_
_
_
_

Las empresas españolas multiplican sus inversiones en EE UU al calor del ‘plan Biden’

El programa de incentivos fiscales atrae a grupos como Iberdrola, Repsol, Gestamp, Wallbox, Tubos Reunidos o Airtificial

Joe Biden, presidente de Estados Unidos.
Joe Biden, presidente de Estados Unidos.JONATHAN ERNST (REUTERS)

Didier Reynders, comisario de Justicia de la UE, lo advirtió recientemente en Bilbao en una cumbre informal de ministros de Consumo, Industria y Mercado Interior de los Veintisiete, al referirse a los temidos efectos de la Inflaction Reduction Act (IRA), también conocida como Ley para la Reducción de la Inflación, que aplica el Gobierno de Joe Biden desde agosto del año pasado. El mandatario europeo no tuvo reparos en reconocer que Bruselas debe trabajar para “evitar que las inversiones huyan de Europa”.

Mientras el Viejo Continente acuerda las medidas más idóneas para contrarrestar el atractivo plan de incentivos fiscales norteamericano que persigue atraer inversión industrial a Estados Unidos, las empresas españolas multiplican sus proyectos para poder acogerse a dichas ayudas.

Las compañías trabajan contra reloj para culminar la documentación que requiere la participación en un programa de estas características, pero ya hay movimientos en firmas del sector de la automoción, la siderurgia y las energías renovables. Así, empresas como Gestamp, Tubos Reunidos, Tubacex, CIE Automotive, Ingeteam, Walbox, Airtificial, Iberdrola o Repsol reconocen abiertamente su interés por participar en el plan Biden para consolidar su presencia en uno de los grandes mercados mundiales.

En paralelo, algunas de las voces más representativas de la industria española advierten contra los efectos perniciosos que puede provocar la nueva regulación de EE UU. Los fabricantes de la UE ya han tenido que lidiar con anteriores deslocalizaciones de la producción, en su mayoría motivadas por los costes laborales más bajos de otros países de fuera de la órbita comunitaria, sobre todo de Asia. Esa externalización industrial derivó años después, además de en una pérdida de músculo del tejido productivo del Viejo Continente, en un elevado nivel de dependencia de terceros, principalmente de los grandes fabricantes asiáticos. Un problema que demostró tanto la pandemia, con la dramática escasez de suministros sanitarios, como la ruptura de la cadena logística de semiconductores. Fallaron los proveedores asiáticos y provocaron paradas en las fábricas, sobre todo en las de automoción.

La ley que ha impulsado Joe Biden funciona como un imán para las inversiones industriales de grupos de otros países. El nuevo marco regulatorio contempla subvenciones indirectas, vía créditos fiscales, a las compañías que decidan instalarse allí o ampliar sus centros de producción ya existentes.

La IRA está dotada de un presupuesto que supera los 350.000 millones de euros, y su objetivo esencial es incrementar la producción made in USA, precisamente también para reducir la dependencia de EE UU de los fabricantes asiáticos.

Unesid

Andrés Barceló, director general de Unesid, la asociación siderúrgica que representa a empresas que facturan 14.000 millones con más de 21.000 trabajadores, tiene claro que el objetivo de la ley IRA no es antiinflacionario, sino que busca “una renacionalización de la industria”. Y supone un riesgo claro para Europa porque las compañías se pueden plantear “tener que implantarse allí si quieren vender”. Barceló advierte de que las autoridades de varios estados de EE UU están este verano de “gira comercial” por Europa para captar inversiones.

La fórmula de los créditos fiscales permite que el impacto presupuestario para las Administraciones norteamericanas sea más reducido en los primeros años de arranque de los proyectos empresariales, salvo en el caso de las iniciativas relacionadas con la producción de hidrógeno, que sí reciben directamente la subvención desde la presentación del proyecto y su aprobación dentro del plan.

En este ámbito, Iberdrola se ha asociado con el grupo norteamericano Sempra para la elaboración de H2 y amoniaco verdes “a gran escala”. En el caso de la siderurgia, el 44% del acero que se utiliza actualmente en EE UU tiene que haber sido producido en el país. Un porcentaje que se elevará al 60% en 2026. Barceló pide agilidad a la UE en la toma de decisiones para contrarrestar el atractivo del plan de Biden, que “quiere avanzar en la descarbonización de la economía, pero en base a una sólida industria local”.

Agilidad en la respuesta

Desde ArcelorMittal, su presidente en España, José Manuel Arias, asegura que “es necesario consolidar los planes de reducción de emisiones” de la industria de la UE. Pero este esfuerzo debe ser apoyado con una “intensidad en las ayudas” que permita al sector europeo “competir con otros países, siguiendo el ejemplo de lo que EE UU está desarrollando” con el IRA. La mayor siderúrgica del mundo tiene una docena de fábricas en el país norteamericano. Arias también reclama a Bruselas subvenciones a las exportaciones de acero a “países no sujetos a la estricta normativa ambiental europea”.

En positivo, admite que las autoridades comunitarias han reformulado el sistema de asignación de derechos de emisión de CO2, con un esquema de tránsito que permite “más protección mientras afrontamos nuestra descarbonización”. Una medida que se complementa con el ajuste en frontera, que mide el impacto ambiental del acero importado.

Con este escenario normativo, el gigante del acero de la familia Mittal invertirá 1.000 millones en España, en la descarbonización de sus acerías en Gijón (Asturias) y Sestao (Bizkaia), actuaciones para las que recibirá ayudas por 450 millones. Este proyecto en el país (donde cuenta con 8.000 empleados y 11 fábricas) forma parte de un plan de 3.000 millones que se extiende a parte de sus instalaciones en Alemania, Francia y Bélgica.

La invasión de Ucrania por Rusia y el veto posterior a las importaciones de recursos naturales han convertido a EE UU en el principal exportador por barco de gas natural licuado (GNL) a Europa. Y los tubos sin soldadura que se utilizan en los pozos de extracción de esta materia prima los fabrican Tubos Reunidos (TR) y Tubacex.

TR ya ha admitido que se apunta al plan IRA con una inversión de 7,33 millones para duplicar la capacidad de su planta en ese país, ubicada en Houston. Alcanzará un volumen de 75.000 toneladas en los procesos de acabado de los equipos, como la adaptación térmica y el roscado. No es un asunto baladí para TR, que obtiene en este mercado el 53% de su facturación anual y sufrió con el arancel del 25% a las importaciones que impuso Donald Trump. Los tubos los elabora en su planta de Amurrio (Álava) y luego los completa en Houston, por eso el proceso está calificado como operación del exterior.

En cambio, Tubacex hace el proceso industrial completo en EE UU, donde posee una base fabril mayor que la de TR. Tiene dos fábricas, en Pensilvania y Oklahoma, esta última recientemente ampliada. En ellas produce tubo inoxidable para instrumentación, alta precisión y para intercambiadores de calor, entre otras gamas.

Automoción

En automoción, el fabricante de componentes Gestamp, con nueve fábricas en EE UU, prevé una rentabilidad de dos dígitos en su división de Norteamérica al amparo del plan Biden. El grupo de la familia Riberas estudia con atención esas ayudas, que tienen un capítulo especial para el coche eléctrico. Este segmento debe generar más de la mitad de los ingresos de Gestamp cuando culmine su plan estratégico a cinco años. La multinacional española construirá próximamente cinco plantas, en ubicaciones sin identificar, por lo que no sería raro que alguna acabara en EE UU.

Del mismo sector es CIE Automotive, con siete factorías en ese país. Su directora de desarrollo corporativo, Lorea Aristizabal, opina que el plan IRA “subvenciona muchas inversiones nuevas” de las marcas de automoción, por lo que “nosotros nos vemos indirectamente favorecidos”. En una reunión con analistas, Aristizabal especificó que el impacto de la iniciativa de Biden “es muy relevante”, porque ha propiciado el 65% de las matriculaciones del primer trimestre de 2023. Y la gama de vehícu­los que podrán acogerse al mismo aumentará a lo largo de este año y el próximo.

Además, asegura que hay una demanda embalsada por la antigüedad de la flota que no ha recurrido a los coches de segunda mano, sino que espera a los nuevos modelos con tecnología de última generación a bordo.

Consolidación

Con este escenario, el grupo vasco Ingeteam ha ampliado sus instalaciones de Mil­waukee para elaborar cada año 13.000 cargadores que alimentarán las baterías que impulsan los vehículos. El centro de Milwaukee limitaba hasta ahora su producción a los componentes eólicos y fotovoltaicos. Como muestra de esta orientación hacia la movilidad sostenible, Ingeteam ha anunciado la venta a RES de su división de servicios renovables. Tiene su sede en Albacete y emplea a 1.600 trabajadores, el 32% de la plantilla total de la corporación familiar vasca, que ha cumplido medio siglo de trayectoria.

Otra compañía española del sector del automóvil, Wallbox (fabricante catalán de cargadores para coches eléctricos), también se está viendo beneficiada por las ayudas de la administración Biden. Este unicornio que cotiza en Wall Street, invirtió 70 millones para levantar una planta en Texas, su primera fábrica allí (se inauguró en octubre pasado), donde planea producir 250.000 cargadores al año. “Tenemos una fábrica en EE UU no porque haya salido este plan y nos hemos apuntado, sino porque forma parte de nuestra estrategia de tener fábricas allí donde estamos. Pero obviamente nos beneficiamos y la Casa Blanca nos nombró como uno de los potenciales beneficiarios de estos planes”, explicó Enric Asunción, CEO de Wallbox, en una entrevista con este medio. EE UU es el principal mercado de la compañía.

En una tesitura muy similar se encuentra Airtificial. La compañía especializada en soluciones tecnológicas para toda clase de procesos industriales cuenta en la actualidad con oficina comercial en Michigan y mantiene una planta de producción vinculada a lineales de montaje y testeo para coches híbridos y eléctricos en México. Por ello, la posibilidad de adherirse al plan Biden entra dentro de sus planes. A través de su división de Intelligent Robots, la de mayor crecimiento en la actualidad, analizan abrir una fábrica de producción en EE UU porque dicha iniciativa les acercaría al mercado estadounidense. “Además, nuestra operativa está plenamente alineada con los principios de la economía circular que defiende la nueva regulación de la administración Biden y aumentar nuestra presencia en ese mercado encaja perfectamente con la estrategia de diversificación geográfica de la compañía”, explica a CincoDías el CEO de Airtificial, Guillermo Fernández de Peñaranda.

En el área de la energía, Iberdrola redobla su apuesta por EE UU por el apoyo del plan Biden a la nueva generación renovable. En los tres próximos años invertirá 21.500 millones de dólares (más de 19.600 millones de euros). El grupo que preside Ignacio Sánchez Galán, que emplea a 7.500 personas en el país, valora “la estabilidad regulatoria y el compromiso con la descarbonización” del gigante estadounidense.

A través de su filial Avangrid se ha consolidado como el tercer operador en “energía limpia”. Quiere contar con un total de 10.000 MW renovables en producción para 2025 (sobre una cartera de proyectos de 25.000 MW). Solo en eólica marina tiene proyectos que superan los 6.000 MW. Precisamente este año prevé la puesta en marcha del parque Vineyard Wind 1 en aguas de Massachusetts. Generará electricidad para cubrir el consumo de 400.000 hogares tras un desembolso de 25.000 millones. Y negocia licencias para otros tres complejos offshore con inversiones superiores a los 9.100 millones.

Con unos recursos sin explotar en sus dos costas oceánicas, este negocio atraerá a suministradores de aerogeneradores como Siemens Gamesa (SG) y Vestas, entre otros. SG ya anunció en su día el proyecto de apertura en EE UU su primera fábrica para eólica marina con una inversión de 466 millones que generaría 420 empleos. La dimensión final estará ligada a la consecución de contratos de clientes como Iberdrola.

Por parte de Repsol, su consejero delegado, Josu Jon Imaz, ha manifestado en varios eventos que la forma de entender la descarbonización de la economía de Europa y Estados Unidos es casi contrapuesta.

En el país norteamericano, a través de la ley IRA, apuestan por la “zanahoria”, y en la UE, por el “palo”, con prohibiciones a proyectos, una normativa compleja y, en general, “poniendo las cosas difíciles”, lamenta. La ley de Biden, por el contrario, considera que es predecible y establece un marco regulatorio sencillo y claro para la inversión en transición energética, en su opinión.

Imaz defiende que “en Europa, tenemos que mirar más a EE UU, porque corremos el riesgo de que nos gane también la batalla de la descarbonización. Aprendamos de los americanos, que son capaces de combinar un tejido industrial competitivo con una ambición seria en transición energética”. El CEO de Repsol destaca la presencia del grupo en EE UU, donde “analizamos oportunidades de inversión”. Ahora, tiene activadas iniciativas en renovables allí por 1.400 millones.

Para acogerse al plan IRA, los proyectos industriales tienen que estar en marcha antes del 1 de enero de 2025, luego las empresas no tienen tiempo que perder, apremian desde el sector de la siderurgia.

Sigue toda la información de Cinco Días en Facebook, Twitter y Linkedin, o en nuestra newsletter Agenda de Cinco Días

Newsletters

Inscríbete para recibir la información económica exclusiva y las noticias financieras más relevantes para ti
¡Apúntate!

Más información

Archivado En

_
_