El regreso de la CNE, una cruzada de más de una década
El Gobierno aprueba el anteproyecto que segrega del la CNMC al regulador energético con, prácticamente, las mismas funciones y con un consejo de siete miembros
El Gobierno de coalición ha dado el primer paso para el “restablecimiento” de la antigua Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo que nació en 1995 para supervisar y regular los recién liberalizados mercados energéticos y que fue subsumido en 2013 en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), un macroorganismo gestado en medio de una gran polémica por el primer Gobierno de Mariano Rajoy. En él se entremezclaron la autoridad de la Competencia y los reguladores sectoriales en ciernes, el más relevante el de Energía.
Tras una cruzada de más de una década, el Consejo de Ministros aprobó ayer lanzar a audiencia pública el anteproyecto de ley para crear una nueva Comisión Nacional de la Energía (ahora con el artículo ‘la’), si bien, seguirán en la CNMC el resto de reguladores, como el de las telecos, aeropuertos, ferrocarriles o audiovisual, por la oposición interna del propio Gobierno (léase, la exvicepresidenta económica, Nadia Calviño, a cuyo ministerio estaba -y seguirá estando- adscrita la CNMC).
Los partidarios de separar Competencia del resto de reguladores (el consenso era amplio pero el tiempo apremiaba para un Gobierno rodeado de problemas), se deben conformar con este extraño modelo mixto. Al menos, -se consuelan- la energía, la más necesitada de supervisión y que suponía un 70% del trabajo de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, queda fuera de Competencia, una autoridad centrada en el funcionamiento del mercado y no en la defensa del usuario ni en la garantía del suministro. Ya no habrá confusión en saber quién pone, por ejemplo, una multa a una compañía eléctrica, si la verdadera Competencia (confundida en las siglas de la CNMC) o la CNE.
Hay quien se atreve a asegurar que, más allá de defender uno u otro modelo, el Ejecutivo no habría dado este paso si, al menos, la CNMC hubiese dado muestras de buen funcionamiento durante este tiempo. Por contra, tanto durante la etapa del primer presidente, José María Marín, como la de la actual presidenta, Cani Fernández, el organismo no ha estado exento de polémicas externas y conocidas batallas internas. La CNMC, un órgano regulador equiparable al Banco de España o la CNMV (supervisores de la banca y los mercados bursátiles, respectivamente) no ha logrado en este tiempo el prestigio que pueden tener estos.
El legislador lo ha tenido fácil: ha utilizado una plantilla en la que ha incluido, esencialmente, las potestades en materia de energía incluidas en la ley de creación de la CNMC (3/2013), con sus labores de supervisión, inspección y liquidación de los ingresos y costes del sistema y el RDL 1/2019 que otorgó al organismo la posibilidad de aprobar circulares (norma de rango inferior a una orden ministerial) con las retribuciones de los activos regulados (redes de electricidad y gas) para los correspondientes periodos regulatorios. En este caso, como ocurría hasta ahora, en coordinación con el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, el que marca las orientaciones de política energética. Una imposición que, ya en su día, se vio como una limitación de la independencia de la Comisión.
Pero la CNE se ha adaptado también a una nueva época de descarbonización de la economía. Y en ella tendrán un papel, antiguamente inexistente, el hidrógeno verde y los gases renovables. Así, contará con tres direcciones de instrucción: Electricidad; Hidrocarburos y Nuevos Combustibles e Inspección.
Como hasta ahora a la CNMC, a la CNE se le deberán comunicar las tomas de determinadas participaciones en activos regulados o estratégicos por parte de inversores, si bien, la imposición de posibles condiciones corresponderá al ministerio. El conocido como reglamento antiopas aprobado durante la pandemia, una especie de acción de oro del Gobierno, supera la potestad que tiene el regulador energético, que se limita a posibles riesgos en el suministro de luz o gas.
El consejo del organismo tendrá siete miembros con un único mandato de seis años (inicialmente, la mitad solo serán nombrados por tres años, previo sorteo). Se puede dar la circunstancia de que algún consejero de la actual CNMC sea propuesto por el correspondiente grupo político y se sume los citados seis años a los que lleva en el superregulador.
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