Un fondo que pleitea contra España por las renovables avisa que iniciará un procedimiento de ‘default’ técnico
Blasket Renewable Investments envió una notificación prejudicial a los ministros Teresa Ribera y Carlos Cuerpo para comunicar su intención de actuar sobre un bono de deuda de 237 millones ante el impago de laudos
Blasket Renewable Investments, propietario de los derechos de varios arbitrajes planteados contra España por el recorte de las primas de las energías renovables, ultima nuevas acciones legales contra el Estado y mete presión sobre el Tesoro por el impago de los laudos que distintas cortes arbitrales han dictado a favor de los inversores. El fondo estadounidense envió el pasado 1 de julio una notificación prejudicial dirigida a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, avisando de que iniciará un procedimiento de default técnico ante el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales. Este órgano judicial ya conoce la batalla legal de Blasket y otros fondos acreedores contra España, ya que ha ordenado el embargo provisional de varios bienes y activos españoles para afianzar las indemnizaciones millonarias reconocidas por tribunales de arbitraje como consecuencia de la reforma eléctrica que llevo a cabo el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013.
Blasket ya dio un primer aviso al Gobierno en abril de 2023, cuando advirtió de que invocaría esta cláusula de impago técnico, sin precedentes desde la Guerra Civil, en cuatro emisiones de deuda públicas española en los mercados internacionales por valor de unos 900 millones de euros. Tras entablarse una serie de negociaciones y no llegar a ningún acuerdo, según fuentes cercanas al fondo, ahora ha decidido poner el asunto en manos de un juez y comenzar por un bono de deuda de 237 millones de euros que se emitió en abril 1999 y que vence en abril 2029.
El foco está puesto en este bono porque, según indica el Blasket, incluye una cláusula denominada cross default (incumplimiento cruzado), que permite al acreedor exigir la cancelación de deuda de un préstamo o bono si el prestatario incumple las obligaciones financieras incluso de otro contrato que tenga firmado. Y alerta de que hay otros tres títulos de deuda en dólares, yenes y euros cuyo valor conjunto ronda los 750 millones de euros que se encuentran en la misma condición.
De este modo, el fondo busca que los tribunales británicos obliguen a España a devolver dicha cantidad por adelantado, antes de su vencimiento y otorguen el título de país deudor al Estado español, según señalan las fuentes cercanas a la firma estadounidense. Por su parte, fuentes del Gobierno señalan que esta estrategia de buscar el default “no es nueva y no ha tenido ningún impacto”.
“Le recomendamos que comparta esta carta con sus asesores legales lo antes posible, ya que se refiere a un litigio anticipado en su contra”, comienza la carta, con fecha del 1 de julio, que enviaron a Economía y Transición Ecológica los abogados de Blasket, que tiene el derecho del laudo que planteó InfraRed Environmental Infrastructure ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias a Inversiones (Ciadi) —dependiente del Banco Mundial—, que le otorgó una indemnización de 32 millones de euros por el recorte de las renovables. “Está claro que la consecuencia del incumplimiento por parte de España de pagar los montos adeudados en virtud de los laudos arbitrales es que se han producido uno o más eventos de incumplimiento, lo que hace que los bonos sean inmediatamente vencidos y pagaderos. A falta de una acción apropiada, ahora, por parte del Reino [de España] para honrar sus obligaciones y satisfacer las demandas de Blasket, anticipamos que nuestro cliente nos ordenará iniciar procedimientos en el tribunal inglés”, reza la misiva consultada por este periódico.
Las fuentes del Gobierno aseguran al respecto que “no hay correlación entre el resultado de los laudos y la pretendida ejecución por parte de Blasket sobre la deuda pública. De hecho, en ningún caso puede entenderse que los laudos arbitrales constituyan un evento de default, como Blasket viene argumentando desde hace un año con el envío de cartas miméticas”.
Embargos en el extranjero
España ha afrontado desde 2011 un total de 52 demandas de arbitraje por el recorte retroactivo de las primas de las renovables, de las cuales 25 han sido resueltos a favor de los inversores (aunque solo 10 de forma definitiva), mientras que otros siete han resultado una victoria para España. Asimismo, los servicios jurídicos del Estados han logrado dejar sin ningún tipo de efecto tres de los laudos perdidos inicialmente. Y, por otro lado, tres demandantes terminaron desistiendo de sus intenciones iniciales para acogerse al real decreto-ley que el Gobierno aprobó en 2019 para otorgar a las plantas afectadas una rentabilidad garantizada del 7,39% hasta 2031, a cambio de no seguir pleiteando. Así las cosas, de los más de 10.635 millones de euros que los inversores reclamaron inicialmente, la factura se ha reducido, por el momento, hasta los 1.500 millones de euros.
España no ha afrontado ninguno de los laudos que reconocen el derecho de indemnización de los distintos inversores que demandaron al Estado, alegando que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha puesto límites a los arbitrajes de inversión cuando las dos partes implicadas residen en zona comunitaria y que la Comisión Europea tiene que autorizar dicho abono tras comprobar que no se corresponde a una “ayuda ilegal de Estado”. Debido a esta oposición algunos de los inversores y fondos acreedores han solicitado a distintos tribunales extranjero el embargo provisional de activos y bienes españoles en el exterior durante los trámites judiciales de reconocimiento y ejecución de los fallos arbitrales.
Hace unas semanas, la justicia británica acordó el embargo preventivo del derecho de usufructo de Aena sobre el aeropuerto Luton, en Londres, tal y como solicitó el gigante energético NextEra Energy en el marco de su litigio, en el que logró una indemnización de 290 millones. También en julio, Blasket consiguió que la Corte de Apelación de Bruselas estimara su petición de embargar las transferencias que la Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (Eurocontrol), con sede en la capital belga, realiza a la empresa pública Enaire por la recaudación de tasas de ruta y terminales con el fin de afianzar la indemnización de 32 millones del laudo de Infrared. Unos días después, dicho tribunal elevó el embargo de 32 millones a 80 millones de euros.
Dentro del caso Infrared, el Tribunal Superior de Londres ordenó el bloqueo provisional de 805.808 euros depositados en cuatro cuentas ligadas al Instituto Cervantes, así como el embargo de la propia sede de la institución, situada en el centro de la capital británica, y la sede de la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat de Cataluña. Y en el marco del caso Antin, (donde se reconoció una indemnización de 120 millones de euros), la justicia británica ordenó embargar de manera cautelar el Instituto Español Vicente Cañada Blanch, un inmueble histórico propiedad del Estado español en Londres; así como el bloqueo de parte de los 850 millones de euros que España tiene pendiente de recibir por el hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas, si bien esta cantidad está en el aire después de que el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales vetara al Estado a cobrar la indemnización.
Fuera del continente europeo, los fondos acreedores han abierto la vía de otros posibles embargos, como en Australia, después de que su Tribunal Supremo desestimara el recurso de la Abogacía del Estado contra el laudo que obliga a pagar 101 millones de euros a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termsolar. Los inversores pusieron el interés en la actividad de la filial australiana de Navantia. A ello se suma RWE, que el pasado mes de abril consiguió el respaldo de la justicia alemana para poder iniciar en Estados Unidos un procedimiento de ejecución del laudo que le otorga una compensación de 28 millones de euros por el recorte de las primas de las renovables.
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