La justicia británica bloquea 800.000 euros a España por el recorte de las renovables
El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ordena el embargo de esta cantidad depositada en cuatro cuentas bancarias del Instituto Cervantes
Un juez de la corte comercial Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra y Gales ha ordenado el embargo provisional de 800.000 euros que el Estado español tiene en cuatro cuentas bancarias en Reino Unido para poder ejecutar uno de la veintena de laudos arbitrales que España ha perdido por el recorte de las primas de las renovables en 2013. El magistrado Richard Harold Davison ha aceptado la petición de Blasket Renewable Investments, un grupo inversor al que el Ciadi (dependiente del Banco Mundial) reconoció el derecho de recibir una compensación de 28,2 millones de euros como consecuencia de la reforma eléctrica que llevó a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy.
La resolución, que fue dictada el pasado 9 de noviembre y a la que ha tenido acceso CincoDías, da el plazo de siete días para que España asegure en total 805.808 euros (699.057,49 libras esterlinas) depositadas en cuatro cuentas del Banco Santander ligadas al Instituto Cervantes.
De este modo, se cierra un segundo capítulo, después de que, en abril, el grupo inversor lograra que la justicia británica ordenara, también, el embargo cautelar de dos inmuebles españoles: la sede del Instituto Cervantes en Londres y la sede del organismo de promoción económica de Cataluña.
En paralelo, Blasket activó un proceso conocido como Third Party Debt Order (Orden de deuda de terceros), mediante el cual reclamó que se intervinieran las cuatro cuentas bancarias, que finalmente han sido bloqueadas.
La decisión, que ya ha sido notificada al Gobierno de España y que se adoptó sin escuchar a la Abogacía del Estado, aún no es firme, pues el Estado español tiene dos meses para impugnar dicha orden provisional y solicitar su “modificación o anulación”.
La batalla judicial de Blasket Renewable Investments contra el Estado español se remonta en 2014, cuando presentó una demanda ante el Ciadi –lo que se conoció como caso Infrared– para reclamar una compensación de 75,5 millones de euros. La corte de arbitraje finalmente reconoció la indemnización de 28,2 millones de euros, más intereses.
Sin embargo, ante el rechazo de España a pagar las compensaciones reconocidas por los distintos laudos, bajo el argumento de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha limitado los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria, y que la Comisión Europea tiene que autorizar dicho abono tras comprobar que no se corresponde a una “ayuda ilegal de Estado”, los fondos han acudido a distintas sedes judiciales para solicitar embargos de bienes.
Otros bienes embargados
En este contexto, las cuatro cuentas bancarias que acaban de ser embargadas no son los únicos bienes que el Estado español tiene bloqueados. En el marco del bautizado como caso Antin, el pasado mes de agosto, el Tribunal Superior de Londres dictó la orden provisional de embargo de un inmueble histórico propiedad del Estado español en la capital de Reino Unido, el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un colegio internacional que tiene como sede un antiguo convento dominico, con más de un siglo.
Por otro lado, el fondo oportunista que compró los intereses de Antin en su laudo contra el Estado solicitó también el embargo de parte de más de 850 millones de euros que España reclama por el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas en 2002. No obstante, esta medida quedó en el aire, el pasado mes de octubre, después de que la comerte comercial del Tribunal Superior de Inglaterra y Gales tildara de “incompatible” el cobro de dicha compensación por el vertido de más de 70.000 toneladas de crudo de petróleo –pese a que así lo determinó el Tribunal Supremo español– con el arbitraje británico que está en curso por este asunto.
Fuera de Europa, los fondos han abierto la vía de otros posibles embargos, como en Australia, después de que su Tribunal Supremo desestimara el recurso de los servicios jurídicos españoles contra el laudo que obliga a pagar 101 millones de euros a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termsolar. Así las cosas, los fondos pusieron el interés sobre la actividad de la filial australiana de Navantia.
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