Sumar propone aumentar las multas a las empresas por ‘greenwashing’
La formación, que registra en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley, busca evitar que a las compañías “les compense esta práctica desleal”
El Grupo Parlamentario Sumar ha registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para acabar con las prácticas de greenwashing, o blanqueo ecológico, para su debate en la Comisión de Derechos Sociales y Consumo de la Cámara Baja. En ella insta al Gobierno a impulsar un régimen sancionador en la nueva Ley de Consumo Sostenible que sea eficiente en cuanto a la disuasión de prácticas del también conocido como ecopostureo.
La iniciativa, a la que ha tenido acceso Europa Press, tiene la finalidad de que “a las grandes empresas no les compense esta práctica desleal en cuanto a beneficios en relación a la multa impuesta”. Asimismo, la formación reclama al Ejecutivo que establezca, a través de la nueva normativa impulsada, un método “ágil, efectivo y con respuesta rápida” para que las compañías puedan comprobar, a través de los verificadores asignados, si su alegación medioambiental se ajusta a los parámetros establecidos por la normativa, especialmente para que las pequeñas empresas “puedan resultar beneficiadas en la correcta información que dan a través del etiquetado de sus productos”.
Sumar advierte de que el greenwashing “se ha convertido en una mala praxis habitual de muchas empresas que buscan vender sus productos o servicios a través de mensajes exagerados o falsos sobre los beneficios medioambientales”. El grupo parlamentario añade que esta táctica comercial “se utiliza precisamente por el progresivo aumento social en cuanto a la preocupación por el cambio climático”.
Entre otras prácticas, la formación que todavía lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, apunta que se considera greenwashing la ambigüedad en las afirmaciones, sin especificar por qué es respetuoso con el medio ambiente o sostenible; el uso excesivo de palabras, como puede ser natural; la introducción de información que es irrelevante porque todos los productos de esas características ya lo conllevan, como decir que el envase de vidrio es reciclable; o la compensación oculta, destacando una ventaja medioambiental, pero ocultando otras que sí son perjudiciales.
“Esto no solo resulta engañoso para el consumidor, sino que perjudica a otras empresas que sí cumplen con la sostenibilidad ambiental, produciendo así una práctica desleal y una desconfianza que va en aumento en cuanto a las comunicaciones sobre medio ambiente en los productos”, critica Sumar.
Las acusaciones de ecoposutero llegaron hace unos meses a la Bolsa española. Iberdrola ha acusado de ello a Repsol y, el pasado mes de marzo, presentó una demanda contra la petrolera por lo que considera publicidad engañosa sobre la sostenibilidad de su negocio. El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander ha citado a ambas firmas el próximo 21 de noviembre para celebrar el juicio.
La exposición de motivos de la proposición no de ley, recuerda que hace pocas semanas el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 anunció la elaboración de una nueva Ley de Consumo Sostenible. El objetivo de esta nueva ley es, según apunta, “la lucha firme contra el greenwashing, protegiendo aquellas empresas que sí cumplen con los estándares de sostenibilidad y que sufren competencia desleal, así como potenciando el desarrollo del índice de reparabilidad para comparar la circularidad de productos en su propio etiquetado, y la inclusión del derecho a reparar como principio básico”.
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