Eléctricas y centros de datos cercan al Gobierno para lograr 6.000 MW de red
Transición Ecológica, a propuesta de REE, solo admite un 10% de las peticiones de revisión de inversiones para nueva capacidad
El pasado 15 de diciembre la Secretaría de Estado de Energía sometió a trámite de audiencia un borrador de propuesta de modificación extraordinaria de la actual planificación de las redes de transporte de REE (2021-2026), a la vista de la fuerte demanda de capacidad que las distribuidoras eléctricas están recibiendo de industrias que deben descarbonizarse (cambiando el uso de gas natural por electricidad en sus procesos productivos, como es el caso del sector alimentario o el químico) y, muy especialmente, de los centros de procesamientos de datos que quieren instalarse en España y se convertirán en los grandes consumidores del futuro, a la manera del papel que jugaron en su día (y aún juega) la gran industria pesada, como la siderúrgica.
Precisamente, fueron las distribuidoras (filiales de las grandes compañías eléctricas Iberdrola, Endesa o Naturgy) las que habían solicitado en marzo del año pasado lo que se conoce como Modificación de Aspectos Puntuales del Plan de Desarrollo de la Red de Transporte (MAP) para avanzar en la actual planificación sin esperar a la del siguiente periodo (aprobada para los años 2026-2030) y dar salida urgente a la demanda de nueva capacidad de la red que asciende a 6.000 MW en toda España, según los cálculos de las compañías. Las distribuidoras no pueden ofrecer dicha potencia en tanto no la reciban de REE, que gestiona la red de alta tensión y que requiere ser transformada para que las distribuidoras puedan dar acceso a su red de media y baja tensión.
El resultado de la propuesta de MAP resultó decepcionante para los solicitantes ya que el Ministerio de Transición Ecológica, a propuesta de REE, solo aceptó un 10% de la potencia solicitada, con una inversión que se calcula en apenas 321 millones de euros. El caso de Madrid resulta llamativo pues las eléctricas pedían, para atender a la demanda de industrias en el corredor del Henares y centros de datos, la mitad del total aquella capacidad: 2.947 MW. Según las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid, “resulta llamativo que la única nueva actuación se refiera a la subestación de Algete de 220 kV para atender demandas de la zona centro (Madrid y Castilla La Mancha).
El Gobierno madrileño considera que la capacidad otorgada es “manifiestamente insuficiente, incompleta y arbitraria” y alerta de que no se puede esperar a la próxima planificación: “Los acuciantes problemas de demanda no pueden demorarse dos años” porque ponen “en juego el fuerte dinamismo de la comunidad de Madrid”, alega. Otra comunidad del Partido Popular, la de Andalucía ha amenazado con crear su propio mapa de conexión eléctrica.
Tras las presiones de Madrid se encuentran los centros de procesamientos datos, que están ejerciendo un fuerte lobby para conseguir no solo el acceso a las redes eléctricas sino para lograr subvenciones en el precio de la energía. El gran consumo de estos centros, según sus defensores, puede servir para compensar la caída constante de la demanda de electricidad que pone en riesgo los ambiciosos objetivos de producción renovable de España: buena parte de esta generación renovable se desperdicia por falta de demanda.
Independencia del operador
Los más críticos, por su parte, señalan que los centros de datos están “jugando a la subasta” y no solo han elegido España por los bajos precios de la electricidad que auguran las empresas del sector, con energías verdes mas competitivas que el resto de países europeos (20 euros MWh más bajos a 2025) sino “porque en otros países también están encontrando los mismos problemas de acceso a las redes”.
En este punto, vuelve a surgir el debate de la separación del operador del sistema (que propone las inversiones en redes) y el transportista, ambos integrados en Red Eléctrica, aunque en funciones separadas. También en el caso de las distribuidoras (en grupos verticalmente integrados con filiales de generación) se podría atisbar intereses cruzados. Fuentes próximas a REE insisten en que el responsable último de la planificación es el ministerio que dirige Teresa Ribera, una vez vistas las propuestas de aquella.
La planificación responde a las orientaciones de política energética, que son vinculantes para el operador del sistema, indican fuentes políticas. Para REE las modificaciones puntuales deben justificar una urgencia para unas infraestructuras cuyas inversiones son de largo plazo, añaden. “La prioridad es atender a los proyectos firmes y maduros en el horizonte de planificación establecidos”, señalan las mismas fuentes, que recuerdan que el operador siempre se ha regido por la prudencia y el ministerio por evitar que se sobredimensione la red y se disparen los peajes de la luz de los usuarios, que pagan dichas inversiones en su factura. Por contra, hay quien puntualiza que a más consumidores conectados menos es el coste relativo porque se reparte entre más, “en las redes funciona la economía de escala”.
En cualquier caso, el ministerio ha recibido el respaldo de la CNMC a su MAP, con un informe publicado la semana pasada en el que, salvo algunas puntualizaciones, considera adecuadas sus propuestas. Según el regulador sectorial, “La propuesta contribuirá a la transición energética y la electrificación de la economía, lo que facilitará la consecución de los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) a 2030″. Una vez publicado este informe y vistas las alegaciones, Transición Ecológica publicará su MAP definitivo, aunque en el sector no confían en grandes cambios.
Inversiones sostenibles y limitadas
La propuesta de MAP para adelantar las inversiones que permitan cubrir la fuerte demanda de la industria y de los centros de datos responden, según Transición Ecológica, al principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema eléctrico que exige la ley del sector y los límites de inversión anual que impuso un RDL de 2013. Precisamente, contra dicho límite (ligado al PIB anual) arremetió la semana pasada el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán.
La propuesta del ministerio engloba 64 actuaciones desagregadas en cuatro categorías con un impacto de inversión de 321 millones de euros en el horizonte de 2026. Según las distribuidoras, solo se ha aceptado un 10% de la capacidad solicitada.
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