Bélgica se suma al bloqueo de bienes españoles y embarga 32 millones por un laudo de las renovables
La Corte de Apelación de Bruselas autoriza la medida cautelar sobre los pagos que Eurocontrol realiza a Enaire por las tasas de ruta para afianzar el pago de laudo del ‘caso InfraRed’
Blasket Renewable Investments, uno de los fondos de inversión que mantiene el pulso a España por el recorte de las renovables que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó en 2013, ha conseguido que otro tribunal extranjero abra la puerta a bloquear más activos y bienes españoles de manera provisional para garantizar el eventual abono de uno de los 26 arbitrajes que el Estado ha perdido por este asunto. La Corte de Apelación de Bruselas ha estimado su petición de embargar las transferencias que la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), con sede en la capital belga, realiza a la empresa pública Enaire por la recaudación de tasas de ruta y terminales con el fin de afianzar la indemnización de 32 millones de euros que el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) reconoció en favor de InfraRed Environmental Infrastructure, cuyos derechos en este pleito pertenecen a Blasket.
España no ha pagado ninguno de los laudos que, de momento, se han dictado a favor de los inversores perjudicados por el recorte de las renovables. La Abogacía del Estado aduce dos argumentos: que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto límites a los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria y que la Comisión Europea tiene que autorizar dicho abono tras comprobar que no se corresponde a una “ayuda ilegal de Estado”. Frente a ello, Blasket y otros fondos acreedores pusieron en marcha una ofensiva para pedir en distintas jurisdicciones internacionales (Reino Unido, Australia o Estados Unidos) el bloqueo de bienes y activos españoles como fórmula para garantizar las indemnizaciones que varias cortes de arbitraje le han reconocido.
En este contexto tiene lugar la decisión de la justicia belga. La resolución de la Corte de Apelación de Bruselas, firmada por el juez D. Degreef el pasado 18 de junio, y a la que ha tenido acceso este periódico, da un vuelco a los criterios adoptados previamente por un juez de embargo y por un tribunal de primera instancia de lengua neerlandesa de Bruselas, que desestimaron la petición de embargo que Blasket planteó sobre los derechos de crédito que España recibe de Eurocontrol, vía Enaire, en virtud de las tarifas de control del tráfico aéreo. Ambos órganos judiciales consideraron los demandantes no acreditaron el cumplimiento de los requisitos legales para poder “apoderarse de bienes de una potencia extranjera”. En opinión de estos jueces, el hecho de que Enaire sea una entidad pública no implica que tenga fines comerciales, requisito imprescindible para dar luz verde al embargo en favor de los acreedores.
Blasket Renewable recurrió ante la Corte de Apelación, que finalmente ha estimado las pretensiones del fondo. Según señala el fallo, la situación de Eurocontrol y Enaire sí que encaja en lo establecido en el Código Judicial de Bélgica, ya que, a su juicio, la compañía pública sí tiene los fines comerciales exigidos. Además, resalta que “España fue condenada definitivamente al pago mediante sentencias ejecutorias, que nada impide al Reino de España cumplir voluntariamente su obligación de pago”.
Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico afirma que España no ha recibido ninguna notificación sobre el intento de ejecución en Bélgica del laudo del caso InfraRed por parte del fondo americano. Aun así, aseguran que el Estado español “se opondrá a la decisión judicial belga, dictada en un procedimiento en el que el Reino de España no ha sido parte, por contravenir la normativa europea en materia de Ayudas de Estado, así como por la inembargabilidad de los derechos de crédito que Enaire ostenta frente a Eurocontrol, organización internacional”.
InfraRed Enviromental Infraestructure participaba en dos proyectos de energía termosolar: los situados en Morón de la Frontera (Sevilla) y en Olivenza (Badajoz), ambas de 50 megawatios y de tecnología parabólica. Como consecuencia de la reforma eléctrica de 2013, la compañía británica demandó en junio de 2014 a España ante el Ciadi, la institución de arbitraje del Banco Mundial. Para ello fichó a los abogados de Cuatrecasas. El pleito concluyó en 2019 con el dictado de un laudo que reconocía una indemnización a favor del inversor de 28,2 millones de euros más intereses legales. No obstante, la deuda por este litigio ha ascendido hasta 32 millones, ya que desde entonces se han acumulado cuatro millones adicionales por los intereses de demora.
Instituto Cervantes o la indemnización del Prestige
El fondo, que en abril de 2023 activó la cláusula default en cuatro emisiones de deuda pública que declara a España en impago técnico, ya logró que el Tribunal Superior de Londres acordara el bloqueo provisional de 805.808 euros depositadas en cuatro cuentas ligadas al Instituto Cervantes, así como el embargo de la propia sede de la institución, situada en el centro de la capital británica, y la sede de la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña. Estas no son las únicas medidas cautelares impuestas sobre bienes españoles en Reino Unido, pues en el marco del caso Antin, (donde se reconoció una indemnización de 120 millones de euros), la justicia británica ordenó embargar de manera cautelar el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un inmueble histórico propiedad del Estado español en Londres. Asimismo, se acordó el bloqueo de parte de los 850 millones de euros que España tiene pendiente de recibir por el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas, si bien esta cantidad está en el aire después de que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales vetara al Estado a cobrar la indemnización.
Fuera del continente europeo, los fondos acreedores han abierto la vía de otros posibles embargos, como en Australia, después de que su Tribunal Supremo desestimara el recurso de la Abogacía del Estado contra el laudo que obliga a pagar 101 millones de euros a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termsolar. Los inversores pusieron el interés en la actividad de la filial australiana de Navantia. A ello se suma RWE, que el pasado mes de abril consiguió el respaldo de la justicia alemana para poder iniciar en Estados Unidos un procedimiento de ejecución del laudo que le otorga una compensación de 28 millones de euros por el recorte de las primas de las renovables.
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