como forma de afianzar el pago de uno de los 26 laudos pendientes de pago por este asunto. En este caso, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones (Ciadi) —dependiente del Banco Mundial— reconoció una indemnización de 290 millones para compensar las pérdida de la rentabilidad de su inversión en dos plantas termosolares en Extremadura como consecuencia de la reforma eléctrica que acometió el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.

Aena comunicó en la noche de este sábado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la medida adoptada contra el Estado español, aunque precisó que al no ser parte de ese proceso judicial, la medida de embargo provisional adoptada no le ha sido notificada, sino que ha sido comunicada por los “representantes del Reino de España” en el procedimiento. “AENA llevará a cabo, tan pronto le sea notificada la decisión, las comprobaciones pertinentes para determinar el alcance y consecuencias de esas medidas y, en todo caso, defenderá los intereses de AENA, sus filiales y sus accionistas del modo que jurídicamente proceda”, señala el comunicado firmado por la secretaria del consejo de administración, Elena Roldán.

Debido a que España no ha afrontado ninguno de los laudos que reconocen el derecho de indemnización de los distintos inversores que demandaron al Estado por el recorte de las primas de las renovables, algunos de los afectados y fondos de inversión oportunistas, que han comprado los derechos de las compañías en estos pleitos, están solicitando los embargos de bienes y activos españoles en el extranjero en los distintos procesos de reconocimiento y ejecución de laudos abiertos en distintas jurisdicciones, como Reino Unido, Bélgica Australia o Estados Unidos. Y esto es lo que ha ocurrido en el caso de NextEra, que inició su batalla contra el Estado español en 2014.

Según explica la empresa pública, los abogados del gigante energético informaron a España de que el pasado 11 de julio se había dictado “sin audiencia del Reino de España y sin participación de Aena”, una decisión judicial por la que se ha acordado una medida provisional sobre el beneficial interest, lo que se puede entender como usufructo. Los abogados de NextEra atribuyen a España un 26% de las acciones de la sociedad London Luton Airport Holdings III Limited y sus filiales; y en uno de los terrenos en los que una de las filiales aparece como titular registral y que incluyen varias propiedades que forman el aeropuerto londinense. Fuentes jurídicas explican que este trámite de embargo provisional suele ser inaudita parte, es decir, sin escuchar las alegaciones de la parte contraria y añaden que la decisión no es aún firme porque los servicios jurídicos del Estado pueden presentar un recurso para intentar su nulidad y hacer valer sus argumentos. En todos los procesos abiertos para la ejecución de los laudos, la Abogacía del Estado aduce dos argumentos: que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto límites a los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria y que la Comisión Europea tiene que autorizar dicho abono tras comprobar que no se corresponde a una “ayuda ilegal de Estado”.

Otros embargos

El embargo sobre la participación de Aena en Luton se suma a los ya dictados también por los tribunales de Reino Unido o Bélgica. En julio, el fondo estadounidense Blasket Renewable Investments, uno de los fondos de inversión que mantiene el pulso a España por el recorte de las renovables, consiguió que la Corte de Apelación de Bruselas estimara su petición de embargar las transferencias que la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), con sede en la capital belga, realiza a la empresa pública Enaire por la recaudación de tasas de ruta y terminales con el fin de afianzar la indemnización de 32 millones de euros que el Ciadi reconoció en favor de InfraRed Environmental Infrastructure, cuyos derechos en este litigio pertenecen a Blasket. Unos días después, dicho tribunal elevó el embargo de 32 millones a 80 millones de euros.

Este mismo fondo activó también, en abril de 2023, la cláusula default en cuatro emisiones de deuda pública que declara a España en impago técnico. Asimismo, consiguió que el Tribunal Superior de Londres acordara el bloqueo provisional de 805.808 euros depositados en cuatro cuentas ligadas al Instituto Cervantes, así como el embargo de la propia sede de la institución, situada en el centro de la capital británica, y la sede de la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña.

En el marco del caso Antin, (donde se reconoció una indemnización de 120 millones de euros), la justicia británica ordenó embargar de manera cautelar el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un inmueble histórico propiedad del Estado español en Londres. También, se acordó el bloqueo de parte de los 850 millones de euros que España tiene pendiente de recibir por el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas, si bien esta cantidad está en el aire después de que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales vetara al Estado a cobrar la indemnización.

Fuera del continente europeo, los fondos acreedores han abierto la vía de otros posibles embargos, como en Australia, después de que su Tribunal Supremo desestimara el recurso de la Abogacía del Estado contra el laudo que obliga a pagar 101 millones de euros a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termsolar. Los inversores pusieron el interés en la actividad de la filial australiana de Navantia. A ello se suma RWE, que el pasado mes de abril consiguió el respaldo de la justicia alemana para poder iniciar en Estados Unidos un procedimiento de ejecución del laudo que le otorga una compensación de 28 millones de euros por el recorte de las primas de las renovables.

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