Airbnb quiere convertir a sus 400.000 caseros en España en accionistas

Propone a la SEC suprimir la exigencia de contar con 300.000 dólares de patrimonio El cambio afectaría a 4 millones de anfitriones en todo el mundo

Turistas en el centro de MadridPablo Monge

Airbnb se prepara para un año muy importante. El objetivo fijado por la cúpula directiva es que la compañía con sede en San Francisco salga a bolsa a finales de 2019 y las primeras estimaciones de los analistas sitúan el valor de capitalización de la compañía en torno a 30.000 millones de dólares, gracias al crecimiento imparable del negocio de la plataforma, que ya cuenta con cinco millones de anuncios en todo el mundo y medio millón solo en España.

Pero la compañía no está dispuesta a que el reparto de beneficios se limite a los inversores y a los accionistas, que son actualmente los que poseen los títulos de una compañía no cotizada. “Airbnb es una compañía basada en el concepto de comunidad y no seríamos nada sin nuestros caseros. Queremos que nuestros anfitriones más leales sean accionistas, pero para ello necesitamos que las leyes cambien”, remarcó recientemente Brian Chesky, consejero delegado de Airbnb, aludiendo a la necesidad de que los caseros también puedan participar de los beneficios (plusvalías o dividendos) de ser accionistas de la compañía.

No todos los anuncios de alquiler que tiene Airbnb pertenecen a una sola persona. Los cálculos que realiza la propia plataforma establecen una media del 80% de caseros que tienen tan solo un anuncio, por lo que una primera aproximación arrojaría unos datos de 400.000 caseros en España y 4 millones en todo el mundo. Ese sería el universo potencial de nuevos accionistas de Airbnb. Unas cifras que son solo estimaciones, ya que las legislaciones en esta materia son diferentes en cada país y que la SEC puede vetar la emisión de acciones al exterior en empresas que no cotizan, como es el caso de Airbnb.

Para integrarlos dentro del capital de la compañía, lo primero que tendrá que hacer es convencer a la Comisión de Bolsa y Valores de EE UU (SEC, por sus siglas en inglés) para cambiar sus normas. Este organismo regulador es muy restrictivo a la hora de autorizar inversiones de pequeños accionistas en compañías que no cotizan por los elevados riesgos que pueden conllevar. Para evitarlos, fija un mínimo de 300.000 dólares de patrimonio para compensar el riesgo adicional, lo que prácticamente deja fuera a la gran mayoría de esos pequeños accionistas.

La estrategia de Airbnb pasa por convencer a la SEC para que modifique el artículo 701 de la Ley de Títulos y Valores de EE UU, con el fin de agregar a los participantes de la economía colaborativa (los caseros) dentro de aquellos colectivos que pueden ser accionistas en empresas no cotizadas. De hecho fue el mismo organismo regulador el que arrancó el pasado 18 de julio una consulta pública sobre la idea de cambiar el citado artículo, a la que le siguió una carta de Airbnb, fechada el pasado 21 de septiembre, en la que instaba al citado organismo a realizar esos cambios.

Si supera los 2.000 accionistas particulares estará obligada
a informar como si fuera una empresa cotizada

Pero si finalmente Airbnb convence a la SEC, algo que no parece fácil por el celo del organismo para proteger al pequeño inversor, también se le impondrían a los caseros y a la propia compañía nuevas obligaciones, de las cuales algunas que chocan frontalmente con la filosofía de la compañía. Una vez que los caseros pasen a ser accionistas tendrán que tributar por los títulos que posean, mientras que la compañía, una vez que supere los 2.000 accionistas individuales (sin incluir empleados) estaría sujeta por las leyes norteamericanas a unos requisitos de información similares a los de una empresa cotizada.

Una línea roja que ya ha puesto Airbnb en sus negociaciones con otras administraciones, como la española. Hacienda se ha quejado con frecuencia de la opacidad fiscal de este tipo de plataformas, ya que no comparten información con la administración tributaria, lo que consideran que es una vía de fraude muy importante para un gran número de personas que alquilan sus casas a turistas y no declaran las rentas que obtienen. De hecho fue el ;inisterio de Hacienda el que elaboró un decreto a finales de 2016 para obligar a las plataformas, y en especial a Airbnb, a aportar los datos de sus clientes. Airbnb se negó al considerar que es un mero intermediador y que no puede ceder esos datos. Posteriormente Hacienda endureció la norma y a través de un reglamento estableció un calendario trimestral de presentación de datos que arrancará en los tres primeros meses de 2019. Ahora, el nuevo ejecutivo socialista va más allá y prepara un impuesto que le obligará a pagar el 3% de las transacciones realizadas entre caseros y huéspedes.

Experiencias para particulares y espacios para empresas

Visitas o cenas. Airbnb no quiere ceñirse exclusivamente a su papel de intermediador entre propietarios y demandantes de vivienda. Y buena prueba de ello es la puesta en marcha en 2017 en España de la división denominada Trips, tras la adquisición de la startup Trip4Real. Esta página web ofrecía experiencias de clientes particulares para turistas, que podían ir desde una visita guiada, una cena o una cata de vinos en un domicilio, un curso de fotografía o un vuelo en parapente. Este modelo se ha trasladado a Airbnb, siempre con la condición de que el servicio sea ofrecido por un particular para otro particular.

Locales. En paralelo a la división de viajes, la plataforma ha creado Airbnb for Work con el objetivo de desarrollar el negocio en tres áreas clave: teambuilding, offsites y relocalizaciones. Las casas de los anfitriones de la plataforma podrían servir para las reuniones o encuentros organizados por las compañías con el fin de hacer equipo y reforzar la integración de los empleados. También se podrían utilizar, siempre y cuando cuadraran las medidas, para organizar eventos. El tercer eje de esa estrategia se centraría en lo que la compañía llama relocalizaciones, que serían la reubicación de empleados desplazados a otras ciudades que busquen “un sentido de pertenencia a la comunidad”.